Castigados por investigar

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Para un policía de Asuntos Internos, trabajar codo con codo con compañeros a los que ha investigado y que se sientan en el banquillo por sus pesquisas es algo parecido al infierno. Sin embargo, esa inverosímil hipótesis ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla.

La unidad de Asuntos Internos de la Policía Local de la capital andaluza destapó una red supuestamente corrupta que ahora salpica a la cúpula del Cuerpo. Un intendente y tres agentes investigaron, entre otros asuntos turbios, el presunto amaño de las oposiciones convocadas por el Consistorio en 2012. Una causa que en septiembre sentará en el banquillo a 45 personas, entre ellas el superintendente y exjefe del Cuerpo Juan José Sánchez, con cargos como cohecho, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación.

Cuando los investigadores culminaron esta última instrucción en 2016, el Ayuntamiento hispalense desmanteló la unidad —denominada Gepol— y les reubicó en destinos donde debían trabajar con varios compañeros, procesados gracias a sus pesquisas. Esa tensa convivencia derivó en un hostigamiento que se tradujo en la incapacidad temporal por prescripción médica de dos de los cuatro agentes, que se dieron de baja. “Si un juez te dice que evites exponerlos [a los policías] en contacto directo con los imputados, y los pones ahí, en el avispero, el mensaje está claro, ¿no? Se han hecho una cantidad de enemigos muy importante”, exponen fuentes de la Policía Local que exigen el anonimato.

El hostigamiento se mantuvo hasta que el verano pasado la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo denunció dicho acoso laboral tras analizar la situación. Trabajo fue contundente y dio cinco meses al Consistorio para otorgarles otro destino, plazo que cumplió hace cinco semanas. Y hoy el Ayuntamiento ni ha contestado a la Inspección de Trabajo sobre las medidas adoptadas para restituir a estos dos agentes.

“Dicha reubicación debe realizarse de forma que los agentes no se encuentren bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o indirecto con el resultado del mencionado proceso penal”, reza el informe de Trabajo. El inspector instaba al Departamento de Riesgos Laborales municipal a que examinara a los agentes, y tras dicha evaluación concluyó lo mismo que los psiquiatras de la Seguridad Social: los policías no deben regresar a sus puestos de trabajo donde han sido hostigados.

37 policías procesados por un supuesto fraude masivo

La imagen de la Policía Local de Sevilla se vino abajo tras el procesamiento de su jefe y otros 36 agentes, acusados en 2012 de amañar las oposiciones al Cuerpo mediante una filtración masiva de los exámenes. La causa acumula 45 procesados que se sentarán en el banquillo después del verano. El escrito de la fiscalía es revelador: “A la oposición concurrían determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar por los miembros del tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de sus méritos, y aun cuando dicha resolución resultara injusta”.

El superintendente Juan José García favoreció supuestamente a un sobrino y al hermano de su pareja sentimental. Varios acusados “elaboraron el caso práctico y la plantilla de corrección de las oposiciones y filtraron de modo selectivo e intencionado a los aspirantes que tenían intención de favorecer”, censura el fiscal. “Para garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Uno de los denunciantes ante el juzgado, policía local en otra localidad, explica: “Lo primero que sentimos fue impotencia. He visto cacicadas de todos los colores, pero aquí hay sobre todo mucha impunidad desde el sindicato [en referencia al SPPME]. A los enchufados les dieron la plantilla y calcaron hasta los paréntesis del tribunal. Hasta eso. De vergüenza”, ejemplifica.

A la espera de la sentencia y una posible anulación de las oposiciones, los 90 aspirantes que aprobaron ejercen hoy día como policías locales.

Y a pesar del criterio unánime de los médicos, el Consistorio insiste en que los agentes deben regresar a su destino donde han sufrido el acoso para poder ser evaluados. Es decir, el Ayuntamiento dice que sus funcionarios deberían ignorar el criterio de los médicos que les prohíben volver a sus puestos de trabajo. “No se les puede reubicar hasta que no estén de alta”, alega un portavoz. Luis Partida, director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, confirma que la nueva ubicación de los agentes depende de él y del jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-Berdejo, ex teniente coronel de la Guardia Civil.

