Los vecinos de Compostilla y Navatejera dan un paso más en su oposición a las centrales de biomasa y redes de calor que la Junta de Castilla y León pretende levantar en sus barrios y trasladan sus acciones a Europa.
En concreto, acaban de iniciar en Luxemburgo el proceso de revisión de la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones, reclamando por las presuntas irregularidades existentes en los proyectos.
Las Asociaciones denuncian que las Centrales de Ponferrada y Navatejera incumplen las condiciones del proyecto firmado en su día entre la Administración de Castilla y León y el Banco denominado Project Castilla y León Climate Change’ y pueden ocultar un presunto fraude o posibles sobrecostes.
Según explican los vecinos, en concreto, estas centrales «no son sostenibles ni mejoran el cambio climático ni la prevención de incendios forestales»; «no mejoran la sostenibilidad del sector forestal promoviendo el uso tradicional y alternativo de los recursos forestales como materia prima de biomasa»; y además, «infringen la normativa ambiental y urbanística».
La falta de suministro de «biomasa local» y su insostenibilidad es una de los grandes incumplimientos que destacan estas asociaciones. «En Navatejera se reconoce un tránsito de dieciséis camiones diarios de suministro que probablemente provendrán de fuera de la provincia de León. De hecho, en los proyectos no se garantiza en ningún momento el lugar de origen de la biomasa, sin que exista suficiente oferta en León para estas instalaciones, y más con la reciente autorización de la planta de Forestalia», han detallado las mismas fuentes.
La denuncia ciudadana «solicita que el BEI abra investigación sobre si la aplicación de estos fondos cumple con los acuerdos firmados y los fines de sostenibilidad exigidos; objetivos que se ponen en duda cuando se pretende gastar más de siete millones de euros en llevar calor a una serie de edificios que además están térmicamente obsoletos, sin ningún acondicionamiento. Se está «empezando la casa (energética) por el tejado». Mientras no se reformen los edificios, su aislamiento etc, supone tirar el dinero (europeo) por la ventana».
«El proyecto de Ponferrada —informa la Asociación de Compostilla al Secretario General del BEI— ni siquiera ha pedido y obtenido la necesaria licencia ambiental ni ha sido sometido a información pública, privando del necesario conocimiento y transparencia pública. Tampoco ha sido votado ni conocido por el Pleno del Ayuntamiento, hurtando el necesario debate democrático. Se pretende ejecutar sin permiso ni licencia ambiental y sin memoria ambiental, con una mera licencia de obras; obviando su indudable transcendencia».
Para los denunciantes, además, «es sospechosa la rápida contratación en Ponferrada por parte de SOMACYL de la empresa ACSA, involucrada en varias causas de corrupción. En concreto, los licitadores (Junta de Castilla y León/SOMACYL), los responsables de la licencia municipal (7 concejales del Ayuntamiento de Ponferrada) y los adjudicatarios (UTE ACSA-Maderas Castiñeiras) presuntamente tienen una relación estrecha, al ser todas las Administraciones gobernadas por el Partido Popular, que ha sido presuntamente financiado ilegalmente por ACSA, según investigaciones en curso. Ello podría explicar los motivos por los que el proyecto de Ponferrada no ha sido ni sometido a información pública ni contrastado democráticamente ni votado o aprobado por nadie ajeno al Partido Popular», a diferencia del de Navatejera.
Otra irregularidad que denuncian ante Europa es la urbanística, pues según las asociaciones leonesas «ambas instalaciones se pretenden ubicar en zonas colindantes con viviendas», siendo el caso que en Ponferrada «la parcela en la que se pretende ubicar la red de calor está calificada como EQUIPAMIENTO en el PGOU, y afectada por el Plan del Parque de la Juventud por lo que esta instalación industrial que estaría prohibida según la normativa municipal de Ponferrada».
Finalmente, los vecinos de Navatejera y Ponferrada expresan al Banco Europeo de Inversiones su preocupación por ser víctimas pasivas de dos «proyectos obsoletos técnica y ecológicamente -de primera generación–, que ya no se promueven en otros lugares de Europa, donde ya se están ejecutando redes de calor de cuarta generación».
Las dos instalaciones promovidas por SOMACYL en Ponferrada y en Navatejera ya cuentan con cuatro demandas judiciales que se tramitan ante los Juzgados Contencioso-Administrativos de León, que deberán resolver sobre la legalidad de la venta de las parcelas y las licencias concedidas. Estos permisos tramitados «con muchas prisas —afirman los vecinos—, sin transparencia, sin diálogo, a espaldas de la ciudadanía y con muchos agujeros negros que tendrán que explicar las autoridades ante los Tribunales».
«Todo ello -concluyen– ha generado una gran alarma y oposición vecinal, por la imposición, sin diálogo, la sospechosa ubicación y adjudicación y la proximidad de las centrales de biomasa a las viviendas habitadas. Las comunidades de vecinos afectadas ni siquiera han sido consultadas en ningún momento por las administraciones local y autonómica».