La universidad como chiringuito

Comparecencia de Cristina Cifuentes ante la dirección de su partido tras el escándalo de su máster. Sofía Pérez
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Una profesora de Derecho Procesal de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) empezó así su clase el viernes en Vicálvaro: “Hoy salimos otra vez en la tele”. El rector, Javier Ramos, iba a comparecer para hablar del caso Cifuentes. Aquí están acostumbrados, a su pesar, a aparecer en prensa, porque el campus es un goteo de escándalos desde hace años. “Hay rachas que te da miedo encender el móvil por la mañana a ver qué sale”, confiesa un profesor. Como muchos, 16 docentes consultados, prefiere que no salga su nombre. Impresiona ver a catedráticos hechos y derechos que ruegan no ser identificados. Pero en la URJC se ha impuesto siempre el miedo. Uno de los pocos que ha roto el silencio es Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política: “La universidad española es muy adocenada, por miedo a que tus superiores te corten la carrera si no eres leal. Siempre piensas a quién conoces, es una sociedad de amiguismo y relaciones personales. Aquí, la mayoría de los departamentos, sobre todo en el campus de Vicálvaro, de Derecho, están controlados por el PP, no es fácil enfrentarse a eso”.

“Funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”, denunció hace un año en EL PAÍS la aspirante a rectora Rosa Berganza. “Que rueden cabezas, es la única manera de recuperar el prestigio. No es justo para la Rey Juan Carlos, hay mucha gente excelente”, opina Carmen Caffarel, de Ciencias de la Comunicación y directora de RTVE con el PSOE. Coincide Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política y entristecido con lo ocurrido: “Hay muchos docentes muy dedicados a una actividad investigadora de calidad e internacionalizada. No se debe denigrar a la institución en su conjunto. Eso es muy injusto con la gran mayoría del profesorado que yo conozco”. Dos alumnos del campus de Vicálvaro que salían de clase el viernes, también están inquietos sobre todo por el impacto del escándalo de Cifuentes en su propio futuro, porque eso es el prestigio de la universidad: “Eso es lo que más nos preocupa, el daño de imagen, que pagaremos nosotros”, dicen Sergio Rodríguez y Alejandro Bento.

La Universidad Carlos III nació en los noventa en torno a la figura de Gregorio Peces-Barba y se asoció al PSOE. Cuando el PP llegó al poder en Madrid, quiso tener la suya en 1996. Relata Villoria: “Decidió que la URJC sería para su gente. Desde la consejería de Educación de Gustavo Villapalos se controlaba cada detalle de la toma de decisiones, quién entraba en cada departamento, qué plazas salían hubo tensiones muy fuertes”. Cuatro rectores en cinco años. Rogelio Pérez Bustamante duró un mes en 2000. Luego fue la era de Pedro José González-Trevijano, de 2002 a 2013, y se consolidó un sistema, continuado por Fernando Suárez hasta 2017. Ambos tuvieron escándalos. González-Trevijano recibió el amparo del Constitucional, que anuló una sentencia que le condenó por perpetuarse ilegalmente en el cargo. Mucho peor fue Suárez: precipitó su salida en 2017 por un colosal caso de plagios en 15 trabajos. González-Trevijano acabó de magistrado en el Constitucional, a propuesta del PP. Es otra función de la URJC, según Villoria, “agencia de colocación” del partido. Cristina Cifuentes estuvo en la gestación del campus de Vicálvaro, con Villapalos en el consejo de administración fundacional, entre 1996 y 2000, y siempre ha dicho que cuando deje la política le gustaría acabar volviendo allí.

Solo una profesora sin plaza fija, de una decena, ha querido hablar para este reportaje, Concha Mateos, de Comunicación: “Esto es así por la precariedad laboral, tardas años en estar tranquila. La universidad formalmente está democratizada, pero en realidad es medieval, es un sistema parecido al vasallaje, alguien favorece tu entrada y le guardas obediencia”. La URJC sería un caso extremo de los males de la universidad española. “Es una estructura de nepotismo del PP, hay decenas de casos”, acusa Villoria. En prensa se han publicado muchos ejemplos: apellidos que se repiten, familiares de Granados, Ruiz-Gallardón, Mayor Oreja y la propia hermana de Cifuentes.

La pasarela funciona en ambas direcciones, entrada y salida: en el Constitucional hay dos miembros de la URJC —el otro es Andrés Ollero, exdiputado del PP—; también procede de esta universidad el actual consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken —no ha querido comentarlo con este periódico—; el secretario de universidades del ministerio, Jorge Sáinz —también ha optado por el silencio—; y el expresidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal.

Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del PP, también hizo un máster allí y rechaza que sea un chiringuito del PP: “No es justo, es como si yo, para meterme con Podemos, digo que la Complutense es un nido de esto y lo otro, pero no se me ocurre, me meto con ellos, no con la institución”. “Decir que es del PP es simplificar, es peor, está al servicio del poder, en general, hay gente de otros partidos”, apunta un profesor. En la URJC ha aterrizado David Ortega, de UPyD; Rafael Simancas, del PSOE o José Antonio Moral Santín, de IU y condenado por las tarjetas black.

“Donde hay altísima corrupción del PP y han creado una universidad es obvio que hay un traslado de su modelo de funcionamiento”, opina Villoria. Las conexiones con el partido de Mariano Rajoy a todos los niveles han hecho posible que profesores de la URJC aparezcan implicados en la trama de Púnica —Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles, investigado— o Gürtel —Jesús Calvo, a quien piden una condena de tres años por blanqueo—. Este clima envenenado, multiplicado por la inmovilidad de la universidad —es difícil irse un semestre a otra o al extranjero y se crean odios eternos de gente obligada a convivir décadas—, ha propiciado filtraciones de escándalos e incluso escenas de violencia: el año pasado un catedrático le sacudió a otro en un pasillo. “Le acabo de dar dos soberanas hostias”, presumió en WhatsApp.

No obstante, todos los profesores consultados insisten en que los vicios de una pequeña parte eclipsan el trabajo y empañan el prestigio de la mayoría, 1.400 docentes y 40.000 alumnos. Pero es una mayoría sometida al silencio. Es un caso raro en la universidad española en el que no hay grupos, corrientes o familias de oposición al rectorado, un mínimo contrapeso. “Si no existen un control y una vigilancia del poder, el poder hace lo que quiere, lo que ha ocurrido es consecuencia de esto. Por eso hay que hacer autocrítica de cómo hemos llegado hasta aquí”, reflexiona Begoña Soto, profesora de la facultad de Comunicación.

“El problema de fondo es la politización de la universidad española, pasa en todas partes a distintos niveles”, considera Fernando Velasco, del departamento de Economía Aplicada. “Desde dentro no hemos sabido mantenernos al margen. Hemos perdido el papel de la universidad como institución para crear pensamiento crítico. Nos hemos convertido en una máquina de másteres en función de futuros trabajos. Ojalá todo esto sirva para replantearnos la universidad”. La sensación de un entorno cerrado, endogámico y regresivo es compartida por muchos docentes: “Al revés que en Reino Unido, por ejemplo, donde todas las semanas alguien expone un trabajo, se somete a crítica, hay debate, aquí no hay ningún espacio de discusión interno. La construcción del prestigio no es pública. Todo es la obsesión por tener papeles y certificados”, apunta Mateos. Entre las sugerencias de soluciones que se apuntan se repite el control sobre los rectorados, códigos éticos de obligado cumplimiento, puestos y ascensos por méritos, oferta de plazas auténticamente publicitadas, tribunales por sorteo…

Un profesor que se implicó en la última campaña electoral para el rectorado cuenta: “La gente ni se acercaba para que no la vieran hablar conmigo”. Luego llegan represalias: se pierden puestos de director, de coordinador de titulación, financiación de institutos o cátedras, horas de clase… Las formas de hacer carrera —proyecto de investigación, acreditación a cuerpos superiores y sexenios— dependen de la evaluación de otros compañeros, de quién está en un tribunal. El poder sobre la carrera y el sueldo, la vida de cada empleado en definitiva, permite controlar los comités de selección de personal o las elecciones al claustro. Si no, quedas marcado. Eres uno “que no se integra”. Es un sistema de premios y castigos.

Con el escándalo de los plagios del anterior rector, Fernando Suárez, solo un profesor de la URJC firmó al principio una carta de protesta de 250 docentes para pedir su dimisión y después se enfrentó a represalias que llegaron a los tribunales. La derrota del aspirante a rector en 2009, David Ríos, se saldó con el despido de 11 profesores que le apoyaban y él se fue hace cuatro años de la universidad. Con el caso Cifuentes, 20 docentes escribieron una carta pública de protesta al rector, pero no fue fácil: “Llamamos a más de cien, pero nadie quería firmar, solo ocho. Esperamos un día y al final se unieron más”, relata Concha Mateos, una de las firmantes. Casi todos eran sin plaza fija. Ha sido un logro, es algo inédito y ha abierto la esperanza de que algo cambie.

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