DECLARACIÓN DE LAS 19 PERSOAS DENUNCIADAS POR LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO Y LA FAMILIA DEL DICTADOR

Comparte este artículo:
DECLARACIÓN DE LAS 19 PERSOAS DENUNCIADAS POR LA

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO Y LA FAMILIA DEL DICTADOR

El pasado 30 de agosto de 2017 un grupo de personas, gallegas y gallegos demócratas,

militantes nacionalistas, sindicalistas, activistas sociales, culturales, de la recuperación

de la memoria histórica.. realizamos una acción pacífica y simbólica, consistente en

desplegar dos pancartas en el pazo de Meirás, con el objetivo de reclamar la

intervención de los poderes públicos para recuperar un patrimonio que creemos que

debe ser del pueblo gallego, de todas las gallegas y gallegos. Consideramos que era

preciso tomar la iniciativa para instar a las instituciones públicas que realmente tienen

capacidad para hacerlo, a abandonar la pasividad y a actuar para rescatar el pazo y todo

el patrimonio expoliado por el dictador Francisco Franco.

Fue, como decimos una acción pacífica, realizada en un día de visita pública, en el que

el deber de los detentadores del pazo era tenerlo abierto al público como corresponde

a un patrimonio declarado como Bien de Interés Cultural. La acción duró

aproximadamente 2 horas y todas las personas que participamos en ella abandonamos

el edificio y el recinto del pazo en presencia de agentes de la Guardia Civil de la misma

manera pacífica, sin ningún tipo de incidente ni de daño al patrimonio.

Creemos que el motivo de nuestra acción es compartido por una inmensa mayoría de

la sociedad gallega, que considera injusto que se mantenga este patrimonio (como

también la Casa de Cornide y las estatuas de Abrahan e Isaac del Pórtico da Gloria) en

manos de una familia, la del dictador Francisco Franco, que accedió al mismo de

manera ilegítima, amparándose en el uso y abuso del poder (también asumido de

manera ilícita, por medio de un golpe de estado) y en el terror contra la población en

que se sustentó el ejercicio del poder en aquellos años. En esos días, fueron muchas las

personas y colectivos que se dirigieron a nosotros y nosotras para apoyarnos y

felicitarnos por una acción que vieron con simpatía y entendieron oportuna y necesaria.

De facto esta ocupación simbólica de Meirás, que tuvo repercusión internacional,

reactivó el debate social y político sobre la recuperación del pazo y obligó a las

instituciones públicas a manifestarse y a actuar más decididamente o comenzar a

hacerlo, según los casos. Es notorio que incluso el Partido Popular, que nunca había

manifestado ningún interés por el patrimonio expoliado por los Franco, tuvo que

asumir -por lo menos formalmente- en el Parlamento de Galiza el objetivo de recuperar

Meirás para el pueblo gallego.

Así pues, todas las personas que participamos en esa acción nos sentimos

legítimamente orgullosas de haber asumido una iniciativa que cumplió plenamente el

objetivo de reforzar la demanda social de rescatar para el patrimonio público, de todas

y de todos, los bienes expoliados por los Franco.

Pues bien, hemos conocido, a partir de una notificación judicial del Juzgado de

Betanzos, que 19 personas hemos sido denunciadas por la Fundación Nacional

Francisco Franco, Carmen Franco Polo y José Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, nieto

del dictador. Los delitos de los que nos acusan son los de VIOLACIÓN DE MORADA,

con el agravante de violencia o intimidación, que según el Código Penal español está

penado con prisión de 1 a 4 años; DELITO CONTRA El HONOR con publicidad,

penado con 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses; DAÑOS, en la modalidad

agravada, penado con prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses; y DELITO DE

ODIO, penado con prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses.

Reparemos en que los delitos de los que somos acusados por una Fundación que realiza

apología del fascismo y por la hija y nieto del dictador suman, como mínimo, 3 años y

6 meses y podrían llegar hasta los 13 años de prisión para cada una de las personas

denunciadas, además de multa en una cantidad indeterminada. Estamos hablando que,

para todos y todas nosotras, podríamos sumar hasta 247 años de prisión y sobre

medio millón de euros de multa.

Lógicamente, esperamos que esto no sea así. Consideramos que una actuación como

esta es una verdadera barbaridad desde el punto de vista tanto político como jurídico.

Políticamente resulta absolutamente lacerante -y sorprendente para cualquier persona

simplemente demócrata que viva en otras latitudes diferentes de las del Estado españolque

los bienes expoliados por el dictador continúen en manos de su familia y no

hubieran pasado al patrimonio público al final de la dictadura. Es una cuestión que va

más allá del valor real, incluso patrimonial, de esos bienes, para alcanzar

simbólicamente una dimensión política excepcional.

Consideramos que la continuidad de esas propiedades en la familia Franco simboliza

magníficamente la continuidad de las estructuras de poder real de la dictadura -ora en

el ámbito económico, en el judicial, en el mediático e incluso en muchos aspectos en

el político- que fueron heredadas por el régimen de 78 aún en vigor y que han producido

una democracia de muy baja calidad que hace que, 40 años después, en el Estado

español se continúe persiguiendo la libertad de expresión y encarcelando personas por

sus opiniones y por sus ideas políticas.

