Chaves y Griñán, ante el tribunal que juzga los ERE

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El juicio de los ERE alcanza su momento álgido con la declaración de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía

Chaves y Griñán se desentienden del fraude de los ERE y señalan al interventor

La soledad del régimen andaluz en el banquillo

Llega la hora de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio de los ERE que se está celebrando en Sevilla. Tras tres meses sentados en el banquillo de los acusados, los próximos días llegará el momento en que los dos históricos dirigentes socialistas, que pusieron fin a sus carreras por este escándalo, cuenten su versión sobre el mayor caso de corrupción de la democracia.

Ya lo hicieron en el Tribunal Supremo hace tres años y en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz. Sin embargo, ahora, en el juicio, es cuando se la juegan. Sobre Griñán pesa una petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales públicos. Más liviana es la acusación que pende sobre Chaves, ya que la Fiscalía ha solicitado para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Los indicios contra ellos

Los dos ex presidentes se han desvinculado del fraude, pero ni el Tribunal Supremo ni el juez de instrucción ni la Fiscalía Anticorrupción les han creído. El magistrado del Supremo concluyó que existen indicios de que Chaves y Griñán mantuvieron un «sistema ilegal» con el que disponían sin apenas control de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales. Además, calificó de «absurdas» las tesis exculpatorias esgrimidas por los ex presidentes de que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema.

Esta versión resultaría «incoherente», como si hubiese «una especie de cortafuegos que impidiera la comunicación e información entre los dos primeros escalones de la pirámide (presidente y consejeros) y el tercero y el cuarto (viceconsejeros y directores generales)», dijo el magistrado en un demoledor escrito.

Para la Fiscalía, está muy claro que ni Chaves ni Griñán «tomaron decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales». Ello a pesar de que tenían pleno «conocimiento de las irregularidades», ya que la Intervención les había alertado de que se estaban usando «de forma indebida» transferencias de financiación para hacer llegar el dinero público al ‘fondo de reptiles’ de los ERE. Con las transferencias de financiación se evitaba la fiscalización previa de la Intervención.

El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, que también se sienta en el banquillo de los acusados pese a que alertó hasta 15 veces de las irregularidades, remitió una dura carta al presidente del Parlamento andaluz en noviembre de 2012 con motivo de la comisión de investigación abierta sobre este asunto. En ella, se refería a los ERE como el «caso de corrupción más importante de la historia de España» y culpaba a Griñán de «cebar sin descanso la corrupta partida presupuestaria» de la que salieron las ayudas sociolaborales.

Compañeros de banquillo

Además de los ex presidentes, están siendo juzgados 20 ex altos cargos, entre ellos la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex ‘número dos’ de Chaves en la Junta, Gaspar Zarrías, y los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y José Antonio Viera.

Les acompaña el principal acusado en este caso de corrupción: el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que fue quien bautizó la partida presupuestaria de la que salían las ayudas como ‘fondo de reptiles’. Además, concedió subvenciones a las empresas vinculadas a su chófer en la Junta que, según el conductor, costearon juergas con cocaína.

Guerrero, que fue director general durante nueve años con tres consejeros de Empleo distintos, implicó a Chaves en la fase de instrucción, si bien en el juicio dio marcha atrás. En las declaraciones prestadas en 2011 y 2012 ante la Policía, la Guardia Civil y la juez Mercedes Alaya, Guerrero involucró al ex presidente cuando narró que la «única directriz por escrito» que recibió para beneficiar a una u otra empresa con las ayudas de los ERE fue de la Consejería de Presidencia en 2004. En ella, se le «ordena que se arregle el conflicto de Bilore porque el presidente de la Junta [Chaves en esa fecha] iba a visitar Lucena». Esta empresa se benefició de un ERE costeado por la Administración andaluza.

El relato de la Fiscalía

Anticorrupción ve prevaricación y malversación en el diseño y mantenimiento del «procedimiento específico» empleado por el Gobierno andaluz para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones de euros en ayudas durante una década, entre 2000 y 2010. Se trata de una de las mayores operaciones orquestadas desde el poder para mantener una poderosa red clientelar que ha contribuido, aún hoy, a la supervivencia del régimen socialista andaluz en una comunidad que desconoce la alternancia política.

Los interventores

En el ‘caso ERE’ son claves los informes de la Intervención de la Junta en los que se alertaba de las irregularidades del «procedimiento específico» instaurado por el Gobierno andaluz para repartir sin control y de forma arbitraria las ayudas.

Hay un «hito cronológico» en 2005, según explica en un auto el juez instructor. El 25 de julio de ese año la Intervención emitió un «informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio de 2003» en el que se concluía que el Gobierno andaluz estaba «prescindiendo de manera total y absoluta» del procedimiento establecido en la Ley General de Hacienda Pública de la comunidad autónoma para la concesión de subvenciones.

«Hasta ese momento, todos los implicados en la puesta en marcha y funcionamiento del procedimiento específico podrían pretender ampararse en la ignorancia de sus nefastas consecuencias», expone el juez. Sin embargo, a partir del informe de 2005 esa coartada exculpatoria de los ex altos cargos «queda descartada de modo absoluto».

«Ante tales evidencias [las alertas de la Intervención] no cabe asumir ni el desconocimiento de la perversión del procedimiento específico ni su alcance malversador», zanja el juez.

La versión de los acusados

Cuando Griñán salió del Tribunal Supremo el 9 de abril de 2015 admitió que el caso de los ERE es «un gran fraude», si bien trató de desvincularse de él porque «nunca» recibió los informes de la Intervención en los que se alertaba sobre las irregularidades del sistema, pese a que iban dirigidos a él, durante su etapa como consejero de Hacienda.

Griñán defiende también que «todas las actuaciones del Consejo de Gobierno» con las ayudas sociolaborales se hicieron con los correspondientes informes favorables y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.

Chaves ni siquiera admite que haya un fraude en los ERE. En los últimos años viene repitiendo que en los 19 años que ha sido presidente «nunca se ha adoptado en un Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal». En su escrito de defensa, alega que «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas», al no ser ésta su función como presidente.

«Ni conoció ni pudo conocer las irregularidades de las ayudas sociolaborales» porque el interventor «no le informó con ningún informe de actuación», dice su escrito de defensa.

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