Para solucionar su dramática situación, los agentes denunciaron en un escrito “la pasividad” del Ayuntamiento y que el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fomentó el hostigamiento y les destinó junto a varios encausados en dos unidades con zonas comunes de taquillas, aseos, vestuarios, ascensores, “creando un entorno intimidatorio y ofensivo”. Cabrera afirmó ante varios testigos que quería mandarlos a “regular la dirección del tráfico a 50 grados” en el distrito Sur de Sevilla, según reconoció el edil ante el titular del Juzgado de lo Contencioso 13 de Sevilla, que sin embargo desestimó la demanda de los agentes por quebrar sus derechos fundamentales. Preguntado sobre el destino de los policías, Cabrera echó balones fuera: “No tengo ni idea del tema, corresponde al departamento de personal”.

Pero hoy el Ayuntamiento de Sevilla no incumple solo el requerimiento de la Inspección de Trabajo, sino que ha ignorado la petición expresa de la Fiscalía de Sevilla y del titular del Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, Juan Jesús García Vélez. El magistrado requirió en un auto de manera expresa al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que le notificara “cualquier cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral del grupo Gepol” ante su posible disolución. Y la Fiscalía de Sevilla fue más allá cuando hace dos años exigió a Espadas que la reubicación de los agentes “no se encuentre bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o indirecto en el mencionado proceso penal”. El regidor ha ignorado al ministerio público, de momento sin consecuencias penales.

La disolución de Gepol llegó a pesar de las alabanzas en 2013 desde la Fiscalía de Sevilla, que subrayó la importancia de sus “investigaciones laboriosas sin filtración alguna de información con celo y minuciosidad”, y de que más tarde el propio Ayuntamiento concedió una mención honorífica colectiva al grupo.

En sus escritos, los policías censuraron la persecución por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) hacia ellos, a través de sus boletines mensuales. Ambos policías han rechazado opinar para este reportaje. El último Defensor del Ciudadano en Sevilla, José Barranca, tildó de “mal endémico” a dicho sindicato —mayoritario en el Cuerpo— y antes de dimitir en 2016, aclaró: “La Gepol le da lustre a la Policía Local, pero ha sufrido una campaña de acoso y derribo porque molesta al sindicato [en referencia al SPPME]”. Su presidente, Manuel Bustelo, cuyo hijo está imputado como aspirante a las oposiciones, reconoce que “algunas críticas de los boletines son verdad, pero porque se extralimitaron”. Bustelo carga contra sus investigaciones y avisa: “Desde el minuto uno intentaron involucrar al sindicato en cualquier asunto. Seguimos aquí, vivito y coleando. Después del juicio ya dispararemos como debemos”.

En paralelo, la Junta de Personal de la Policía Local —presidida por otro miembro del sindicato, Luis Val— reclamó en 2014 al exalcalde y ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que disolviera la unidad dado que no tenían autorización para actuar como policía judicial. Pero el regidor se negó, decisión respaldada por la Audiencia de Sevilla.

La Policía Local de la capital andaluza está compuesta por 1.100 agentes armados y lleva tres años sin unidad de Asuntos Internos. Ahora el Ayuntamiento anuncia que en breve Gepol renacerá bajo el nombre de Unidad de Inspección de Servicios y Personal, con un oficial y cuatro agentes. Está por ver con qué margen de maniobra, dadas las trabas sufridas por los agentes para vigilar, sancionar y denunciar a las manzanas podridas del Cuerpo.

En Madrid por ejemplo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Local (6.271 agentes) cuenta desde 1981 con 23 policías locales de todas las categorías, informa Francisco Javier Barroso. En Barcelona, la Guardia Urbana dispone desde 2016 de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos, con una inspectora al mando y seis agentes, y depende directamente del Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, informa Rebeca Carranco. Nacida para reforzar la transparencia, la ética profesional y las buenas prácticas, la unidad está ubicada en dependencias independientes de los 3.000 agentes a los que investigan.

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