Iñaki Urdangarin, al Tribunal Supremo: «No presioné a los funcionarios, sugerí que me contrataran»

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Iñaki Urdangarin ha presentado su último alegato ante el Tribunal Supremo antes de que éste dicte la sentencia definitiva sobre el caso Nóos. El marido de la Infanta Cristina pide de nuevo su absolución y sostiene ante el Alto Tribunal que jamás «presionó» a los funcionarios públicos para que le adjudicaran contratos millonarios. Conforme a lo sostenido en su escrito, él se limitó a «invitarles» o a «sugerirles» la contratación del Instituto sin ánimo de lucro que presidía.

El ex duque de Palma responde de esta forma al último dictamen presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, desvelado por EL MUNDO, en el que solicita su ingreso en prisión por haber utilizado su «privilegiada condición familiar» para torcer la voluntad del ex presidente balear Jaume Matas y de sus cargos públicos.

Según el Ministerio Público, Urdangarin utilizó su «superioridad por vínculos matrimoniales» para «ejercer presión sobre quienes podían decidir la contratación del Instituto Nóos«. Recurriendo de esta forma al «camino más corto», a una «vía indirecta y espuria» que constituía un «acceso torticero» a la contratación pública. Por todo ello, solicita que el ex duque de Palma sea condenado a 10 años de cárcel frente a los seis años y tres meses que le impuso la Audiencia Provincial de Palma.

En este sentido, el marido de la Infanta Cristina sostiene que el Ministerio Público le está atribuyendo ahora un nuevo delito de forma irregular. «A pesar de que el Ministerio Fiscal nunca ha sostenido ni dirigido acusación por el supuesto delito de tráfico de influencias ahora pretende mantener, ex novo, tal acusación», precisa la defensa del ex duque de Palma, que subraya que la Fiscalía carece de «legitimación» para acusar a Urdangarin del referido tipo penal en este momento procesal.

«El vocablo influencia como parte integrante del tipo penal debe diferenciarse de aquellas conductas que puedan revestir una cierta sugerencia o invitación y que no suponen ni entrañan una verdadera y real presión psicológica hacia el funcionario», recalca su letrado Mario Pascual Vives. El abogado ya sostuvo hace meses que su cliente había desempeñado el rol de «amigable componedor sin conocimientos en materia administrativa».

De manera paralela, el ex duque de Palma considera acreditado que los dos foros que organizó en Mallorca a razón de más de un millón de euros de dinero público por edición «se hicieron a plena satisfacción» y que la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Balears que también le fue contratada «fue necesaria, conveniente, útil y su importe, correcto».

Estos y otros servicios para los que se recurrió a Nóos por parte de la Administración balear no entrañaban, siempre a juicio de Urdangarin, «comisión, mordida o regalía alguna, sino el correcto pago de unos servicios prestados y a prestar». Añade que no tuvo lugar «ningún perjuicio económico a la comunidad balear» ni tampoco a la valenciana, que contrató con Nóos los mismos foros.

En cuanto a los delitos fiscales por los que fue condenado, el ex duque de Palma insiste en que en ningún ejercicio se habría superado la cuota defraudada de 120.000 que marcan la comisión del delito. «No existe cuota tributaria superior al límite ni en el ejercicio fiscal 2007 ni en el de 2008». Por lo tanto, Urdangarin «debería ser absuelto de todos y cada uno de los delitos por los que ha sido inicialmente condenado: prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y sendos delitos fiscales».

Por el contrario, la Fiscalía considera que Urdangarin obtuvo un «beneficio ilegítimo» gracias a la «carta en blanco» que consiguió del Gobierno balear después de poner en marcha un «engranaje delictivo». Y añade que Urdangarin burló la ley siendo «consciente de la arbitrariedad» que le estaba beneficiando.

El Tribunal Supremo ha fijado una vista para próximo 21 de marzo para que todas las partes expongan sus argumentos. A partir de entonces, está previsto que el Alto Tribunal haga público en un plazo breve de tiempo la sentencia definitiva.

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