Un juez ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero y no sólo anula su relación con el fondo buitre sino que tumba también el acuerdo de mediados de 2013 con el que el gobierno regional madrileño vendió 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión por poco más de doscientos millones de euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER y dictada hace unos días, resuelve el caso de una mujer que accedió en 2007 a una vivienda de protección oficial del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) en 2007, beneficiándose entre otras cosas de una reducción del alquiler del 90% en la localidad madrileña de Navalcarnero. Unas condiciones que empeoraron drásticamente cuando seis años más tarde el gobierno regional vendió su casa a un fondo buitre.
En un primer momento la Justicia ni siquiera le reconoció el derecho a recurrir pero una sentencia favorable del Tribunal Supremo a finales del año pasado le permitió volver a la carga: ahora el juzgado 29 de lo contencioso de la Gran Vía le ha dado la razón, ha anulado la transmisión de su contrato de alquiler del IVIMA al fondo buitre y ha tumbado también el acuerdo de este organismo que vendió un total de 32 promociones inmobiliarias a Azora Gestión por 201.000.007 euros, entonces con Ignacio González como presidente de la Comunidad.
La sentencia, que todavía es recurrible, cuestiona de forma contundente el proceso que siguió el gobierno regional madrileño para enajenar las viviendas públicas y, sobre todo, que declarase su innecesariedad «sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal».
Derecho a «vivienda digna»
El magistrado pone el foco en un aspecto concreto de la enajenación llevada a cabo por el ejecutivo de Ignacio González en el verano de 2013: la declaración de innecesariedad de las 32 promociones de vivienda pública para allanar su venta. «No se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas, que cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna», no viendo claro tampoco cómo cuadra vender vivienda pública con «el fin fundamental del IVIMA, proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas».
Para el magistrado, «la falta de motivación o de justificación del requisito de innecesariedad de dichas promociones» es clara, destacando que sólo se podría haber justificado el movimiento si no hubiese existido una demanda y estuviesen desocupadas, algo que no sucedió ya que las casas estaban ocupadas en un ochenta por ciento. Ni eran innecesarias ni su enajenación se hizo a favor del interés público, y además la sentencia critica que una decisión que afectó a 32 promociones inmobiliarias no pasase por manos del Consejo de Administración del IVIMA.
Batalla legal
Después de un lustro de lucha por parte de las asociaciones de afectados, tanto en la calle como en los tribunales, han sido una vecina de Navalcarnero y su abogado de oficio quienes se han llevado por delante una de las operaciones más polémicas perpetradas en materia de vivienda por la administración pública madrileña. En un primer momento, tal y como reveló la Cadena SER, la jurisdicción contencioso-administrativa cerró las puertas a los afectados al no reconocerles la legitimación para solicitar la nulidad de la venta de estos pisos: fue el Tribunal Supremo el que, a finales de noviembre del año pasado, les reconoció este derecho y obligó a este juzgado a revisar su caso, el primero en el que se ha dictado sentencia con estos nuevos mimbres.
El fallo de la sentencia es contundente: el acuerdo de la Dirección de Gerencia del IVIMA de 29 de agosto de 2013 que vendió la vivienda pública queda «anulada totalmente«, dejando el juez «sin efecto alguno la adjudicación y enajenación» que acordó. Fuentes jurídicas y fiscales apuntan a que, con esta resolución en la mano, los afectados pueden recurrir con garantías en los tribunales para intentar que su vivienda vuelva a ser de titularidad pública, mientras la Comunidad de Madrid decide cómo asimilar por la vía administrativa esta sentencia.
Investigación penal
Las acciones judiciales de los afectados contra este proceso de enajenación discurre en paralelo a la investigación penal que desarrolla el juzgado 48 de Plaza de Castilla contra los responsables del proceso: Ana Gomendio y Juan Van-Halen, exdirectores generales de un IVIMA ahora transformado en la Agencia de la Vivienda Social, están imputados y la Fiscalía les atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El caso sigue bajo investigación, aunque el Ministerio Público tiene claro que se trató de un proceso «trufado de irregularidades«, según un informe aportado al caso. La Fiscalía coincide con el juzgado 29 en definir como «raro, extraño, desacostumbrado, excesivamente peculiar u original» el proceso de declaración de innecesariedad del parque de vivienda pública de once municipios de la región.