El Congreso ha respaldado este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo que se convierta en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. La propuesta socialista será respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. El PP no la apoya: “Nos quedaremos solos, pero no nos importa”, ha justificado la portavoz popular Pilar Cortés en el debate. Los mayores de edad con una enfermedad grave e incurable y los discapacitados graves crónicos podrán recibir ayuda del sistema público para morir cuando la iniciativa supere los trámites parlamentarios habituales, con su discusión en comisión y la incorporación de enmiendas correspondientes.
Con mucha voluntad política, la ley podría entrar en vigor antes de acabar la legislatura, pero el PP no comparte este entusiasmo, como ha constatado el debate, y Ciudadanos alberga muchas reticencias. Estas reservas ya afloraron el pasado 10 de mayo en la Cámara cuando el Congreso admitió a trámite una iniciativa proveniente del Parlament de Cataluña para modificar el Código Penal y exonerar de responsabilidad a quienes asistan al suicidio del enfermo terminal que lo haya solicitado libremente. El Código Penal castiga en su articulo 143 la cooperación necesaria para el suicidio y la eutanasia se considera homicidio.Ciudadanos, que ha cambiado a última hora la abstención por el voto afirmativo, prefiere su propio proyecto, que se está debatiendo en ponencia, una ley de dignidad al final de la vida, una norma básica sobre los derechos a la información anticipada, al testamento vital en el momento del diagnóstico, a decidir el tratamiento y a los cuidados paliativos, a la sedación y a la intimidad.
La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido que su partido ha optado por el modelo más garantista de los vigentes en países como Holanda, Bélgica o Luxemburgo, y ha empleado mucho tiempo de trabajo para lograr un texto legislativo capaz de concitar el apoyo de todos los políticos, pero también de profesionales de la sanidad y la sociedad. El proyecto, realizado en contacto con asociaciones, sanitarios y expertos, incluye marco jurídico y sanitario de garantías y la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en el propio domicilio o en hospitales públicos y privados. Para ello, será necesario despenalizar la eutanasia en el Código Penal. Lastra ha instado a los partidos a apoyar la iniciativa: “Regulemos la última libertad, el último derecho”.
Én lo público y lo privado
Con la iniciativa del PSOE, que es de aplicación en el ámbito público y privado, el paciente podrá lograr el suministro de una sustancia que ponga fin a su vida si se cumplen los supuestos de discapacidad grave crónica o enfermedad grave e incurable. Pero será necesaria la concurrencia de dos médicos que valoraran el caso: el que lo atiende habitualmente y otro externo que avale que las condiciones de sufrimiento insoportable para el paciente. La última palabra la tendrá el paciente.
Según la proposición, los solicitantes deben tener nacionalidad española (o residencia legal en España) y disponer de la información que exista sobre su proceso, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Deberán haber formulado la solicitud de manera voluntaria por escrito y firmarla en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. Habrá un periodo de 17 días para que la petición sea analizada por otro médico y finalmente se pondrá en conocimiento de la Comisión de Evaluación y Control. El proceso no puede durar menos de 32 días.
La portavoz del PP, Pilar Cortés, ha considerado que este martes “es un día triste”. “Hablar de eutanasia es hablar de fracaso; reconocer una derrota política, profesional, médica”, ha argumentado. Cortés ha calificado de “fracaso de la sociedad” que la política no sepa “ofrecer otra solución que morir”. Y ha alertado de que la norma de los socialistas “con el paso del tiempo va a convertir la excepcionalidad en habitualidad”. Es decir, “la eutanasia ganará terreno a los paliativos” y será percibida como “una solución más barata”. En ese sentido, ha apuntado que en Holanda se producen mil casos al año de eutanasias involuntarias.
Ciudadanos, que ha virado en último momento y que tiene la Ley de Dignidad al Final de la Vida en su trámite final, ha insistido en que su iniciativa “es mejor y más amplia”. “Aun así, votaremos a favor”, ha señalado su portavoz, Francisco Igea, quien ha criticado varios aspectos de la iniciativa socialista sobre los que tratarán de incidir cuando se discuta en comisión.
Tanto Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís como Bildu, han brindado su apoyo a la iniciativa en términos amplios, aunque manifestando su intención de influir en ella durante el trámite para limar algunas discrepancias y despejar dudas. El grupo confederal ha querido reconocer en el texto socialista buena parte de una proposición suya que no prosperó en la Cámara y ha defendido que el principio rector de la ley debe ser la libertad. Por su parte, ERC ha instado a «ampliar al máximo posible su aprobación en el trabajo parlamentario» para que acabe siendo «una ley con una amplia mayoría».
El PNV, a través de Joseba Agirrretxea, ha juzgado «oportuno y necesario» abordar la regulación de la eutanasia con «férreos anclajes» sanitarios, jurídicos de libertad y responsabilidad. Agirretxea ha considerado «frívolo» que se insinúe que quienes apoyan esta iniciativa se sitúen en «las antípodas de la lucha por la vida»: «¡Qué bello es querer vivir y poder hacerlo, y qué malo querer vivir y no poder hacerlo, pero lo más grave es querer morir por no poder vivir y no poder hacerlo!», ha sentenciado. La asociación Derecho a Morir Dignamente había solicitado a todos los grupos parlamentarios que apoyaran la toma en consideración de la proposición.
La proposición del PSOE también prevé que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tengan el derecho de ejercer la objeción de conciencia. La negativa a realizar la prestación por razones de conciencia deberá manifestarse anticipadamente y por escrito y se creará un registro con la información necesaria para que la Administración sanitaria pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación.
CLAVES DE LA INICIATIVA
La eutanasia. Un equipo médico administra fármacos a una persona que está en estado de sufrimiento grave y sin retorno para quitarle la vida. Lo permiten Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y partes de EE UU.
Legislación actual. El Código Penal castiga en su articulo 143 la cooperación necesaria para el suicidio. La eutanasia se considera homicidio.
Los supuestos. Podrán beneficiarse de la ley las personas que padezcan “una enfermedad grave e incurable” o una “discapacidad grave crónica” si no se espera que su situación mejore y les causa gran sufrimiento físico o psíquico. Es, por tanto, un planteamiento más abierto que el de leyes como la holandesa y la belga, y podría haberse aplicado en casos como el de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se suicidó en 1998 porque no soportaba su situación de dependencia absoluta, aunque no estaba terminal.
Suicidio asistido. La proposición incorpora también la regulación del suicidio médicamente asistido. Es decir, el profesional facilitará al paciente la sustancia con la que quitarse la vida, pero será este el que la ingerirá por sus medios. Ahora esa cooperación necesaria con el suicidio está castigada en el Código Penal.
Plazos. Las solicitudes deberán hacerse dos veces con 15 días de diferencia. Con ello se da un plazo para que el afectado medite su decisión.
Objeción de conciencia. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. La negativa a realizar la prestación por razones de conciencia deberá manifestarse anticipadamente y por escrito y las Administraciones sanitarias autonómicas crearán un registro con la información necesaria para que la Administración Sanitaria pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación.