El actual alcalde de Chinchón (Madrid) no salía de su asombro. El hombre leyó en los periódicos que la trama Púnica había hecho negocios con 11 ayuntamientos del sur de Madrid y, ni corto ni perezoso, se fue directo a los archivos municipales.
Allí encontró la carpeta de un concurso adjudicado por el Consistorio en 2013, en la etapa de la anterior alcaldesa, a una empresa de la trama. Pidió al teniente de alcalde y a un policía que se personaran en su despacho, no fuera a salir de allí un problema judicial para él, y procedió a abrir la carpeta.
Aparecieron las condiciones de contratación, y tres sobres. El único que estaba abierto era el de la firma de la trama, que se llevaba el concurso. Los otros dos sobres, los de las otras dos ofertas, se mantenían perfectamente cerrados, ni siquiera habían sido abiertos por la mesa de contratación. Para qué. Total, el contrato estaba amañado y ninguna de las otras dos empresas se lo iban a llevar. Púnica, en fin, ni siquiera abría los sobres que no formaban parte de la trama. El alcalde llamó a la Guardia Civil.
Evidencias del engaño
El detalle, otra de las perlas de la instrucción de Púnica, emerge ahora del oceánico sumario de la causa, tan voluminoso que hace tiempo provoca reparos en no pocos abogados personados y bostezos en la audiencia mediática.
De remate, la peripecia alumbra otro esperpento. Hurgando en los backups de los correos electrónicos de los funcionarios que intervinieron en la adjudicación, aparece un correo enviado al Ayuntamiento por una de las otras dos empresas que concurrieron al concurso. Un responsable de la firma le dice directamente al funcionario: «Esto es de un tema […] que tenemos que presentar en Chinchón para hacer le paripé». Es decir, presuntamente, la propia firma participaba en la puja sabiendo que su papel era el de mera comparsa, y que otra firma, la elegida, era la que se lo iba a llevar. Ese era el «paripé»: empresas que oficiaban de figurantes para que el engaño pareciera legal.
La alcaldesa de Chinchón durante aquellos años, hasta 2014, era Luisa María Fernández (PP), y la empresa adjudicataria del contrato de 2013 fue Waiter Music, la firma de José Luis Huerta, el organizador de mítines de Esperanza Aguirre y el propio Francisco Granados que ya ha admitido ante el juez, entre otras cosas, que cobró en b del PP madrileño y que conseguir cobrarle actos y festejos a la trama era un verdadero calvario.
La firma que envió un correo al Ayuntamiento evidenciando el «paripé», siempre según el atestado levantado por la Guardia Civil a petición del actual alcalde, Francisco Javier Martínez, era Friends Group S.L. Según la investigación, Chinchón le habría adjudicado a firmas de la trama Púnica contratos por valor de un millón de euros entre 2007 y 2014, durante los cuales la alcaldesa de la localidad fue Luisa María Fernández.
El actual alcalde de Chinchón sostiene además en el atestado que prácticamente todas esas adjudicaciones lo fueron sin publicidad pese a superar los 60.000 euros, y que varias de ellas se realizaron sin el preceptivo informe de la Intervención.