Hacienda no corrobora la mayoría de las sospechas de la Guardia Civil

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  • En la Generalitat no figuran las supuestas facturas por 980.000 euros de Unipost
  • La Intervención asegura que los pagos de Diplocat en el exterior son por “asesoramiento”
  • Un ex primer ministro holandés devolvió 54.000 euros a Exteriors para no estar el 1-0

Hacienda controla las cuentas de la Generalitat, con intensidad creciente, desde noviembre del 2015. A partir del verano del año pasado el engranaje dio varias vueltas de tuerca más y la fiscalización sumó la obligatoriedad de enviar certificados semanales de todos los gastos firmados por la Interventora General de la Administración catalana. Y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la destitución del Govern de Carles Puigdemont, la certificación devino innecesaria al pasar a ser los propios miembros del Gobierno de Mariano Rajoy los titulares de los departamentos de la Generalitat.

Hacienda ha enviado más de veinte requerimientos a la Intervención catalana

En su condición de vicepresidente y conseller de la “Generalidad de Catalunya por sustitución”, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, bien directamente bien a través de su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es el responsable político del Departamento y ordena a la Intervención general la aportación de la información financiera sobre los expedientes de pago de la administración catalana. Todos los desembolsos han sido controlados. Algunos, con extremo detalle. Se trata fundamentalmente de los que a ojos de la Guardia Civil, en el marco de la instrucción desarrollada por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado número 13 de Barcelona, consideraba sospechosos de malversación. Parte de esa información ha sido remitida al juez Pablo Llarena, de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. En esta última, el magistrado Pablo Llarena instruye la causa principal sobre el 1 de octubre en la que acusa a los líderes independentistas, encabezados por Puigdemont y su exvicepresidente, Oriol Junqueras, de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por 1,6 millones de euros.

Fruto de los requerimientos el Ministerio ha enviado cinco informes al juez

En este contexto, desde el pasado mes de julio Hacienda ha enviado a la Intervención catalana una veintena larga de órdenes y requerimientos reclamando la documentación completa relacionada con los expedientes considerados sospechosos por la Guardia Civil y los jueces instructores.

Como consecuencia, el ministerio ha remitido al juez no menos de cinco informes sobre los expedientes reclamados sin que, hasta el momento, se hayan producido denuncias concretas sobre ninguno de ellos. Conociendo su contenido, Montoro realizó sus conocidas declaraciones negando que hubiera dinero público destinado a financiar el 1 de octubre o, al­ternativamente, que para que eso hubiera sido posible se tendría que haber falsificado una importante cantidad de documentos que han sido validados por funcionarios, interventores y responsables políticos.

El análisis por La Vanguardia de la voluminosa documentación generada en ese proceso de control permite hacer un primer resumen del estado en el que, desde el punto de vista de la Intervención de la Administración catalana y la supervisión de Hacienda, están esas operaciones que a juicio de la Guardia Civil y de los jueces son susceptibles de justificar la existencia de un delito de malversación de dinero público.

Unipost

Facturas desconocidas

La Guardia Civil imputa una malversación de 980.313 euros por los servicios presuntamente encargados por la Generalitat a la empresa Unipost, de correo postal y marketing directo, en “suministro de papeletas al censo electoral y las citaciones como componente de la mesa electoral”, en total 56.000 cartas certificas y 5,346 millones más ordinarias de censo electoral.

Según los agentes de la Benemérita, la empresa libró cinco
facturas, requisadas durante un registro a la Generalitat que asumió el gasto fraccionándolo en cinco departamentos “de forma que permitiese una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum”.

Sin embargo, el 31 de enero pasado, la Interventora de la Generalitat respondió a una imperativa orden de Montoro, que “los encargos a Unipost respondían a servicios postales ordinarios (…) y que fueron fiscalizados y contabilizados de conformidad por los servicios de las intervenciones delegadas sin que se desprendiera que respondían a gastos que se dirigieran a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”. Además, los aparentes números de factura de Unipost requisados por la Guardia Civil no existían en los registros administrativos.

En el sistema de control de la Administración catalana aparecían 33 facturas de Unipost por importe de 233.024 euros, efectivamente repartidos entre los gestores de servicios de diveros departamentos. Unipost fue contratada por el Govern para el buzoneo de la consulta del 9-N.

