La etapa negra de la corrupción en Castro Urdiales una década después: 110 imputados y un agujero de 45 millones

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Bautizado como “la Marbell del norte”, es uno de los municipios de España que más casos de corrupción registró durante la burbuja inmobiliaria

Diez años después aún quedan siete causas judiciales abiertas en las que están implicados exalcaldes, exconcejales, constructores y funcionarios

El juez Luis Acayro Sánchez, que instruyó una veintena de casos en la localidad, denunció “presiones brutales” y reclamó la “despolitización de la justicia”

El municipio cántabro de Castro Urdiales es una de las localidades de todo el país que más casos de corrupción registró durante la época de la burbuja inmobiliaria y el auge del ladrillo en España. En ellos se vieron implicados alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas, funcionarios, constructores o promotores inmobiliarios que contrataban habitualmente con la administración local.

Aunque actualmente se respira un clima de calma política, diez años después de que estallara este entramado todavía quedan siete causas abiertas pendientes de juicio o sentencia que suman un total de 110 imputados. Los casos ‘La Loma’, ‘Sobresueldos’ o ‘Proconor’, entre otros, señalan a los presuntos responsables de ejercer un  modus operandi propio de una manera de entender la política y el urbanismo que llevó a que se conociera a la ciudad castreña como “la Marbella del norte”.

Entre presuntos sobresueldos, sobornos, apropiaciones indebidas y pérdidas de suelo público, entre otras irregularidades, el agujero negro en la administración de este municipio durante la primera década de este siglo supera los 45 millones de euros.

El juez Luis Acayro Sánchez, el entonces  titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 que instruyó una veintena de causas por corrupción en el municipio,  denunció recientemente “presiones brutales” y reclamó la “despolitización de la justicia”. “Llegué a sentir que mi independencia judicial no estaba garantizada”, aseguró públicamente el magistrado.

Caso ‘La Loma’

Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística, malversación de fondos públicos, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos públicos, cohecho y estafa. Hay 46 acusados, entre los que se encuentran los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera.

Objeto: Presunta reclasificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable simulando la existencia de infraestructuras. Presunta aprobación de construcción sobre parcela de equipamientos, manipulación de proyectos de reparcelación y compensación. Presuntos sobornos a técnicos, alcalde y secretario municipal, y supuestamente se dejaron de recaudar las tasas municipales y se engañó a los compradores de las viviendas.

Estado:  Remitido recientemente a la Audiencia Provincial de Cantabria dos años y medio después de que Acayro dictara apertura de juicio oral. Todavía no hay fecha para su enjuiciamiento.

Caso ‘Urdicam’

Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística. Hay 14 acusados.

Objeto: Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobación de instrumentos urbanísticos y presunta concesión de cuatro licencias de obra y una de primera ocupación en contra de cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) con pérdida de suelo público valorada en 2,4 millones de euros.

Estado: A falta de sentencia.

Caso ‘Mioño/Lusa’

Delito que se imputa: Apropiación indebida. Hay dos acusados, los exalcaldes pedáneos Víctor Echevarría y Antonio Alijo. La acusación pide siete años de cárcel y nueve de inhabilitación para cargo público para el pedáneo de Mioño y diez años de prisión y quince de inhabilitación para cargo público para el de Lusa.

Objeto: La causa deriva del arrendamiento de unos terrenos a la UTE Dícido (formada por las empresas Sadisa y Emilio Bolado, adjudicatarias del contrato y que ejercen la acusación particular) para su explotación minera. De acuerdo con los letrados de las empresas, en base al contrato los alcaldes de Mioño y Lusa idearon el modo de “estafar” a la UTE y apropiarse ilegítimamente de más de 1,2 millones (1.256.700 euros) para ingresarla en las cuentas bancarias de las Juntas primero, y hacerla desaparecer de las mismas después, “en cuestión de semanas”, sin que se sepa con exactitud el destino de dicha cuantía, pues el medio usado para su distracción fue, según la acusación, la emisión y utilización “descontrolada” de numerosos cheques al portador.

Estado: Se encuentra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y el juicio se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo tras  haberse suspendido en diciembre de 2016.

Caso ‘APD-2 de Cotolino’

Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística y falsedad de documento público. Hay 11 imputados.

Objeto: Presunta concesión de licencias de obra en contra de planeamiento y supuesta manipulación de los instrumentos de gestión con pérdida de 36.000 metros cuadrados de suelo público valorado en 16 millones de euros.

Estado: A la espera de escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, tras los recursos de reforma presentados contra el auto de procedimiento abreviado.

Caso ‘Sobresueldos’

Delitos que se imputan: Malversación de fondos públicos y prevaricación. Hay 13 imputados entre los que se encuentran tres exalcaldes del municipio: Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González.

Objeto: Presunto desvío masivo de fondos públicos (2,5 millones de euros) en beneficio de determinados funcionarios, al amparo de conceptos salariales inexistentes o en cantidades superiores a su categoría.

Estado: Pendiente de escrito de acusación por el Ministerio Fiscal, tras los recursos de reforma presentados contra el auto de procedimiento abreviado.

Caso ‘Proconor’

Delitos que se imputan: Prevaricación administrativa y urbanística. De los 24 acusados inicialmente, la Audiencia Provincial absolvió a dos en septiembre de 2016. No obstante, mantuvo la imputación del excalcalde Díaz Helguera y de varios exconcejales de la Corporación municipal.

Objeto: Modificación del PGOU, aprobación de instrumentos urbanísticos y concesión de cuatro licencias de obra y una de primera ocupación en contra de cinco informes negativos y vinculantes de la CROTU con pérdida de suelo público valorada en 500.000 euros. El ‘caso Proconor’ versa sobre un edificio de 51 viviendas que ejecutó la constructora del mismo nombre en la zona de Santa Catalina, junto al polideportivo Pachi Torre, que fue paralizado y que el Ministerio Fiscal solicitó demoler por invadir suelo destinado a equipamiento deportivo.

Estado: En la Audiencia Provincial a la espera de ser enjuiciado, pendiente de escrito de defensa desde junio de 2015.

Caso ‘Korta’

Delitos que se imputan: prevaricación administrativa, falsedad de documentos públicos y malversación de fondos públicos.

Objeto: Supuesto desvío de 380.000 euros de fondos. El acusado, electricista del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en connivencia con su mujer, presuntamente simuló la facturación de suministros eléctricos al Ayuntamiento para el enriquecimiento propio entre 1998 y 2002.  El Ministerio Fiscal solicita cinco años para cada uno.

Estado: El juicio se encuentra  suspendido hasta marzo después de que en la primera vista celebrada el pasado mes de enero la Fiscalía solicitara citar a declarar como testigo al entonces interventor municipal, Fernando Urruticoechea.

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