Los acusados en el caso Preguntar No Es Delito, para los que se pidieron 42 años de cárcel por supuestos delitos de coacción, daños, injurias o amenazas, denuncian la persecución que han sufrido hasta obtener la absolución
Marcos Martínez, Silvia Angulo, Guillermo Díaz, Raquel Cifrán, Mario Pardo y Diego San Gabriel pueden respirar tranquilos por fin. Cuatro años después de la protesta que protagonizaron en la Universidad de Cantabria en defensa de la educación pública durante un acto del entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP), estos jóvenes pueden seguir adelante y continuar con sus vidas sin la losa de un proceso judicial que pudo llevarles incluso a la cárcel.
Ha pasado mucho tiempo desde aquel 17 de febrero de 2014. Un evento estudiantil convocado bajo el formato de ‘Tengo una pregunta para usted’ en el que pretendían trasladar sus quejas al jefe del Ejecutivo por los constantes recortes en el sistema educativo o por las políticas universitarias que venían asociadas al Plan Bolonia desembocó en algo mucho más grave y preocupante, sobre todo para su futuro.
La seguridad privada de la Universidad de Cantabria, donde se celebraba el acto, decidió impedir la entrada a muchos de los asistentes, lo que aumentó el nivel de la protesta y animó a algunos de ellos a quedarse fuera esperando la salida de Ignacio Diego, que pese a abandonar el edificio por la puerta de atrás no pudo impedir que un grupo de estudiantes mostrara su descontento e indignación con gritos y proclamas durante su marcha.
«Personalmente, nunca pensé que aquello fuera a llegar a nada, porque lo que ocurrió allí fue una de tantas, una protesta sin ningún incidente considerable, dejando de lado las agresiones que hubo por parte de sus escoltas», relata Guillermo, que era estudiante de Física cuando se produjeron aquellos hechos y que reconoce la «sorpresa» que le causó descubrir un tiempo después que se había abierto una causa penal contra ellos.
Y es que Guillermo, Silvia o Marcos, en conversación con eldiario.es, cuentan ahora su experiencia con un punto de incredulidad, pero con la certeza y la seguridad que les da una sentencia que les absuelve de todos los cargos. Una absolución que en algunos momentos del proceso no vieron tan cercana, a pesar de que han defendido pública e insistentemente su inocencia, porque las «trabas» y las «mentiras» que han tenido que combatir no se lo han puesto fácil.
«Hubo un tiempo en el que pensé seriamente en la posibilidad de ir a la cárcel, que siempre está ahí como una espada de Damocles. Eso es real y es duro, más todavía sabiendo que éramos inocentes y que no habíamos hecho nada para ser condenados», recalca Marcos, para el que pedían entre 5 y 9 años de prisión por un delito de atentado agravado, entre otras cosas, porque estaba acusado de haber intentado entrar al coche del presidente de Cantabria, algo que quedó totalmente desacreditado con la aparición de unos vídeos de la protesta.
Precisamente esas grabaciones, que han sido vitales en el desarrollo del proceso judicial, permitieron que los desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias o amenazas que se esgrimieron como los principales agravantes por los que se pidieron 42 años de cárcel en total, junto a las elevadas sanciones económicas para las nueve personas implicadas en la fase de instrucción, se fueran reduciendo hasta dejar solo seis imputados con delitos mucho menores y penas que finalmente han quedado en nada.
«Menos mal que aparecieron los vídeos, porque hasta entonces lo teníamos crudo, siendo nuestra palabra contra la de agentes de la policía que cuentan con presunción de veracidad ante el juez. A partir de ahí te entra el miedo, te ves indefenso. Hubo muchos momentos en los que temí por lo que me podía pasar. Yo tenía planes para irme de España y trabajar fuera, y con la acusación de un delito eso es casi imposible», explica Silvia durante la conversación.
Apoyo y movilización social
Este caso, rebautizado como ‘Preguntar No Es Delito’ por el nombre con el que se constituyeron en asamblea para defender sus derechos, ha tenido muchos focos y ha causado una gran expectación mediática desde el primer momento. La protesta ocurrió en plena ebullición de los movimientos sociales, en la resaca de la lucha social que se trasladó a las calles con el 15M, durante el mayor apogeo de la marea verde de la educación, la marea blanca de la sanidad o las reivindicaciones de los colectivos antidesahucios.
