Los dardos contra el PP en la sentencia de Gürtel

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La sentencia por el ‘caso Gürtel’ ha venido a confirmar que durante años, y principalmente en Madrid y Valencia, un empresario, Francisco Correa, y sus hombres montaron un grupo empresarial que vivió y se alimentó beneficiado por el PP. A cambio, no escatimó en agasajos, regalos, viajes y todo tipo de caprichos a diversos políticos. El líder de la trama ha sido el más perjudicado con una condena de 51 años. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha puesto negro sobre blanco la “corrupción institucional” del PP.

El tribunal, a pesar de las discrepancias de uno de los tres magistrados, ha constatado que el PP se ha financiado ilegalmente durante décadas; que empresarios han pagado al partido para recibir adjudicaciones; que su tesorero nacional era quien mediaba para cobrar esas donaciones a cambio de adjudicaciones; que altos dirigentes de la formación recibieron sobresueldos con ese dinero no declarado; y que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no dijo la veracidad sobre la caja b por temor al reproche social que podría recibir si reconociera la veracidad de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’.

En definitiva, en esta sentencia de 1687 folios, se determina punto por punto el ‘modus operandi’ del PP para financiarse irregularmente a cambio de actuaciones corruptas. Unos dardos al partido que le puede traer graves consecuencias políticas y judiciales.

1. Corrupción institucional

”Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

2. Inflaron los precios de los contratos

La trama de Correa recibieron numerosos contratos con el apoyo de caros públicos ahora condenados. “Inflaban los precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos”.

3.Bárcenas, el epicentro

La Sala sitúa a Bárcenas en el epicentro de la trama. Mediaba con Correa para poner en contacto a empresarios con los cargos públicos que, a cambio de una comisión, amañarían las adjudicaciones. Por esa operativa recibían su porcentaje tanto Correa, como Bárcenas, el dirigente en cuestión y otra parte iba para el partido, creando así un “auténtico sistema de defraudación del erario público”.

 

”Luis Bárcenas era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

4. Una ‘caja b’ estable desde 1989

”La ‘caja’ b del partido consistía en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.

5. Rajoy no es creíble

Para la Sala, la existencia de una ‘caja b’ está totalmente certificada, a pesar de que algunos testigos, sobre todo dirigentes del PP, la han negado. La sentencia explica que negaron tales extremos porque de haberlo reconocido habría sido asumir los apuntes, que llevaría a un “reproche social”. “En caso de reconocer estas percepciones vendrían a admitir la existencia de una ‘caja b’ en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido; por lo que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos”.

6. El PP no recupera su dinero b

La sentencia también refleja la picaresca de Bárcenas, quien se habría llevado dinero de la ‘caja b’. Sin embargo, el PP no ha podido reclamar esas cantidades porque si no estaría asumiendo la existencia de ese dinero. “Sería indiferente, en principio, por

lo que al delito de apropiación indebida se refiere, la procedencia de las cantidades con que se nutra dicha caja, ya que, sean de procedencia lícita o ilícita, ello no desvirtúa su ajenidad, porque ese dinero siempre ha de pertenecer a alguien mientras no conste que es dinero abandonado y sin dueño”, explica el tribunal.

Los magistrados advierten que no se creen que los empresarios pagaran para esa caja b de manera “altruista”. “Las aportaciones a la caja B no se trata de simples donaciones hechas de modo altruista por algunos empresarios, sino que tienen un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos y, por lo tanto, no se pueden desvincular de esas adjudicaciones irregulares, en la que los contactos políticos que despliegan los acusados es fundamental”, subraya el texto.

7 Colaboración estable

De la sentencia se desprende que la trama de Correa y el PP se necesitaban para su propio enriquecimiento. De ahí que entienda que entre ambos se “tejió una estructura de colaboración estable, consistente, por una parte, para la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político, ya se trataran de actos electorales o de otro tipo.

Por esa colaboración existente, el grupo de Correa conseguía que éste “gozara de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas, todo lo que complementariamente

se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad, pero que eludían en lo esencial la normatividad vigente sobre contratación pública”.

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