Tercera condena al Ayuntamiento de León por un ‘tocomocho’ del agua que ha cobrado a los leoneses unos 10 millones ilegales

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El timo del ‘tocomocho’ es un juego de niños al lado de lo que parece haber estado perpetrando el Ayuntamiento de León en los últimos años a costa de la gestión del agua pública en manos de la Sociedad Mixta Aguas de León, municipal al 51%.

Porque si el ‘tocomocho’ consiste en vender un billete de lotería aparentemente premiado pero en realidad falso, Aguas de León podría haber aprovechado unas tasas municipales que el PP defendió públicamente como “sociales” para embolsarse en total unos 10 millones de euros desde la ‘privatización’ en 2010 (gobernaba el PSOE de Paco Fernández), desde la aprobación de esas tasas en 2013 de ‘tarifa plana’ (gobernaba el PP de Emilio Gutiérrez) y desde la reaprobación de las mismas (gobernaba el PP de Antonio Silván) cuando las tumbó el Tribunal Supremo en 2015.

¿Y de dónde habrían salido esos cerca de 10 millones de euros? Del cobro trimestre a trimestre a 83.700 contribuyentes leoneses por sus 13.400 contadores aproximados existentes en la actualidad en la capital leonesa. Y todo ello a pesar de sumar desde hoy la friolera de tres sentencias condenatorias por esas maniobras políticas y empresariales, mano a mano entre el Ayuntamiento y la empresa Aquona (entonces Aquagest).

La última sentencia (ABAJO LA DEJAMOS COMPLETA), categórica como las dos anteriores, tanto que condena en costas al Consistorio leonés, es la emitida por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en argumentos calcados a la ya conseguida por la Cámara de la Propiedad en 2015, posteriormente ratificada en el Tribunal Supremo, y las cuales el PP intentó bordear aprobando nuevamente las mismas tasas, que ahora reciben nueva condena. La tercera.

Casi imposible recuperar el dinero

Sin embargo, como cabe nuevo recurso al TS, si el Ayuntamiento lo ejerce previsiblemente no habrá más remedio que seguir pagando esa tasa, de aproximadamente 1,5 euros por trimestre y contribuyente. Y tampoco le quedará a éstos el consuelo de recuperar el dinero indebidamente cobrado por conceptos y servicios que, incluso, Aguas de León es muy probable que jamás haya realizado, porque los recursos de los ciudadanos por los cobros debe realizarse uno a uno dentro del mes siguiente del cobro de la tasa, algo que casi nadie se esforzará en hacer.

Silván secundado por José María López Benito y Fernando Salguero en su primer día como alcalde de León. / Carlos S. Campillo / ICAL
José María López Benito, concejal del PP y presidente de Aguas de León, junto al alcalde de León, Antonio Siilván. / Carlos S. Campillo / ICAL

La nueva sentencia y sus repercusiones han sido analizadas hoy por el gerente de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez Fraile, Gerente, y el abogado que ha llevado todos los procesos judiciales, Juan López-Contreras Martínez. Y no tuvieron que deshacerse demasiado en argumentos ni calificativos, porque lo último fallo del TSJ desmiente todos y cada uno de los argumentos del Ayuntamiento y de Aguas de León, al tiempo que critica sus formas de actuar.

Se cobra mucho más de lo que se presta

El Tribunal considera ante los argumentos e informes que presenta la Sociedad Mixta (con mayoría municipal) que no se justifica adecuadamente la fijación de su importe, que la Cámara desde la creación de las nuevas tasas siempre consideró desorbitado, “alejado de la realidad del mercado e inadecuado” en la actual coyuntura económica. La Asociación de propietarios leonesa demuestra claramente que la fijación de la tarifa “excede del coste del servicio”, o sea, que se cobra muy de más.

