Los familiares del ‘Caso Alsasua’ denuncian el “montaje político, judicial y mediático”

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La expectación era grande en Valladolid ante la visita de los familiares de dos de las víctimas del conocido como ‘Caso Alsasua’, sumándose a la indignación ante el veto a celebrar la charla en la Facultad de Derecho que ha hecho que se celebre en una abarrotada Casa de las Palabras. En el acto organizado por la Plataforma por las libertades de Valladolid, tras una presentación jurídica por parte del abogado Jose Alberto Blanco, los familiares han expuesto los hechos más allá de la versión oficial, asegurando que es un “montaje político, judicial y mediático”.

Los familiares de los condenados por el ‘Caso Alsasua’ han accedido a la sala entre los aplausos del público, mostrando así su apoyo antes incluso de arrancar el acto en una Casa de las Palabras que ha albergado un lleno absoluto, con todas las sillas repletas, así como las escaleras de acceso, el pasillos lateral y la parte trasera de la sala. Carmen López, abogada, ha ejercido de moderadora, subrayando que el objetivo del acto era que “las personas afectadas nos puedan dar su versión para ampliar la visión de un asunto que está enfocado solo desde una de las partes”. Ha relatado el veto impuesto por la Universidad de Valladolid, ya que el colectivo estudiantil EDUP, como colaboradores de la Plataforma, había recibido la aceptación de la solicitud de la sala en la Facultad de Derecho, hasta que “otros grupos presionaron al decano y se echó atrás la concesión”, citando en concentro al partido ultraderechista VOX.

El abogado Jose Alberto Blanco ha intervenido haciendo una exposición centrada en los aspectos jurídicos del ‘Caso Alsasua’ y los tipos penales aplicados, que son atentado, lesiones, desordenes públicos y amenazas, destacando “lo injusto de estas condenas”, aunque finalmente no se les ha condenado por terrorismo porque “no había nada”. “Tenía que haber sido enjuiciado por un juzgado de lo penal de Pamplona, pero han aplicado el articulo 573 del Código Penal para llevarlo a la Audiencia Nacional”, ha explicado Blanco, denunciando que “se ha creado un delito de terrorismo en el que cabe todo”.

Según su detallada y argumentada exposición, “se están aplicando tipos de delito que son inaplicables” y en todos los casos se les ha condenado al máximo de años, aun siendo “chicos jóvenes sin antecedentes que solo han tenido este incidente con un sargento y un teniente de la Guardia Civil”, para lo que “se buscan agravantes, como abuso de superioridad o discriminación por odio”. Destaca el caso de una joven que, aun sin intervenir, la condenan por un delito de amenazas y otro de desordenes públicos a un total de 2 años de prisión. El resto, por atentado a agentes de la autoridad y lesiones, oscilan entre los 9 y los 13 años. Entre ellos un joven que, al salir de su trabajo en otro bar, se encontró la trifulca, lo grabó con el móvil y ha acabado condenado a 10 años bajo la misma acusación.

Blanco ha cargado contra un Código Penal que “no hay por donde cogerlo”, asegurando que “necesitamos un código para convivir no para destruir a las personas”. Ha tildado a la Audiencia Nacional de “heredera del Tribunal de Orden Público” franquista, compuesto por “jueces que han mirado para otro lado cuando en este país ha habido torturas”. “¿Por qué empujar a un policía es atentado?”, se preguntó Blanco, asegurando que es incompatible con la Constitución: “Las fuerzas de orden publico no pueden tener ningún tipo de beneficio penal”, concluyó.

Carmen López, Igone Goicoetxea y Antxón Ramírez antes de comenzar la charla FOTO: ÚC
Carmen López, Igone Goicoetxea y Antxón Ramírez antes de comenzar la charla FOTO: ÚC

Desde Alsasua han asistido Igone Goicoetxea y Epi Unamuno, padres de Jokin, y Antxón Ramírez, padre de Adur, ambos condenados a 12 años de prisión. Igone ha dado las gracias “desde el corazón” en su nombre y el resto de familias por la solidaridad recibida en estos 18 meses. Ha relatado los hechos ocurridos la noche del 15 de octubre de 2016 durante las ferias de Alsasua, un pueblo navarro de unos 7.000 habitantes, fechas en las que todo el mundo está en la calle. Según explicó, a eso de las 5 de la mañana “los chavales iban como iban, pero creo que todo el mundo, incluidos los Guardias Civiles”, que en ese momento estaban fuera de servicio, hasta que “en algún momento algo saltó y si es verdad que alguna pelea hubo”, donde se produjo una rotura de tobillo y una herida de dos puntos, “todo lo demás son lesiones morales”.