Es en ese contexto en el que sitúan los afectados lo ocurrido con un proceso judicial que tachan de «persecución» o «farsa». «Durante la vista oral, el objetivo del fiscal no era hacer justicia, sino tomar represalias por nuestras ideas y nuestra participación en los movimientos sociales», lamenta Silvia.
Marcos, integrante como el resto de sus compañeros de varios movimientos sociales y destacado dirigente de Podemos durante su nacimiento en Cantabria, va más allá: «El sesgo político e ideológico del montaje policial que hemos sufrido es clarísimo», remacha. A su juicio, «una de las cosas que buscaron con nuestra imputación era afectar al funcionamiento de los movimientos sociales y políticos que no estaban dentro de su arco de tolerancia».
«Utilizaron nuestras militancias con el objetivo de desacreditarnos y como una especie de agravante de lo que supuestamente habíamos hecho, como si por el hecho de tener una adscripción política nuestros actos fueran más graves», insiste Marcos, que recuerda además que entre los acusados había activistas de colectivos y organizaciones como Regüelta, Edup, STEC, Cantabria No Se Vende, CNT o el Partido Comunista de los Pueblos de España.
Todos ellos consideran que más allá de que Preguntar No Es Delito siga, no siga o para qué siga, una vez resueltos sus problemas con la justicia, «lo que se ha creado en estos casi cuatro años es un cierto ambiente en la sociedad cántabra de concienciación o conocimiento de que ocurren este tipo de casos y cómo hay que responder ante ellos». «Hemos tenido nuestros errores, pero también podemos servir de ejemplo sobre cómo buscar apoyo social y cómo eso puede servir para el futuro, más en el contexto en el que estamos actualmente en España», certifican.
Manifestaciones, concentraciones, paros estudiantiles, huelgas, ruedas de prensa, conciertos solidarios y diferentes actos públicos han servido para mantener el nivel de tensión y apoyo a estos jóvenes, que están convencidos de que «tarde o temprano volverá a ocurrir y se repetirán casos similares en el futuro, por lo que la movilización social es indispensable y hay que estar preparados para combatir la represión».
Montaje policial
Todos ellos coinciden también en los efectos que ha tenido para sus vidas estar inmersos en un proceso judicial que se ha prologando durante casi cuatro años y que, finalmente, se ha demostrado como falso.
«Está claro que la denuncia policial contra nosotros corresponde más a una actuación preventiva porque se habían pasado de la raya y sus agresiones fueron totalmente desproporcionadas. Por eso, y tras la absolución, nos gustaría que la Fiscalía actuase de oficio para denunciar el falso testimonio de los agentes de la autoridad y los testigos que han llevado al juicio, así como la falsedad documental en todo lo relativo a los daños de los coches que nunca se llegaron a producir», reflexiona Marcos.
En su caso, por ejemplo, la situación de imputado le llevó a renunciar a concurrir en las últimas elecciones autonómicas de 2015 dentro de las listas al Parlamento de Cantabria con Podemos, partido en el que ocupaba un cargo destacado y formaba parte del primer Consejo Ciudadano Estatal junto a Pablo Iglesias como único representante cántabro.
«Que la imagen pública que trascienda de ti sea como la de un energúmeno, la de alguien agresivo, que insulta, que escupe, que intenta agredir a alguien, es complicado de llevar, porque hasta que no llega el juicio tú no puedes demostrar que nada de eso es así. Incluso llegamos a pensar que dentro del juicio tampoco nos iban a permitir demostrar que eso no ocurrió como estaban contando», protesta Guillermo, que reconoce haber sentido «auténtica indefensión» durante estos años.
«Nos gustaría que hubiera consecuencias para los que han mentido en el juicio, porque no entendemos que les pueda salir gratis, mucho menos a agentes de la autoridad que han tenido a nueve chavales envueltos en un proceso judicial porque sí, sin motivo ninguno. Cuando se demuestra que es todo mentira y se nos absuelve, no entendemos que no pase nada y que no paguen por lo que han hecho, así que lo vamos a intentar», concluye Marcos.