El juez rastrea una gran inmobiliaria en quiebra en busca del botín de Granados.

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El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica de corrupción, ha reclamado a la Agencia Tributaria y a la auditora Deloitte los expedientes del concurso de acreedores que finalizó con la liquidación de la inmobiliaria catalana Core Investments. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, pudo blanquear 400.000 euros mediante la compra de varias naves de esta mercantil a través de una sociedad en la que participaba mediante un testaferro.

La orden del juez se produce después de que la UCO le entregara el 6 de febrero un documento sobre sus últimas pesquisas para descubrir el supuesto patrimonio oculto del ex secretario general del PP de Madrid. La Guardia Civil apuntaba a la importancia en esa actividad de Bustren PM, una empresa en la que Granados participaba de manera encubierta a través de Ignacio Palacios, que fuera su hombre de confianza en todos los cargos públicos que ocupó.

Bustren PM tiene como administrador a Jesús Trabada, también imputado en la causa y antiguo gerente de la empresa pública Mintra, encargada de gestionar los millonarios planes de ampliación del Metro de Madrid cuando Granados era Consejero de Transportes. Trabada declaró recientemente ante el juez y negó que su empresa se nutriese de fondos ilícitos.

Sin embargo, el 14 de febrero, el juez accedió a las actuaciones solicitadas por la UCO para investigar las supuestas maniobras de ocultación de Granados a través de Bustren PM. En un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, García-Castellón recuerda que la investigación ha demostrado que el ex número dos del PP de Madrid se valió de testaferros para compartir la propiedad de una finca en Ávila, para participar en los beneficios de la empresa Ayjopen y para ocultar la propiedad de una mansión en Valdemoro que le construyó el empresario Ramiro Cid, también imputado. Sobre todo ello, la Guardia Civil ha aportado a la causa varios informes en los cuatro años que dura ya la instrucción del sumario.

La investigación apunta a que entre los accionistas de Bustren están Granados —con un 10% de la participación— y el también empresario Javier López Madrid —con un 12%—. Ninguno de los dos figuraba como tal. El primero utilizó a Palacios para adquirir en dos ocasiones participaciones, mientras que López Madrid puso a una hermana como titular.

En las intervenciones telefónicas a las que fue sometido Granados entre junio y octubre de 2014, el político hablaba con su testaferro de esa participación e, incluso, de sacar a López Madrid de la empresa ante una inminente adjudicación para hacer obras en el Metro de Moscú. Para entonces, el político había dejado su cargo de senador tras conocerse que tenía una cuenta en Suiza.
De esas conversaciones, el primer juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya concluyó que el exdirigente popular y sus socios estaban negociando la adquisición de 30 naves industriales en un proceso concursal.

Detenido poco después

Esta operación iba a obligar a Granados a desembolsar 400.000 euros, un dinero que “no figuraba en cuentas bancarias” del político, según el magistrado. En otra conversación intervenida, el político se mostraba preocupado de que “los administradores concursales” buscasen a “algún amigote que ponga un euro más” en Bustren. Granados fue detenido poco después.

Es esta operación la que ahora investiga el juez y por la que pide información a la Agencia Tributaria y a auditora. La inmobiliaria Core Investments formaba parte del Grupo Coperfil, bajo control del empresario Vicenç Puig —recientemente inhabilitado judicialmente por su gestión al frente de estas compañías y su quiebra—. La compañía poseía naves “que inicialmente estarían en Valdemoro y, posteriormente, en Ciempozuelos”. La investigación no ha permitido aclarar aún si finalmente Bustren se hizo con ellas o si solo presentó una oferta. Por ello, García-Castellón reclama “copia completa” del expediente del concurso y que en la misma se incluyan “las empresas ofertantes, representantes de cada una de ellas, modo de remisión de la oferta o cuantos datos obren en el mismo, incluyendo datos de contacto de las personas tanto físicas como jurídicas interesadas”.

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