La Justicia reclama 123 millones de euros de Gürtel, la mitad a los Bárcenas

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La sentencia del caso Gürtel tiene una cifra aún más abultada que los 351 años y un mes de cárcel que impone a los 29 condenados. Se trata de los 123 millones de euros que la Audiencia Nacional les reclama por haber participado en la trama de corrupción. Así se desprende de los 44 folios que la resolución destina a listar las penas y que incluyen más de 150 multas, indemnizaciones, comisos y diversos tipos de responsabilidades civiles.

La mitad de ese dinero le corresponde aportarlo al ex tesorero del PP y su mujer. La Audiencia Nacional reclama a Luis Bárcenas y a Rosalía Iglesias un total de 57,5 millones de euros. La mayor parte (50,6 millones) responde a las multas impuestas al matrimonio por los 21 delitos que la sentencia les atribuye.

Es al ex tesorero popular a quien se le impone la sanción más elevada por un único delito: 30 millones de euros por la operación de blanqueo de capitales que, según la sentencia, puso en marcha cuando estalló el caso Gürtel para intentar salvar su fortuna. A la multa le acompañan seis años de cárcel, la pena más dura posible por el delito de blanqueo.

Las siguientes multas más altas recaen en el también ex tesorero Ángel Sanchís y su hijo. En este caso, seis millones de euros cada uno por ayudar a Bárcenas en ese blanqueo. El considerado testaferro de Bárcenas en la operativa, Iván Yáñez, deberá pagar otro millón de multa, la misma cantidad que la mujer del ex tesorero. En total, esa operación de blanqueo -que sólo consiguió poner a salvo una pequeña parte del dinero- costará a los cinco implicados una multa total de 44 millones.

En el apogeo bursátil, Bárcenas llegó a rozar los 50 millones de euros en sus cuentas suizas, si bien esta cifra era ya mucho menor -en torno a 20 millones- cuando la Justicia bloqueó los fondos. La investigación y juicio del caso Gürtel ha durado tanto tiempo que a esos fondos bloqueados en Suiza les ha dado tiempo a pasar por varios ciclos económicos. Los últimos datos ofrecidos por las autoridades helvéticas, correspondientes a 2017, reflejaban que el dinero bloqueado a los investigados se ha incrementado en más de ocho millones gracias a los intereses bancarios y las oscilaciones de la Bolsa y el mercado de divisas.

Los últimos datos disponibles indican que los condenados (principalmente Bárcenas y Francisco Correa) tienen en sus cuentas en ese país en torno a 46 millones de euros. Si el Supremo ratifica la sentencia de la Audiencia, los fondos ahora bloqueados serán transferidos a la Justicia española.

Junto al blanqueo, el grueso de los 123 millones reclamados corresponde a los delitos fiscales cometidos por los condenados, que conllevan el pago a Hacienda con intereses de lo no ingresado en su día, más unas cuantiosas multas. En el caso de los Bárcenas, por ejemplo, por el IRPF de 2003 el matrimonio deberá ingresar en la Agencia Tributaria los 1,2 millones que no abonaron, así como una multa total de otros seis millones.

Además, cada impuesto de cada ejercicio fiscal es susceptible de convertirse en un delito distinto. Ese mismo año 2003 el matrimonio cometió también fraude en el Impuesto de Patrimonio, lo que les acarrea devolver los 280.000 euros no pagados y una multa de otros 900.000.

Las consecuencias penales de los fraudes fiscales han sido especialmente duras. Los del IRPF y Patrimonio de 2003 le han supuesto a Luis Bárcenas dos condenas a cuatro años de cárcel. Es inusual ver unas penas de prisión tan altas por defraudar a Hacienda. En esta ocasión, el tribunal ha atendido a la Abogacía del Estado, que en nombre de Hacienda terminó el juicio reclamando fuertes condenas. «Les pido que dicten una sentencia ejemplar. No puede ser que vuelvan a pasar las cosas que durante este año y pico hemos escuchado en esta sala y que se han admitido con una naturalidad que da miedo. Tiene que servir para que el empresario español que se vea en la tentación de sobornar diga: ‘Jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas», aseguró el abogado del Estado jefe de Penal, Edmundo Bal, en el informe final.

La cifra de 123 millones de euros que se reclama es imponente, pero no refleja todo lo que la Justicia exige a los condenados por la trama corrupta. A la sentencia dictada el pasado 24 de mayo hay que sumar las sanciones económicas fijadas en una sentencia previa ya firme (contratos de la trama para Fitur-Valencia), más lo que se imponga en otra aún pendiente de notificar (financiación del PP de Valencia) y en las seis sentencias más que la Audiencia Nacional tiene previsto dictar en los próximos años como consecuencia del caso Gürtel (piezas separadas de Gürtel Etapa II, papeles de Bárcenas, visita del Papa a Valencia, contratos con el Ayuntamiento de Jerez, contratos con Aena y delitos fiscales de Orange Market).

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