Cuando el casero que desaloja es la Xunta

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En la última etapa de su vida Lucila Vázquez se enfrenta, prácticamente confinada en su casa —el cuarto piso de un céntrico edificio de Ourense en el que vive de alquiler desde 1963— a un intento de desahucio desde hace cuatro años. Casi un lustro haciendo frente a su casero, la Xunta de Galicia, que ha intentando desalojarla por todos los medios.

El Ejecutivo regional puso en marcha su maquinaria en 2001. Primero dejó de cobrarle los recibos y le reclamó la entrega del piso. Al no producirse, acudió a la vía judicial, pero el Juzgado de Primera Instancia 2 de Ourense y la Audiencia Provincial fallaron en su contra. Fracasado este intento, suprimió la prestación de la limpieza, iluminación y mantenimiento de la vivienda y, el pasado enero, clausuró el ascensor, lo que impide a la anciana salir desde entonces a la calle con frecuencia. “No tenemos duda de que esto es acoso inmobiliario”, sostiene su abogado, Roberto Estévez, tras presentar denuncia ante la fiscalía, que ha abierto diligencias. La Xunta, sin embargo, lo niega.

La mujer, que ha superado los 80 años, insiste en mantener la vida independiente. Su esposo falleció en 1994, y ella se subrogó en el alquiler del piso del que entonces era titular la Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense. Pero la larga batalla que mantiene con el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP) ha comenzando a desgastarla. “Lo iba llevando más o menos, pero el otro día ya me dijo que no me imaginaba lo que le estaba haciendo sufrir esto; no entiende por qué la quieren echar de su casa si paga puntualmente”, cuenta su hija.

Pagar el alquiler fue una de las primeras batallas en esta guerra de resistencia. En enero de 2001, recién traspasada la propiedad del edificio a la Xunta, dejaron de pasarle al cobro los recibos, por lo que la mujer presentó escrito ante la Comisión Liquidadora de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Galicia mientras alertaba de que se había procedido a la supresión del servicio de limpieza y de portería del edificio. Y en octubre de ese año se la conminó a que desalojara el piso “de forma voluntaria” antes del 31 de diciembre. No lo hizo. En 2014 la Xunta reclamó el desahucio por vía judicial. Los tribunales dieron la razón a la inquilina y a finales del pasado enero el casero suprimió, “sin mediar aviso”, el único servicio que mantenía: el de ascensor.

La supresión del ascensor y la ausencia de limpieza del inmueble están minando a la mujer. El notario que acudió a levantar acta de que el piso está ocupado —después de que el pasado febrero la Xunta le notificase a la inquilina su pretensión de “resolver el contrato de arrendamiento” considerando que la mujer no estaba utilizando la vivienda— certifica no solo que la mujer vive habitualmente en él sino que deja constancia también del lamentable estado de abandono del edificio.

Abandono de servicios

La Xunta no se pronuncia sobre el abandono de los servicios de mantenimiento del edificio, pero puntualiza, consultada por EL PAÍS, que “es incierto” que la clausura del ascensor obedezca a un “intento de forzar una salida del inmueble o causar molestias” a la anciana. El Gobierno gallego atribuye la supresión del ascensor a la empresa responsable de la inspección técnica que, asegura, “ha detectado deficiencias”.

El Ejecutivo autónomo no oculta su intención de “rehabilitar y dar nuevos usos administrativos al edificio” con el objetivo de “reducir el gasto en alquileres” de sus dependencias en Ourense y reconoce que en 2017 licitó la redacción del proyecto básico de las obras de rehabilitación. Para ello era necesario desalojar a los dos inquilinos que permanecían en la vivienda —Lucila Vázquez y otro vecino— por lo que, sostiene, intentó llegar a un acuerdo amistoso con ambos ofreciéndoles “una indemnización o un alquiler en condiciones similares”, algo que la hija de la anciana niega mostrando el burofax, fechado el pasado febrero, remitido por la Xunta a su madre. “Nada de ofertas de indemnización o de otro alquiler”, insiste la familia.

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