El comisario Villarejo usaba su condición de policía para acceder a datos confidenciales y venderlos

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El comisario de Policía José Villarejo era contratado “para elaborar informes de consultoría que, en realidad, eran informes de inteligencia y dosieres personales, utilizables en el ámbito de luchas personales, y que elaboró utilizando información de carácter confidencial a la que accedía debido a su condición policial”.

Así describe el juez de la Audiencia NacionalDiego de Egea, instructor de la investigación, el presunto comportamiento delictivo del comisario, según consta en el nuevo auto en el que deniega su libertad, fechado el pasado 4 de junio.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el instructor de la llamada operación TándemVillarejo lleva en prisión provisional desde el pasado 5 de noviembre– apunta que el ex responsable policial pudo cometer delitos de pertenencia a una organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Estos delitos podrían llevar acarreadas penas de hasta 20 años de cárcel.

Según fuentes de la investigación, el análisis del material intervenido en los registros aumenta las sospechas de la participación de Villarejo y “su socio y también investigado, Rafael Redondo” en más actuaciones delictivas, además de poder cuantificar el dinero que este policía pedía a sus clientes a cambio de elaborar los informes. Estas fuentes apuntaron que el comisario solicitaba entre 300.000 y seis millones de euros por dosier.

Los investigadores siguen analizando las grabaciones realizadas por el comisario, pero aún no han podido precisar la cantidad de dosieres de este tipo que presuntamente hizo.

El juez analizó un nuevo recurso presentado por la defensa del comisario solicitando la puesta en libertad. Sin embargo, la denegó alegando que existe riesgo de fuga y que aún hay material sensible pendiente del escrutinio judicial. De Egea advirtió también de que su estado de salud no le impide seguir en prisión.

En el citado auto de prisión, el juez detalla que “continúan los indicios racionales de criminalidad en la conducta del investigado José Manuel Villarejo”. El comisario, junto a su socio Redondo, “presenta una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su participación medular durante todo el largo proceso que contemplamos de comisión de hechos delictivos, como por la intensa repercusión que por su propio liderazgo ha tenido en cada uno de dichos periodos”.

El magistrado explica que Villarejo “desde 2012” usó “su cargo policial para colaborar con el resto de investigados y realizar servicios directamente relacionados con su función policial y que suponían actuaciones de extralimitación legal y abuso de un empleado público, obteniendo a cambio cuantiosas sumas de dinero, bien en efectivo o en especies, para él mismo o sus familiares”.

El magistrado resalta que existen “indicios racionales de imputabilidad”, tanto “en la propia declaración de Villarejo” como en la de “otros investigados”. Existen “indicios racionales” de que Villarejo y su socio “forman parte de una organización en la que llevaron a cabo informes de consultoría de inteligencia recibiendo como contraprestación fondos de clientes de grandes cuantías”.

Para traer a España ese dinero, según el juez, Villarejo utilizó el “Grupo empresarial Cenyt” y se sirvió “de un complejo entramado societario que le permitiría diluir el origen ilícito de los fondos para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias en el extranjero que suponían la repatriación de fondos ilícitamente obtenidos”.

“De este modo -añade el escrito del juez-, Villarejo simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de inteligencia para sus clientes”. Es más, aceptó “importantes retribuciones económicas para realizar los mismos”, según consta en el auto.

El juez añade que Villarejo y Redondo pertenecían a una organización criminal “en la que existía una jerarquía y donde éstos formaban parte de la cúpula”. El juez considera que el riesgo de fuga “no ha disminuido” y señala que tiene “activos patrimoniales” en el extranjero.

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