Esta misma semana, el ex director general de Unipost Pau Raventós declaró ante el titular del juzgado número 13 de Barcelona que la empresa no obtuvo ingresos de la Generalitat vinculados con el referéndum. Sí reconoció que habían llegado a elaborar presupuestos, que no se efectuaron ni se cobraron.

En lo referente a las urnas, y otro material electoral la Interventora también descartó la existencia de ningún “compromiso de gasto”. Tan sólo existen “acuerdos marco” “con una vigencia de cuatro años para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana”, pero no “están asociados con ningún compromiso de gasto”.

No aparecen más gastos vinculados a material electoral, tampoco los imputados por la Guardia Civil, por 92.209 euros y 60.369 en papeletas y sobres decomisados en imprentas de Bigues i Riels e Igualada respectivamente.

Diplocat

Gastos exteriores y una devolución

En el caso del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), un organismo público con participación privada, la Guardia Civil le atribuye en sus diligencias una malversación de al menos 202.368,86 euros, y descarga la responsabilidad explícitamente al conseller titular del departamento, Raul Romeva. De esta cantidad, los agentes atribuyen 177.065 a pagos en tres plazos a The Haugue Center for Strategics Studies “a cambio del servicio prestado por observadores internacionales en el referéndum del 1 de octubre”. El resto, 25.303 euros, se imputa a los gastos de viajes y alojamiento de esos observadores aportados por The Hague

En su escrito, la Guardia Civil expresa su queja por no haber “podido determinar la totalidad de los participantes, debido a la negativa por parte de Diplocat de facilitar los datos de los mismos”.

Una vez más, la información aportada por la Interventora de la Generalitat a los sucesivos requerimientos de Hacienda desde el mes de septiembre no coincide con la interpretación policial.

Efectivamente, The Hague Center cobró en septiembre y octubre 119.700 euros y quedaban pendientes de pago para noviembre, al final del contrato, otros 47.365. Pero según el informe interventor del 23 de enero pasado, el gasto correspondía a la “contratación de un servicio de asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior multidimensional en el entorno de la UE” y se realizó a propuesta de la secretaría general del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Ocho días más tarde, el 31 de enero, la intervención añadía que del sistema de facturas de la Generalitat “no se desprende ningún gasto relacionado con el traslado y estancia de observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum”.

Finalmente, el 15 de febrero pasado, Hacienda pide información sobre gastos “con relación al traslado y estancia de dos grupos de expertos, uno encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, y otro por el exembajador holandés Daan Everts”. La respuesta de los liquidadores de Diplocat, a través de la Intervención, fue que “no constan compromisos o gastos relacionados con Daan Everts”. Este, encabezó el grupo de observadores internacionales durante el 1 de octubre, aunque algunas fuentes han apuntado que podría haber sido contratado por The Hague Center.

Respecto a Helena Catt, el gasto realizado entre el 4 de septiembre y el 8 de octubre del año pasado, fue de 8.775 euros y se trataba del “encargo de un estudio para analizar el contexto político de Catalunya” y abarcaba a un grupo de “investigadores” . Además de los honorarios se les pagaron los gastos de desplazamiento, alojamiento y alquiler.

También consta la devolución a Diplocat de 54.000 euros pagados al ex primer ministro holandés Wim Kok, que declinó participar en actividades al saber que coincidían con el 1-O.

Medios

Ayudas a empresas editoras

Entre las múltiples peticiones de información de Hacienda también había algunas referidas a las subvenciones y ayudas a empresas editoras y de comunicación, asociaciones y periodistas entre el 2015 y el 2018. El 5 de marzo pasado, el secretario de Estado remitió una lista a la Intervención para que le enviara los importes. Esta última pidió a su vez los datos a 176 entidades del sector público. En la respuesta aparecen sociedades vinculadas a Oriol Soler –editor independentista y del círculo de asesores próximo de Puigdemont– como Cultura 03, Sapiens, Batabat, el grupo editor Som, que en conjunto han recibido ingresos de la Generalitat por importe de 1.510.000 euros. En la misma información se incluye al grupo editorial Ara, del que se detalla la lista de organismos dependientes suscritos al diario, así como diversas ayudas y acuerdos. En total, 1.707.666 euros.

En el mismo bloque se incluyen las subvenciones a la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, que ascienden a 1.771.700 euros, la última y más voluminosa el año pasado por más de 1,1 millones, siempre a cargo del Consell Català de l’Esport.

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