El PP cántabro se sienta en el banquillo para esclarecer el presunto amaño de su Congreso Regional

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El juicio que se celebra este martes podría traer la anulación con cónclave, la imposición de una gestora y la repetición del proceso para elegir a la dirección.

El Partido Popular de Cantabria se juega su futuro en los tribunales. Más de un año después de la celebración del Congreso Regional en el que María José Sáenz de Buruaga arrebató el poder a su mentor, Ignacio Diego, por tan solo cuatro votos de diferencia, las dos sensibilidades de la formación conservadora se verán las caras y tendrán que pasar por el banquillo de los acusados para esclarecer el presunto amaño, calificado incluso de “pucherazo”, que ha sobrevolado sobre la actual dirección desde que fue elegida el 25 de marzo de 2017.

El tiempo transcurrido desde entonces no ha apaciguado los ánimos y la posibilidad de una escisión sigue en el aire, en la rampa de lanzamiento de una precampaña electoral que se prevé intensa y en la que los populares temen desangrarse tanto por las heridas producidas en sus batallas internas como por el auge de Ciudadanos, que amenaza su hegemonía en las filas de la derecha.

Además, e l juicio por las demandas de “irregularidades” en el XII Congreso Regional del PP cántabro que se celebrará este martes 15 de mayo, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, puede provocar un auténtico terremoto político de consecuencias difíciles de calibrar.

Los derrotados en ese proceso interno reclaman el cese de la actual dirección encabezada por Buruaga, la imposición de una gestora, la anulación del resultado y la repetición de las votaciones, algo que no parece probable, sobre todo porque Génova ha hecho todo lo posible para acallar a las voces críticas, pero que de ver apoyadas sus tesis por una sentencia judicial dejaría al PP cántabro en una situación insostenible.

Frágil liderazgo

Todo ello mientras Buruaga no consigue hacerse con las riendas del partido, donde sigue fuertemente cuestionada por una mayoría de diputados del grupo parlamentario que rechazó convertirla en portavoz y varios alcaldes de peso cuestionan su poder. Con este escenario, su oportunidad de ser cabeza de cartel en 2019 está cada vez más lejana. Los continuos rumores sobre el aterrizaje como candidato del PP en Cantabria del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no hacen más que ensombrecer su liderazgo.

No obstante, pase lo que pase, aquel Congreso ha dejado una profunda herida en el seno del PP que se torna difícil de cicatrizar, porque va más allá de lo político y se ha convertido en algo personal. Algunos dirigentes entregarán las armas ante la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, pero otros muchos mantendrán el pulso aunque haya una resolución judicial desfavorable, que sería recurrible a una instancia superior.

María José Sáenz de Buruaga en el Congreso Regional del PP de Cantabria.
De la Serna impulsó y tuteló la candidatura de Buruaga.

También los hay que ya han pasado a las filas enemigas, como el exdirector general de Cultura, Joaquín Solanas, que ha desembarcado en Cs, o los que han abandonado el barco, como el presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria, Javier Fernández Soberón, lo que plantea un panorama difícil de afrontar si no se detiene a tiempo la hemorragia.

Pago masivo de cuotas

En el juicio que se celebra este martes declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes es discapacitado intelectual y fue utilizado por el equipo de campaña de Buruaga- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del Congreso, Jesusa Sánchez.

Las demandas, que se han acumulado, fueron presentadas una de ellas por tres afiliados del PP de Laredo, y la otra por afines al exlíder del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, -que perdió el Congreso ante la que hasta ese momento era su número 2- y que tenía entre los firmantes al diputado Santiago Recio.

Una de las pruebas que se verá en el juicio es la información solicitada al banco sobre cómo se realizaron las transferencias para el pago de las cuotas de esos 491 afiliados, así como la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromisarios que, supuestamente, no venían previamente incluidos en las listas.

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