Las reuniones secretas de Horrach y el juez Castro: “En Madrid no me autorizan cárcel para Urdangarin”

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La guerra abierta entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, amigos inseparables durante los primeros años de investigación, ha quebrado para siempre el pacto de silencio entre ambos y ha permitido que afloren reuniones y conversaciones hasta ahora inéditas. Estos episodios siempre tienen como telón de fondo la presencia latente de una operación institucional al más alto nivel para preservar a la Corona del mayor escándalo que ha tenido que afrontar a lo largo de su historia reciente. Cuestionando con su contenido la independencia judicial en el primer caso por corrupción que afecta a la hija de un Rey y a su yerno.

La primera vez que entre Castro y Horrach irrumpió la presencia de una injerencia superior en sus pesquisas tuvo lugar cuando en febrero de 2012 Iñaki Urdangarin descendió por primera vez la rampa de los juzgados de Vía Alemania en Palma para declarar como imputado en un frío fin de semana que resultó interminable. Al término de la comparecencia del entonces duque de Palma, el instructor se acercó al fiscal Pedro Horrach y le trasladó con una pregunta directa su firme voluntad de dar un paso más a la vista de las continuas evasivas con las que les había despachado durante dos días el marido de la Infanta Cristina. “Pedro, ¿vas a pedir medidas cautelares?”, le espetó el ya ex titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. “No, porque no me han autorizado en Madrid“, le respondió abiertamente, en el marco de la confianza mutua que presidía su relación.

Hasta ese momento no habían recibido ninguna presión e instrucción concreta desde “Madrid”, ni el uno ni el otro. Para su sorpresa habían procedido a imputar al yerno del Rey con una facilidad que nunca hubieran imaginado y con la única presión del hormigueo provocado por el temor a equivocarse.

Castro estaba decidido, no a decretar un ingreso en prisión de Urdangarin, pero sí a una medida cautelar más leve como la retirada del pasaporte o la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Y nunca se sabrá cómo habría respondido ante una petición de cárcel eludible con fianza, que no hubiera sido desproporcionada en un asunto en el que se dirimía la apropiación de seis millones de euros públicos. Castro entendió que el Ministerio Público es un organismo jerarquizado, agradeció el gesto y se fueron a tomar copas a un bar situado a escasos metros de los juzgados, el Barito, donde el juez le reveló al fiscal su hoja de ruta.

“Pedro, ahora llamamos a la Infanta”, le espetó. “Sí, venga, estás de broma”, le replicó Horrach sin ser consciente de que precisamente la citación de Cristina de Borbón haría saltar por los aires su relación poco después. Castro le confirmó, ya a la luz del día y tiempo después, en el Club Náutico del Molinar, junto a su casa, que estaba decidido a imputar a Cristina de Borbón y se topó con la abrupta negativa de Horrach. Con el precedente de la declaración de Urdangarin siempre sospechó que su reticencia se debió a una orden jerárquica y le extrañó que, al igual que hizo la primera vez, no se lo confesara abiertamente. “La decisión es mía y las hostias me las llevo yo”, se limitó a exponer el fiscal. Pese a la incipiente desconfianza, Castro redactó el auto de imputación y le facilitó el borrador a Horrach para que elaborara con tiempo su recurso o le trasladara lo que iba a ocurrir a sus superiores. Tanto tiempo como un mes. Pero llegó la guerra, Castro denunció que Hacienda estaba maniobrando a favor de la Infanta, y surgieron los recursos incendiarios y las descalificaciones, saltando por los aires cualquier vínculo profesional y personal entre ambos. Se impuso un muro de silencio inquebrantable en la pareja. Hasta que el fiscal, el mismo día que Castro dictó el segundo auto de imputación a la Infanta le mandó un mensaje al instructor a su móvil en son de paz: “Pepe, enhorabuena, te lo has ganado. Quien da, tiene que estar dispuesto a recibir. Podríamos vernos”. Y se vieron ese mismo siete de enero de 2014.

Quedaron en la sede de la Fiscalía y cuando Castro se dirigía hacia la cita y enfilaba el edificio del Ministerio Público, se encontró de bruces con el fiscal Juan Carrau, al que le dijo que iba a verse con Horrach. “Ni se te ocurra porque está lleno de periodistas”, le disuadió.

Castro llamó inmediatamente a Horrach y se citaron en una sala de fiscales de la Audiencia de Palma, un lugar alejado del circuito habitual. Cuando llegó el juez, el fiscal ya estaba allí sentado esperándole.

“Los recursos ni se ganan ni se pierden, nadie puede estar seguro de ganar”, comenzó diciendo Horrach para romper el hielo. A partir de ahí, siempre según ha podido acreditar EL MUNDO a través del entorno del magistrado, el fiscal le propuso abiertamente que tomara declaración a la Infanta y la desimputara al día siguiente. “A cambio, no recurriremos”, añadió.

“¿Cómo que no recurriremos? ¿Por qué hablas en plural?”, respondió Castro. “¿Cómo sabes tú que no va a recurrir el abogado de la Infanta, Miguel Roca?”, le inquirió sorprendido. “Porque tengo su correo electrónico y le mando un mensaje ahora mismo”, le dijo Horrach, que no ha querido revelar el contenido de esta cita a preguntas de este periódico. “Mira Pedro, no te puedo garantizar ningún resultado, sólo buenas intenciones. Si la Infanta me convence, la desimputaré y si no me convence, seguiré hasta llegar a otro escalón”, zanjó Castro que confesó a sus más íntimos lo sucedido.

“Se creen que soy un tonto que se conforma con tomar declaración a la Infanta y que con eso ya me quedo contento. Ellos sí que tienen las cartas marcadas”. Y hasta hoy.

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