Absueltos los seis jóvenes acusados por el escrache a Ignacio Diego

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  • El Juzgado de lo Penal Número 3 exculpa de los delitos de coacciones y de falta contra el orden público a los miembros del caso Preguntar No Es Delito
  • Los hechos despertaron una oleada de solidaridad con los acusados a través de actos y manifestaciones que denunciaban la “injusticia” y el “montaje policial”

El Juzgado de los Penal Número 3 ha notificado este jueves la absolución de los seis jóvenes acusados por el escrache al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en un acto celebrado en la Universidad en 2014. Los seis jóvenes han sido exculpados de los delitos de coacciones y de diferentes faltas contra el orden público tras el juicio celebrado en una primera vista el pasado mes de octubre, marcada por las movilizaciones en apoyo a los acusados, y en una segunda en diciembre cuando quedó visto para sentencia.

El fallo no es firme y cabe interponer recurso de apelación contra él en la Audiencia Provincial en el plazo de diez días hábiles. A través de Twitter, la cuenta de este mediático caso conocido como Preguntar No Es Delito ha dado a conocer la noticia de la absolución de los jóvenes “injustamente acusados”. “Como defendimos desde el principio”, han recordado con satisfacción.

La magistrada considera en el escrito que no se ha acreditado que estas personas cometieran un delito de coacciones y tampoco el delito de daños que se atribuía a una de ellas, referentes al coche oficial del expresidente. No obstante, sí que constata en los insultos que tres de ellos profirieron contra Ignacio Diego una “falta contra el orden público” en la modalidad de falta de respeto y consideración a la autoridad. Sin embargo, la juez les absuelve al considerar que ha quedado prescrita.

Este caso ha despertado en los últimos años, y más concretamente según se iba aproximando la fecha del juicio, una oleada de  solidaridad por parte de la comunidad educativa a través de actos y manifestaciones denunciando lo que consideraban como “un montaje policial” y una “injusticia”.

Versiones contradictorias y vídeos que desmontaban las versiones de los escoltas del expresidente sobre lo ocurrido aquel día encendieron a la opinión pública y se generó un movimiento de apoyo a los estudiantes durante este proceso que ha durado cuatro años.

Los jóvenes activistas acudieron al acto de Ignacio Diego en la UC bajo el título  ‘Tengo una pregunta para usted’ donde se manifestaron de forma pacífica en favor de la Educación Pública y contra la política de recortes en esta materia que llevaba a cabo el Gobierno del PP. En ese momento fueron identificados y acusados de “indicios racionales de criminalidad” y de haber tratado de impedir la salida del recinto al presidente mediante “un cordón”. 

Sobre este asunto, la magistrada entiende que existen “discrepancias en los testimonios” de ambas partes fruto de la “distinta percepción que cada uno de los afectados e implicados tuvieron de un mismo hecho”. A su juicio, aunque los manifestantes no permitieron que los coches accedieran al túnel de salida dado que se colocaron en la salida del mismo, “no queda en modo alguno acreditado que lo hicieran para impedir el paso del presidente regional a los vehículos, y no para mostrarle la pancarta y hacerle llegar sus protestas, con la repercusión pública que además suponía la nutrida presencia de medios de comunicación”.

“Pese a su posición inicial, ninguno de ellos se aproxima ni tan siquiera al pasillo lateral por el que el presidente avanza en su trayectoria hasta la llegada al vehículo de reacción, sin haberle obstaculizado el paso”, recalca la jueza. Más adelante, insiste en el mismo sentido al señalar que el tumulto “no fue estrictamente violento frente a la figura presidencial, contra quien no se ejerció fuerza física, o coerción”.

Asimismo, apunta que “no se aprecia un grave atentado contra la libertad y la seguridad del presidente regional, puesto que la finalidad perseguida aparece más dirigida a la protesta y a la crítica política, amparada en el derecho a la libre expresión y derecho de manifestación”.

42 años de cárcel inicialmente

Desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas fueron las principales acusaciones por las que se les pidieron  inicialmente 42 años de cárcel y elevadas sanciones económicas. Finalmente, las penas se redujeron a multas de 4.400 euros para cada uno de las que ahora han quedado absueltos. 

Los jóvenes defendieron en todo momento su inocencia, señalando que no quisieron impedir la salida del expresidente y que sus escoltas les “empujaron y agredieron”. Aseguraron, apoyándose en las imágenes, que la protesta fue pacífica frente a la “hostilidad, insultos y amenazas” que denunciaron los escoltas de Diego, quienes no fueron capaces de concretar en sus identificaciones durante la vista oral. 

La única acusación partió del Ministerio Fiscal ya que el expresidente solo se presentó como testigo. A pesar de que se le veía sonriendo durante los acontecimientos que se juzgaban, declaró que es una persona “muy feliz” y que los jóvenes mostraban una actitud “agresiva”. Estos, por su parte, se defendieron afirmando que en ningún momento opusieron resistencia y denunciaron agresiones en forma de puñetazos por parte de los escoltas.

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