El PP impugna la ley que garantizaba la sanidad universal en Catalunya

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El Gobierno español ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Universalización de la Asistencia Sanitaria que aprobó el Parlament de Catalunya en el mes de junio de 2017. Impugna los cinco artículos de los que consta la norma, así como todas las disposiciones adicionales y la disposición final.

La ley fue aprobada el día 15 de junio por todos los grupos de la cámara catalana excepto Ciutadans, que se abstuvo, y el PP, que votó en contra. La norma se proponía “eliminar cualquier desigualdad que pueda haber entre las personas residentes en Catalunya”, según su enunciado, y suponía un desafío al decreto-ley que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 que restringía el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin los papeles en regla. La norma permitía pues que el acceso fuera universal con el único requerimiento de estar empadronado en Catalunya.

La ley catalana fue la única de un parlamento autonómico que trató de recuperar la universalidad del sistema sanitario. La Comunidad Valenciana también aprobó una ley de características similares en 2016 y el Tribunal Constitucional la anuló el pasado mes de diciembre al considerar precisamente que la norma no era compatible con la legislación de la administración central. Pese a que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en este área, el fallo del TC recogía que la medida “amplía la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal”.

La ley aprobada, que trataba de blindar la cobertura sanitaria universal que Salut ya intentaba implantar mediante instrucciones internas, reconocía el derecho de cualquier persona empadronada en un municipio catalán a dirigirse a un CAP, ser hospitalizada, someterse a una prueba o tratamiento o visitarse con un especialista. “Hoy es un día histórico. Es una ley muy trascendental no sólo por sus efectos sino también por su valor simbólico, por lo que dice de la sociedad que queremos ser”, subrayó en su momento el entonces conseller de Salut, Antoni Comín, actualmente en el exilio por la persecución políticojudicial de que son objeto diputados, cargos públicos, dirigentes sociales y activistas catalanes.

 

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