Contó cómo a partir de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco , COVITE, puso una denuncia ante la Audiencia Nacional por terrorismo y fue aceptada “empezó nuestro calvario”. Previamente, según relató Igone, el informe de la Policía Foral e inicialmente también el de la Guardia Civil decían que “en todo caso había delito de odio”. “Los guardias civiles se negaron a declarar delante de los forales y ahí se empieza a manejar un texto que no tiene nada que ver”, tratando así de sustentar la acusación de terrorismo, como explicó Igone.

Relató cómo el 14 de noviembre los efectivos policiales “toman el pueblo” y “les cogieron a cada uno en su centro de trabajo, de estudios, les siguieron a todos los sitios” ya que no disponían de orden para acceder a las casas. Igone recordó que cuando la jueza Lamela empezó su instrucción, los sacó de prisión el 20 diciembre sin ningún tipo de fianza aunque “se supone que eran terroristas”. Ante el conflicto entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que aseguraba que “no había ningún indicio de terrorismo”, el Supremo dio la razón a la Audiencia y a los seis meses les dispersaron, uno en Extremera, otro en Aranjuez y el tercero en Navalcarnero, en régimen FIES, mientras otros dos menores estaban en Soto del Real.

“En el juicio se desmontó absolutamente todo”, asegura Igone, denunciando como en el proceso tanto los testigos, como las víctimas y los informes son de la Guardia Civil, “todo lo tenían copado”, lista en la que incluye a la jueza como “hija de Guardia Civil”. Tras la sentencia del 2 de junio, “este lunes se llenó de secretas y el martes les cogieron a los cuatro que llevaban desde el principio en libertad”, que permanecen en Soto del Real “con una sentencia que no es ni firme”.

Antxón Ramírez se ha mostrado “encantado” de recorrer la península para “informar de lo que allí ocurrió”. “Son jóvenes que les han partido su vida”, anunciando que hoy mismo se les ha retirado el régimen FIES “aunque siguen estando lejos de casa”. Asegura que “el montaje que han creado ha sobrepasado todo lo imaginable”. Entre los apoyos obtenidos en este tiempo, ha destacado la totalidad de su Ayuntamiento, excepto un concejal, el Parlamento de Navarra, y todos los grupos del congreso “menos la derecha y el PSOE”. Incluso en Europa, con 5 grupos de 12 estados distintos, así como la propia Comisión Europea o entidades como Amnistía Internacional, que hizo de observador en el juicio.

“Es un ejemplo de un Estado donde hay una institución político-jurídica que viene de antes”, asegurando que hay “objetivos políticos” que pretenden “que la juventud no se mueva”: “¿Cómo hemos llegado a esto?”, se pregunta. Describe Alsasua como un pueblo euskaldun, con gobiernos abertzales, en el que cuentan con un cuartel de la Policía Foral de Navarra y otro de la Guardia Civil, denunciando la “presencia atosigante” de estos últimos con controles continuos donde “la juventud siempre esta en el punto de mira”. Esto ha generado un movimiento popular de rechazo bajo el lema “Que se vayan de aquí”, que celebra anualmente un acto de reivindicación y de fiesta “legal y autorizado”. “Pensamos que han aprovechado este suceso para vengarse”, asegura Antxón, recordando que, tras esta condena, aun caben recursos hasta llegar incluso a Estrasburgo, aunque “el castigo ya está ahí”.

“Lo único que podíamos hacer es socializar y visibilizar este caso”, asegura Igone relatando que desde el primer momento todas las familias de los acusados se unieron. Critica también el papel de los medios de comunicación: “A la prensa nadie les quiere decir nada”, ya que “fueron con cámaras ocultas y luego empezaron a salir en todas las televisiones”. “La presunción de inocencia no existe”, asegura señalando que reprodujeron “el mismo corta y pega, la misma literatura de una pelea en un bar”, siendo en su opinión un “montaje político, judicial y también mediático”.

Anuncian una nueva manifestación en Iruña mostrando su rechazo a la sentencia, tras la movilización histórica del pasado 14 de abril contra la acusación de terrorismo, para el próximo 16 de junio a las 5 de la tarde, para la que ya están recibiendo apoyos y organizándose autobuses para que sea de nuevo masiva. Agradeció tanto estas como el resto de formas de apoyo y muestras de solidaridad, ya que “esto es lo que nos da ánimo y después de 18 meses la verdad es que necesitamos mucho”, concluyó Igone.


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