Granados aporta documentos sobre la financiación ilegal del PP de Madrid

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El exconsejero madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica de corrupción, sigue confesando con cuentagotas y con sumo cuidado de no agravar su situación procesal. Este jueves, Granados ha aportado al juez Manuel García-Castellón facturas con conceptos supuestamente falsos que encubren la financiación ilegal del PP de Madrid. En la tercera sesión de declaraciones, tras las celebradas el 12 y el 27 de febrero, Granados, según fuentes presentes en el interrogatorio ha seguido apuntando a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que ya se ha querellado contra él por calumnias.

En su declaración de hoy, Granados ha abierto una posible nueva línea de investigación que salpica a Telemadrid. Según ha manifestado, el expresidente de la televisión autonómica Álvaro Renedo y el fallecido periodista Germán Yanke firmaron facturas con conceptos falsos y que las cantidades sirvieron para encubrir gastos de comunicación del PP en la campaña electoral de 2007. Según su declaración, las facturas de los directivos de Telemadrid derivan de un convenio suscrito con la Consejería de Justicia en la época en que estuvo dirigida por Alfredo Prada, al que luego él sucedió.

El convenio se realizó con la Asociación para la Gestión de la Integración Social, que gestiona centros de menores y que se dedica la prevención de la delincuencia juvenil. Según las facturas que ha aportado Granados, los directivos de Telemadrid realizaron estudios comparativos sobre violencia y menores entre la Unión Europea y la Comunidad de Madrid.

Las mismas fuentes jurídicas señalan que Granados ha dicho que ha hallado las facturas en su casa mientras revisaba papeles. El domicilio del expolítico fue registrado en octubre de 2014, cuando estalló la Operación Punica, por la que estuvo dos años y medio en prisión provisional. En sus declaraciones anteriores, el expolítico manifestó que no se llevó ninguna documentación de su paso por la Comunidad de Madrid.

A la salida de la comparecencia, Granados, acompañado de su abogado, Javier Vasallo, ha rechazado dar detalles sobre el contenido de la facturas que ha aportado y ha dicho que sigue en su “línea de colaboración” y “dispuesto a aclarar hasta las últimas consecuencias”. El exconsejero volverá a prestar declaración en una fecha todavía por confirmar después de Semana Santa.

En su primera cita con el juez, el 12 de febrero, Granados implicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta Esperanza Aguirre en la presunta caja b del PP regional. Granados manifestó entonces que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una “campaña paralela y de refuerzo” que no se pagaba con fondos oficiales, y sitúo a Cifuentes en el “núcleo de poder” de esta campaña hasta que acabó una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González. Cifuentes interpuso una querella contra Granados por lo que tacha de “cúmulo de falsedades”.

En esta ocasión, Granados se ha referido también a la actual presidenta, aunque de manera mucho menos comprometedora. Según él, le pusieron como secretario general del PP como forma de apartarle del poder en el partido, que, dijo residía en Esperanza Aguirre e Ignacio González. De Cifuentes ha dicho que se encargaba de coordinar a los alcaldes y candidatos en la Comunidad de Madrid antes de ocupar la presidencia.

“Todo pasaba por Esperanza Aguirre e Ignacio González”

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid siguió este jueves en su línea de derivar todas las responsabilidades sobre las finanzas del PP regional a la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre y su sucesor inmediato, Ignacio González. Según su declaración, la Comunidad era un “sistema de poder” en el que “todo estaba controlado” por los dos dirigentes. “En el partido y en la Comunidad no se hace un pago o se contrata a nadie sin que lo autoricen Esperanza Aguirre o Ignacio González”, manifestó Granados, según fuentes presentes en el interrogatorio.

El expolítico desvinculó, como ya han hecho otros exdirigentes autonómicos del PP imputados en causas de financiación ilegal, las actuaciones del PP madrileño del partido a nivel nacional. Según él, la mala relación existente entre Esperanza Aguirre y el presidente del Gobierno y del PP nacional, Mariano Rajoy, hacía que las dos organizaciones funcionaran de manera estanca pese a compartir la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid.

En el interrogatorio de ayer hubo espacio para que la Fiscalía Anticorrupción —que todavía no ha terminado su cuestionario— pusiera sobre la mesa el mitin final de la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Granados negó que diera indicaciones al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, de abonar 20.000 euros en metálico a la empresa organizadora del acto, Waiter Music, como sostuvo ante el juez el administrador de la compañía, José Luis Huerta.

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