El PP catalán propone que haya un colegio en español por municipio.

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El Gobierno tiene el firme deseo de «garantizar» el derecho de las familias a escoger que el castellano sea, junto al catalán, la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Y así lo recogerá en las normas de matriculación que, en aplicación del artículo 155, deberá publicar en los próximos días. Pero no tiene tan claro cómo va hacer efectivo el cumplimiento de ese derecho ni cómo va a conseguir que, por primera vez, los centros educativos catalanes incluyan el español en sus proyectos lingüísticos y accedan a que se imparta un mínimo del 25% en esta lengua.

No lo logró ni la Lomce, con aquella cuestionada disposición adicional en la que establecía que, si la Generalitat no garantizaba oferta en castellano, se pagaría un colegio privado a las familias que lo demandasen. Ahora Íñigo Méndez de Vigo ejerce de conseller y tiene más margen, pero para garantizar oferta en castellano necesita un tiempo y unos medios que «actualmente no tiene», según apuntan distintas fuentes educativas.

La Alta Inspección del Estado, encargada de «velar» por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, tiene un equipo en Cataluña de ocho personas: la directora, un alto inspector, un docente, la secretaria y cuatro funcionarios administrativos. «Sin una Alta Inspección reforzada no podrán hacer nada, porque los inspectores tienen que ir a los colegios para comprobar que efectivamente se da la clase en castellano», explican las fuentes consultadas.

Antes de esa fase de vigilancia, Méndez de Vigo tendrá que asegurar que haya oferta en castellano, algo que no se ha producido hasta ahora salvo en casos puntuales obligados por la Justicia. Los servicios jurídicos del Gobierno están buscando la fórmula adecuada para garantizar esa oferta sin pasar por encima de la Ley de Educación Catalana. El Ministerio ha recibido varias sugerencias de las asociaciones afectadas y expertos. Tiene sobre la mesa la propuesta del PP catalán, que contempla «revisar» la programación educativa «garantizando que, en cada municipio o zona de escolarización, al menos un centro de Primaria y un centro de Secundaria sostenidos con fondos públicos ofrezcan vehicularidad de las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, además del aranés para los municipios de la Vall d’Aran».

La solución del PP catalán plantea también poner en el impreso de preinscripción la famosa casilla lingüística, que tendría un efecto estadístico para conocer las preferencias de las familias, pero por sí sola no serviría para hacer efectivo el cumplimiento del derecho. Plantea, asimismo, «publicar» una lista con «los centros plurilingües en cada municipio o zona de escolarización, indicando las lenguas utilizadas como vehiculares, oficiales o extranjeras, así como las materias y cursos afectados» y subir la ratio de alumnos por aula.

El PP recogió estas ideas en una moción que fue rechazada el año pasado en el Parlament y que sólo recibió el apoyo de Ciudadanos. Fuentes del PP catalán admiten que el «problema» radica en la comunidad educativa nacionalista, que está impidiendo el «cumplimiento de la legalidad» porque «son los propios centros los que elaboran su proyecto lingüístico». Y a eso se añade la dificultad adicional de un Gobierno que tiene que aplicar el 155 «a una semana vista».

Lo idóneo habría sido establecer «un plan progresivo de un año» en el que, a través de los servicios territoriales, se realizara «un trabajo de campo» con los centros, los sindicatos y las patronales para crear «un tejido de complicidades». Todo ello, acompañado de una campaña de comunicación que explicara que no se quiere acabar con el catalán y la eventual elaboración de un estudio sobre las competencias lingüísticas de los alumnos. «Pero para eso se necesita tiempo, y no es tiempo lo que tiene el Gobierno de España».

Las dificultades del Gobierno se pusieron de manifiesto ayer en la rueda de prensa que ofreció el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, encargado de anunciar públicamente la presentación de una nueva iniciativa en el Parlament, un paso que se acordó con una llamada al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, y cuya idoneidad fue objeto de debate interno. Los populares decidieron lanzarse, en parte para refrendar la acción de Ejecutivo pero también para espolear al Ministerio de Educación y que no ceje en su propósito.

El movimiento del partido evidenció la complejidad de la actuación lingüística en Cataluña y también el desconocimiento del PP de los planes del Ejecutivo. Pese a ello, están decididos a aventar el debate, en un momento de máxima competición con Ciudadanos por el voto de centro derecha y por las banderas tradicionales de este espectro ideológico. El PP carece de margen de maniobra en el Parlament porque no existe una mayoría constitucionalista. Podría, según fuentes del partido, instar al Gobierno a actuar. De esta manera, forzaría también un posicionamiento de Cs y del PSC en los asuntos más polémicos, entre los que figura el adoctrinamiento.

Aplicación de la ley educativa

Junto a esta vía, que por el reparto de escaños puede resultar infructuosa, los populares se refirieron ayer a dos actuaciones más, aunque ninguna garantiza una solución inmediata a la enseñanza del castellano en Cataluña. Una es «desbloquear» la Lomce. Para el PP, la aplicación real de la ley educativa, paralizada en algunos aspectos en pro de un gran pacto por la educación con el resto de fuerzas políticas, sería uno de los mecanismos que reforzarían la enseñanza del castellano. Es un llamamiento directo a PSOE y Cs para posicionarse al lado del Ejecutivo en este asunto. «No sólo depende del Gobierno», señaló Casado ayer.

La otra opción es obligar al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, en las que se ha puesto de manifiesto que la enseñanza del castellano sea al menos del 25%. La manera de empezar a cumplirlas, según las explicaciones que dio el vicesecretario, es que los padres lo puedan solicitar. Después, dijo, entraría en juego la Inspección Educativa. Esta última posibilidad es un claro mensaje del partido al ministro de Educación.

Hay más propuestas que conoce el Ministerio: la Asamblea por una Escuela Bilingüe le ha planteado dictar unas instrucciones para que todos los colegios adapten sus proyectos lingüísticos a lo que dice la ley (un mínimo de un 25% en castellano) y al «entorno social» en el que se encuentra el alumnado. Va en la línea de lo que propone la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (Ancaba), que reclama proyectos lingüísticos en función de las necesidades de castellano de los estudiantes. Por ejemplo, se pondría mayor porcentaje de castellano en Gerona y menos en el cinturón metropolitano de Barcelona.

Todos los planteamientos recibidos pasan, en cualquier caso, por cambiar los proyectos lingüísticos y son los centros los que deciden sobre ellos.

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