PP, PSOE y Ciudadanos tumban la reforma de la Ley de Amnistía que pretendía juzgar los crímenes franquistas

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  • El PSOE no apoya la tramitación planteada por Unidos Podemos, PNV, ERC y EH Bildu, que le acusan de perpetuar la “impunidad” de la dictadura
  • Los socialistas han defendido que la moción dejaría “por completo desarticulada una ley que fue uno de los pilares del pacto de la Transición”
  • El Partido Popular ha sostenido que los crímenes “estarían prescritos” y considera imposible perseguir a quienes los hubieran cometido

Los grupos políticos de la izquierda no han encontrado un terreno común para abrir la puerta a la investigación de crímenes franquistas. Así lo ha reflejado el debate en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Unidos Podemos y sus confluencias  –junto al PNV, ERC y EH Bildu– para modificar la Ley de Amnistía y poder investigar así delitos graves cometidos por la dictadura franquista. La izquierda ha vuelto a mostrar su división en un tenso debate celebrado este martes en la Cámara Baja, impidiendo así la reforma de la norma tal y como lo exigen las organizaciones que luchan a favor de la memoria histórica.

La propuesta planteada consistía en añadir un nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el siguiente redactado: “Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.

Pero el PSOE ha alegado la “inseguridad jurídica” del texto presentado para rechazar su toma en consideración, lo que ha provocado permanentes críticas y alusiones del resto de grupos de izquierda, que han acusado a los socialistas de querer mantener la impunidad de los crímenes del franquismo. La portavoz de EH Bildu Marian Betialarrangoitia, ha llegado a asegurar que la argumentación del partido liderado por Pedro Sánchez para no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley “es echar más tierra sobre las fosas” de las víctimas de la dictadura.

Artículo 10 de la Constitución

Una de las más enérgicas en su discurso a favor de la propuesta ha sido la diputada del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz, que ha recordado el artículo 10 de la Constitución que dice que las leyes se deben interpretar en función de los tratados internacionales, para argumentar que también la Ley de Amnistía se debería adaptar a la investigación de los delitos de lesa humanidad contra los que España ha suscrito diversos tratados.

A los partidos que se han mostrado en contra de la iniciativa –PP, PSOE y Ciudadanos– les ha dicho que, al hablar de los crímenes franquistas se hace mención a “vulneración de derechos humanos”. “Nos han hablado de dos bandos que habían cometido crímenes terribles y que era mejor olvidarse. Nosotros creemos que no”, ha asegurado. Además, ha lamentado que la Ley de Amnistía “iguala a asesinos y a sus víctimas, nos dice que es igual el torturador que el torturado, la violencia y la cultura o el fascismo y la democracia. Y no es lo mismo. Los negacionistas nos dicen que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Y no son lo mismo”, ha enfatizado.

Díaz ha recordado que si bien “el fascismo sacudió a toda Europa”, la “excepción española” respecto al final de otros regímenes autoritarios fue la impunidad. “El resto de los países lo impidieron por la vía democrática, en sus parlamentos. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en otros países una fundación como la Fundación Francisco Franco, que hiciera apología del franquismo”.

Por eso ha reivindicado “un nuevo tiempo de la verdad” en “un país sin miedo que reescriba la historia de verdad”. A su juicio, es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo para no olvidar y porque “las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo y descansar. Nunca más una ley de amnistía que promulgue la amnesia”, ha zanjado.

También vehemente, el diputado de ERC Joan Tardà se ha confesado “indignado y triste” por la posición de los socialistas “ante miles de familiares de víctimas y ante todas entidades memorialistas que desde años trabajan contra la impunidad”.

El rechazo del PSOE a la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía es, en su opinión “una gran oportunidad perdida” ante el “muro de la vergüenza” que supone el hecho de que aún no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. Es una oportunidad perdida, ha insistido, ante el riesgo de que en las próximas legislaturas PP y Ciudadanos puedan sumar una mayoría absoluta. Entonces “no habrá ni un resquicio para que podamos asumir este debate”.

Desde el PNV, su diputado Joseba Agirretxea ha querido también dejar claro que lo que pretende la proposición de ley suscrita por su grupo es denunciar “la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con los compromisos adquiridos por el Gobierno español”. Y ha señalado que de haberse aprobado la toma en consideración de la reforma, “la justicia no podría hacer caso omiso de las querellas que se presenten en torno a todos los crímenes cometidos con total impunidad”. También ha querido descartar cualquier ánimo vengativo en la propuesta: “No entendemos esto como una venganza o un ajuste de cuentas. La reparación no es venganza y la justicia no es abrir heridas”, ha dicho.

Cita a Marcos Ana

El diputado socialista Gregorio Cámara ha hecho mención a unas palabras del poeta Marcos Ana a favor de la reconciliación nacional. Y ha querido dejar claro que la de amnistía “no fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer quienes quieren tergiversar la historia”, sino “el fruto perseguido por unas cortes democráticas”.

A su juicio, la iniciativa presentada por el resto de grupos de izquierda haría que quedara “por completo desarticulada una ley que fue uno de los pilares del pacto de la Transición”. También se ha preguntado a quién se podría juzgar con la modificación de la normativa, y ha asegurado que ésta no sería legítima “porque implicaría la aplicación retroactiva de leyes penales”, algo imposible en el marco jurídico actual. “Se vería afectada la seguridad jurídica”, concluía para justificar su rechazo.

En la misma línea se han manifestado los otros grupos que han votado contra la toma en consideración de la reforma. Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha acusado a los proponentes de “demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra seguridad jurídica”, de realizar un “ejercicio de reescritura de la historia” y de tener un “sentimiento de revancha”. A su juicio, la “nueva izquierda quiere deshacer lo que hicimos bien”.

El diputado del PP Miguel Lorenzo se ha limitado a señalar que los delitos cometidos en el franquismo “estarían prescritos”, además de acusar a los grupos de izquierda de “mentir” a las víctimas por decirles que los autores pueden ser perseguidos.

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