Más impuestos, recortes en Sanidad y Educación y 1.800 millones de agujero en las radiales

El ministro de Economía, Román Escolano, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. EFE
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A última hora del último día de plazo, el Gobierno remitió en la noche de lunes a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad y el Plan Presupuestario para el periodo 2018-2021. En el documento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio cuenta a la Comisión Europea de las medidas acordadas con el PNV en materia de pensiones a cambio del apoyo vasco en la votación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pero también cómo pretende financiar la mejora de las prestaciones, los recortes que seguirá hacienda en el gasto público o la factura del rescate de las autopistas.

Pensiones
Las pensiones mínimas subirán hasta un 3% este año, la base reguladora de las prestaciones de viudedad pasará del 52% al 56% -y del 56% al 60% en 2019- y el resto de prestaciones repuntarán un 1,6%. Todo esto ya se conocía, y provocará «un coste adicional de 1.522 millones de euros», dato que está en línea con lo que ya había adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

 

Sin embargo, había dudas de cuál será concretamente la subida mínima prevista para 2019, y el documento ayer publicado las resuelve: la revalorización de las pensiones el próximo año será del 1,5%. La mayor parte de las previsiones estiman que la inflación será de ese mismo punto y medio, por lo que las pensiones tampoco perderán poder adquisitivo el próximo ejercicio.

Más impuestos
Para financiar el notable incremento en el gasto que provocará la mejora de las prestaciones, el Gobierno explica a Bruselas que procederá a «la adopción de nuevas figuras tributarias en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y coordinación tributaria europea, que permitirán incrementar la recaudación prevista en 600 millones de euros en 2018 y en 1.500 millones adicionales en 2019».

Los 600 millones de este ejercicio, explica Hacienda, se lograrán a través del impuesto que planea imponer a grandes compañías tecnológicas como Apple, Facebook o Amazon. Pero esta cifra representa menos de un tercio de los 2.100 millones que el Ejecutivo reconoce que necesita, y además en el documento siempre se habla de «figuras tributarias», en plural, de modo que todo parece indicar que Montoro dará forma a nuevos impuestos.

Recortes en Sanidad y Educación
Al igual que lleva haciendo en los últimos años, el Gobierno seguirá reduciendo el gasto público en el periodo 2018-2021. Así, el gasto caerá hasta 40,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el presente ejercicio, y se irá reduciendo hasta ser de apenas del 38,5% en 2021. El dato es relevante porque supone una importante caída desde, por ejemplo el 48% que alcanzó en 2012 incluyendo las ayudas financieras y distanciarse aún más de los estándares europeos. Pero es que, además, para lograrlo es necesario, evidentemente, que el Estado reduzca el gasto en las diferentes partidas contenidas en el gasto público y eso incluye seguir recortando también en Sanidad y Educación.

En el primer caso, el esfuerzo del Gobierno se reducirá al 5,87% del PIB este año, e irá progresivamente cayendo hasta el 5,59% en 2021. Y en el segundo, el gasto retrocederá al 3,89% en 2018 y alcanzará el 3,7% en 2021. Serán las cifras más bajas que se registren en ambas partidas desde varios años antes del inicio de la crisis y en el caso de la Educación, habrá que retroceder, incluso, hasta los últimos años del siglo XX, tal y como han denunciado en más de una ocasión diferentes plataformas y organizaciones de apoyo a la enseñanza.

Hacienda, por su parte, siempre defiende esta situación afirmando que no se produce una reducción en la inversión, sino una ajuste en el gasto. De hecho, el Ministerio dirigido por Montoro apunta que, como consecuencia del crecimiento de la economía, lo que se produce en realidad es un incremento. Pero esto, aún siendo cierto sólo en algunos casos, no evita lo que resulta evidente: el esfuerzo el Gobierno destina a estas partidas es cada vez menor.

Autopistas quebradas
El Gobierno explicó que, además de con impuestos, la subida de las pensiones se financiaría con el ahorro en el gasto de intereses de la deuda y el menos desembolso que exigirá la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje, esto es, lo que al Estado le costarán las autopistas quebradas.

En un primer momento, el Tribunal de Cuentas señaló que la cifra podría superar los 3.700 millones de euros. Posteriormente, en el anterior Plan Presupuestario, el Ejecutivo apuntó que «esta rúbrica está afectada por la cobertura por importe de más de 2.000 millones». Y en el ultimo documento conocido, el coste del rescate de las autopistas quebradas se ha rebajado hasta los 1.800 millones. La cifra, obviamente, supone una notable reducción desde los primeros datos. Pero aún así sigue seguirá siendo un obstáculo para la consecución del objetivo de déficit y exigirá un esfuerzo que, sin ir más lejos, es superior al coste adicional que supone la subida de las pensiones.

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