También acoge el Tribunal el argumento de la Cámara referente a que estas nuevas tasas pretenden cobrar un servicio por adelantado “o que nunca se va a prestar”, vulnerándose el principio de equivalencia y provocación de costes que debe presidir este tipo de tributos. Por poner un ejemplo sangrante, Aguas de León podría estar cobrando por sustitución de contadores que no jamás se van a sustituir ni tocar. El juez tilda con dureza esta maniobra: “A todas luces desproporcionada”, dicta, porque vulnera el principio de contraprestación que preside la regulación de cualquier tasa. Es decir, que sólo se puede cobrar lo que se presta.

“Desviación de poder”, censura el juez, para enriquecer a una empresa

Critica además el TSJ la actuación municipal, que califica como “vicio de desviación de poder”, es decir, el Ayuntamiento utiliza sus potestades administrativas para alcanzar unos fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico, utilizando en este caso su potestad tributaria con la exclusiva finalidad de “incrementar los ingresos de Aguas de León, S.L.”.

Después de años de pérdidas bajo gestión pública del agua, llegó el año 2010 y Aquagest entregó a cuenta al Ayuntamiento 25 millones de euros, “que no sabemos en qué se los gastó”, remarcó hoy Sánchez Fraile. La nueva sociedad Aguas de León debía devolverlos a razón de un millón anual. Pues bien, se han ido satisfaciendo estos pagos durante ocho ejercicios (suman 8 millones de euros) y además desde las nuevas tasas también ha habido sorprendentes beneficios a razón de unos 500.000 euros/año (en 2015 fueron 570.000 euros). De ahí sale la cifra global de 10 millones.

“Vulnera el ordenamiento jurídico”

El Tribunal Supremo ya hizo constar también en su sentencia de mayo de 2017 que la devolución que se está realizando de un millón de euros cada año (uno por cada año de concesión o contrato) a la citada Aquagest “no puede realizarse a cargo de los contribuyentes”. “La tasa debe pagar el coste del servicio exclusivamente e incluir esa devolución como coste vulnera el ordenamiento jurídico”, y además hace pagar a los leoneses dos veces por esa privatización.

Crítica al reparto del ‘botín’

También extraña al Tribunal que Aguas de León presente beneficios y los reparta, 51% para el Ayuntamiento y 49% para Aquona, cuando tiene por objeto exclusivamente la prestación del servicio público de abastecimiento de aguas, y eso lo que realmente pone de manifiesto es el desequilibrio que se consigue a favor de Aguas de León en el cálculo de la tasa.

Un “carácter social” que el juez ve “objetivamente incierto”

Por último, el TSJ devuelve el argumento del pretendido por el Ayuntamiento “carácter social” de estas tasas con un ‘zasca’, tildándolo de como “objetivamente incierto”. Porque pretenden convencer a la ciudadanía de que Aguas de León se hará cargo de la conservación, renovación y reparación de los contadores de consumo de agua potable, afirmando en la sentencia que realmente “serán los propios vecinos de León quienes paguen esos nuevos contadores, unilateralmente impuestos por la mercantil codemandada (Aguas de León) dejando, además, un importante margen de beneficio en las cuentas sociales”.

En verdad, el artificio contable descansa sobre una imposición unilateral de cambio de contadores técnica y económicamente innecesaria”. Más duro el veredicto es difícil.

Todo continuará igual sin reacción política

Para concluir, con notorio desánimo, los dos representantes de la Cámara de Propiedad admitieron que a pesar de los argumentos y la reiteración de sentencias, simplemente con recurrir nuevamente al Tribunal Supremo el Ayuntamiento y Aguas de León podrán seguir manteniendo esta especie de ‘timo’ y cobrar como hasta ahora y por lo mismo que hasta ahora durante más meses y años. O incluso renovar su maniobra de volver a aprobar de nuevo estas tasas.

La única esperanza cabría esperarla de una fuerte contestación política de una mayoría de concejales y grupos municipales, que impidiera al PP continuar por esta vía de enriquecimiento a costa del agua pública; pero los representantes de la Cámara de la Propiedad ya no confían en esta vía, porque en años de litigios y sentencias por el mismo motivo esta reacción no se ha producido.

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