La Junta aporta documentos falseados en la causa judicial abierta por un ‘enchufe’ en Educación

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La Consejería de Educación ha remitido al juez que investiga la contratación ‘a dedo’ de una profesora para un centro educativo de Sevilla un documento en el que ni el membrete ni el sello utilizados estaban vigentes en la fecha en la que la comunicación interna aparece firmada. De hecho, aunque el documento está fechado el 4 de septiembre de 2014, en el mismo se hace uso de un membrete y un sello que no son oficiales en la Junta de Andalucía hasta nueve meses después, cuando se produjo un cambio en la organización del Gobierno de Susana Díaz y se dividió la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para pasar a llamarse sólo Consejería de Educación.

No es posible aparentemente, por tanto, que el documento aportado a la causa judicial que instruye el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla fuera emitido en la fecha en la que supuestamente fue enviado (y recibido) internamente desde el Servicio de Ordenación Educativa al Servicio de Recursos Humanos, ambos en la delegación territorial de Educación en Sevilla.

De hecho, en otro documento aportado a la causa y fechado el 9 de septiembre, sí aparecen el membrete y el sello vigentes en aquella fecha. [Ver documentos reproducidos arriba].

Esa ‘anomalía’ detectada en los documentos aportados al proceso por la Junta habría sido ya notificada al juez por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla, según ha podido saber este periódico.

La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número de 17 de Sevilla se inició a raíz de que EL MUNDO destapara en 2016 la existencia de una serie de puestos docentes que la delegación de Educación en Sevilla asignaba ‘a dedo’, a espaldas de los procedimientos ordinarios de selección de personal docente y asignación de destinos.

Concretamente, siguiendo el sistema de la «designación directa», a primeros de septiembre de 2014 se nombró a la hija del que era entonces jefe de los inspectores educativos de Sevilla, Alberto Moreno, para dar clase en un Centro de Educación Permanente (educación de adultos), pese a que la persona elegida no era funcionaria, ni interina, ni formaba parte siquiera de ninguna de las bolsas de empleo habilitadas entonces para la cobertura de vacantes o sustituciones. Tampoco era titulada en Magisterio sino licenciada en Comunicación Audiovisual.

Aquella información y el posterior reconocimiento por parte de la Consejería de Educación de que había una serie de puestos docentes que se reservaban para repartirlos «por designación directa» dio origen a una tormenta política que obligó a la Junta a abrir una investigación interna ( información reservada según la nomenclatura oficial), que concluyó con la destitución de dos jefes de servicios, los de Ordenación Educativa y Recursos Humanos, Carmen Liébana y Luis Sanchís, respectivamente. Además, el jefe del servicio de Inspección y padre de la docente contratada irregularmente dimitió de su puesto.

El sindicato USTEA no se conformó sin embargo con las explicaciones ofrecidas por la Consejería de Educación al respecto de estos sistemas ‘paralelos’ de acceso a los puestos en los centros educativos, por lo que puso el caso en manos de la Fiscalía de Sevilla, que finalmente presentó denuncia ante el juez contra el ex delegado de Educación en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, los jefes de servicio Carmen Liébana y Luis Sanchís, y contra Anaís Moreno, que fue la persona contratada irregularmente. A todos ellos se les acusa de un delito de prevaricación y han prestado ya declaración ante la magistrada que instruye la causa. USTEA está personado en la causa como acusación popular.

Actualmente, los expedientes sancionadores abiertos contra Luis Sanchís y Carmen Liébana (que regresaron a sus plazas de funcionarios tras la destitución como jefes de servicio) quedaron suspendidos como consecuencia de la investigación judicial abierta contra los mismos. Y, sin embargo, en el informe remitido ante el juez, la delegación de Educación de Sevilla niega que se produjera ningún tipo de irregularidad. Ese mismo informe achaca algunas fechas contradictorias que aparecen en el expediente (por ejemplo, la fecha de contratación de Anaís Moreno) y que echan por tierra los argumentos ofrecidos en su día por la Consejería de Educación, a unos «errores administrativos» que fueron subsanados a posteri en la base de datos.

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