Pero es especialmente lacerante para las víctimas del franquismo, aún no restituidas en

su dignidad individual y colectiva por el Estado. Recordemos que estamos hablando

de una actuación criminal, de un golpe de estado que provocó miles de muertos en

Galiza, una guerra de tres años y una dictadura brutal que cercenó la libertad y los

derechos en el Estado español durante 40 años. Rescatar el Pazo de Meirás, la Casa de

Cornide y las estatuas del Pórtico da Gloria es, en esa medida, una imprescindible

exigencia democrática y una manera de hacer justicia a las víctimas directas del expolio

y a la totalidad de víctimas del franquismo. Es, por tanto, también una magnífica forma

de restituir la memoria democrática y la dignidad colectiva.

Pero, como decíamos, también consideramos la acusación una barbaridad desde el

punto de vista jurídico. Queremos remarcar algunas cuestiones bastante evidentes.

Primero, la acción simbólica fue llevada a cabo en un día previsto como de visita, por

lo que difícilmente podrá considerarse violación de morada entrar en un edificio que

ese día está abierto al público. No hubo, además, ningún tipo de violencia, como quedó

constatado incluso por los medios de comunicación allí presentes. Fue, insistimos una

acción pacífica y simbólica.

Segundo, durante el transcurso de la acción no se produjo ningún daño. Una parte del

grupo desplegó una pancarta en el exterior del edificio mientras otra nos limitamos a

subir directamente a la torre para desplegar una segunda pancarta y bajamos de allí

escoltados por agentes de la Guardia Civil hasta el exterior del recinto.

Tercero, resulta como mínimo irónico que una Fundación que se dedica a realizar

apología del fascismo y de la dictadura (para más vergüenza democrática, con dinero

público atribuido por el Gobierno español) y que en los días previos a la acción

manifestó públicamente que su objetivo con las visitas era 'exaltar' la figura del

dictador, acuse a personas demócratas de un delito de odio o de atentado contra el honor.

Consideramos que políticamente esto no merece más comentario.

Así pues, entendemos que las acusaciones hechas carecen de fundamento y esperamos

que finalmente la acción realizada sea considerada cómo lo que realmente fue: un acto

pacífico y democrático para expresar y defender una posición que sabemos compartida

por todas las personas demócratas de este país. Un acto, en definitiva, que debe ser

entendido dentro del ejercicio democrático de la libertad de expresión.

Con todo, consideramos preocupante que una fundación que, por sus objetivos de

realizar apología del fascismo y de la dictadura no debería existir -que no podría existir

legalmente en ninguno otro Estado europeo- y la familia del dictador que se aprovecha

y beneficia del botín de guerra, realicen acusaciones tan graves e infundadas.

Para nosotros y nosotras está claro que esto solo se puede entender en el contexto

político y judicial en el que hemos estado viviendo en estos años, en los que la élite

política y económica se sabe amparada y protegida por una administración de justicia

que no fue democratizada en el fin de la dictadura y que ha tenido plena libertad para

reproducirse en las mismas claves ideológicas. Muchas decisiones judiciales y

sentencias que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, claramente contra la

libertad de expresión y de opinión, han ido certificando que la justicia en el Estado

español ni es 'igual para todos' -como siempre predican- ni es independiente, y que

cuando es necesario actúa al dictado de los intereses del régimen.

Nuestro compromiso político con este País -el mismo que nos ha llevado a la acción

simbólica de Meirás- nos lleva a denunciar esta situación y a trabajar para cambiarla.

Como nacionalistas sabemos que la única manera de aspirar en Galiza a una sociedad

realmente democrática y a una justicia independiente y justa es por medio de una

ruptura democrática con el régimen español del 78 y de un proceso constituyente en

nuestro País que permita construir una nación soberana, justa, igualitaria y libre. Pero

también creemos que es posible ir actuando en el presente inmediato para comenzar a

cambiar las cosas en sentido positivo y democratizador.

Es por eso que aprovechamos esta comparecencia para exigir del gobierno español la

inmediata derogación de la legislación que coarta derechos y libertades públicas tales

como la libertad de expresión, de opinión y de manifestación -particularmente la Ley

de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza-; que sean liberadas todas las personas

injustamente encausadas, condenadas o encarceladas por motivos políticos y que se

ponga fin a la represión de la discrepancia y de la disidencia. Aún sabiendo que eso no

es suficiente, creemos que es lo mínimo que debe hacerse por higiene democrática.

Por último, queremos reiterar nuestro orgullo por haber contribuido con esta acción a

reactivar socialmente la demanda de devolución del Pazo y a colocarla en la agenda

política en estos meses. Pero también nuestro compromiso con una lucha que continúa

siendo justa y necesaria y que solo finalizará cuándo todo el patrimonio expoliado sea

rescatado para el conjunto del pueblo gallego. Los eslóganes que ese día desplegamos

en Meirás siguen teniendo plena vigencia: “O pazo é do pobo galego”. “Que nos

devolvan o roubado”. Franquismo, Nunca Máis!”

Del mismo modo, queremos solicitar el apoyo de todas las personas, colectivos e

instituciones que, como nosotros y nosotras, consideren esta acusación injusta e

inadmisible. Ya no como muestra de solidaridad a las 19 personas acusadas, sino como

un acto necesario en defensa de la democracia. Sabemos que en esta cuestión cualquier

persona simplemente demócrata se siente interpelada, pues no es normal que en el año

2018 se tenga que continuar a ser anti-franquista. Está claro que la acción judicial que

tendremos que enfrentar y su resultado dirá mucho de la salud democrática de este País.

Nosotros y nosotras esperamos que, frente al franquismo nominal y sociológico que se

halla detrás de la denuncia, acabe triunfando la justicia y la democracia.
Comparte este artículo: