La prostitución frente al espejo de la justicia: delincuencia, explotación laboral y abusos sexuales

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El debate sobre la posible regulación o legalización de la prostitución en nuestro país aparece y desaparece en la opinión pública española, ligado normalmente a casos mediáticos que saltan del simple comentario de bar a las páginas de los periódicos, siempre con la sensación de tratarse de un asunto eternamente aplazado, que se mantiene en un limbo legal al que nadie está dispuesto a mirar a los ojos.

Sin embargo, múltiples colectivos de mujeres han denunciado insistentemente en los últimos meses la realidad que se oculta tras los carteles luminosos de bares de carretera y locales en callejones solitarios: la delincuencia, la explotación laboral, los abusos sexuales, el tráfico de personas y el consumo de sustancias prohibidas son una constante en un mundo que camina al margen de la legalidad y del que trasciende solo la punta del iceberg.

Sin embargo, la justicia de Cantabria se enfrentará en la próxima semana a estas sombras, coincidiendo en apenas tres días sendas citas que destapan muchas de las vergüenzas que quedan ocultas en prostíbulos y clubes de alterne. Y es que la Audiencia Provincial debe juzgar a los responsables de esos locales, que se enfrentan a peticiones de cárcel, multas e indemnizaciones como consecuencia de su actividad delictiva, por trata de seres humanos y vulneración de los derechos de las mujeres.

En el primero de los casos, cuya vista oral se celebrará este lunes 21 de mayo en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, una pareja está acusada de regentar un club de alterne y contactar con una joven de otro país a la que ofrecieron venir a España a trabajar, sin revelar su verdadera intención de prostituirla.

El fiscal detecta en los hechos un delito de trata de seres humanos y otro de determinación al ejercicio de la prostitución, por lo que solicita una condena de seis años de cárcel y multa de 4.500 euros para la acusada y siete años de prisión y multa de 15.000 euros para el acusado, al concurrir en su caso reincidencia por tener antecedentes penales por delitos de prostitución. Asimismo, el ministerio público reclama una indemnización que ambos deberían abonar conjuntamente de 5.000 euros por los daños morales ocasionados a la afectada.

Además, la Sección Tercera de este órgano judicial abordará otra vista oral relacionada con la prostitución este miércoles 23 de mayo, en el que están acusados el responsable y el gerente de un club de alterne en el que trabajaban unas treinta personas sin que la gran mayoría de ellas se encontraran dadas de alta en la Seguridad Social. En algunos casos, las trabajadoras extranjeras carecían incluso de permiso de residencia.

El fiscal considera los hechos un delito contra los derechos de los trabajadores y pide una condena de seis meses de prisión para cada uno de ellos además de sendas multas de 1.440 y 2.160 euros, aunque está previsto que se alcance una conformidad en el juicio, dado que los acusados han suscrito el escrito del fiscal.

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