El cártel del fuego pagó a Camps un acto oficial y un banquete para 55 personas de la Conselleria de Justicia.

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El grupo Avialsa, la empresa que dirigía el denominado cártel del fuego desde Sagunto, pagó a través de una fundación de su propiedad, Fundación Medioambiental Huerta de la Comunidad Valenciana, el coste de un acto público de la Generalitat para promocionar la política medioambiental del Consell de Francisco Camps en periodo preelectoral.

El dueño de esta empresa, Vicente Huerta, ya utilizó esta entidad para sobornar al ex delegado del Gobierno en la Comunidad valenciana Serafín Castellano con un rifle y cacerías.

Según confirma la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el coste del acto ascendió a 116.000 euros (con IVA) y consistió en una presentación y exhibición del Plan de Reforestación de la Comunidad Valenciana 2003-2007 tras un incendio forestal ocurrido en Vilamarxant.

El acto, de carácter institucional, fue convocado para presentar a los medios de comunicación la reforestación con aviones de la zona conocida como La Pea, un proyecto en el que se invirtieron 1,4 millones de euros y que el PP incluyó en el programa electoral con el que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa tras las elecciones generales de 2011. La iniciativa consistía en lanzar semillas desde el aire para reforestar zonas devastadas por los incendios.

Además, tras financiar este acto oficial de Camps, Avialsa también pagó parte de un banquete de Navidad que organizó la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el 18 de diciembre de 2006 para altos cargos de la Generalitat.

En concreto, Huerta ordenó el pago de una comida en el Restaurante Mesón del Duero para 55 personas de la Conselleria y dio instrucciones al establecimiento para que en la factura no apareciera el gasto en consumo de alcohol: «No hay que nombrar licores ni extras ni nada, solo comidas (…) cuando tengas la factura yo mismo la llevaré en mano para que la tramiten más rápido».

El administrador de Avialsa dio estas indicaciones después de que el restaurante le enviara un correo electrónico en el que le recordaba que «tenemos todavía pendiente de cobro la factura de la comida de las 55 personas de Conselleria».

«En principio se ofertó un menú de 40 euros por persona, pero después decidisteis dejarlo en 30 euros/ persona y para la diferencia (10 euros/persona más las tartas) haríamos otra factura, ¿no sé si a nombre de Avialsa?», preguntó el restaurante.

El establecimiento requirió la información para «saber a nombre de quién hago cada factura, (con datos de la empresa) y a quién debo dirigirme para hacerlas efectivas». Finalmente, la factura se manipuló para que constaran 65 comensales y ocultar los consumos «extra».

La comida vino precedida del acto oficial que montó Avialsa para el Gobierno de Camps. El empresario Vicente Huerta y cerebro del cártel del fuego, según sostiene la Policía, encubrió a través de su fundación el pago del acto mediante la firma de un convenio con la Conselleria de Territorio y Vivienda.

A través de este acuerdo, según acredita la documentación, el empresario valenciano se haría cargo de una «demostración práctica del proyecto de investigación desarrollado íntegramente» por el grupo empresarial de Huerta.

El acto tuvo lugar el 28 de septiembre de 2006 con la asistencia de Camps, el propio Huerta y el entonces alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, ex presidente del PP en la provincia de Valencia. El conseller de Territorio era Esteban González Pons.

La factura lleva fecha de 11 de octubre de 2006 y acredita que en realidad quien sufragó íntegramente los gastos fue Avialsa, la empresa con la que Huerta ganaba los contratos públicos de extinción de incendios forestales en Valencia y Cataluña.

Para ocultarlo, la documentación apunta que el empresario bajo sospecha judicial usó su fundación camuflando la factura como un proyecto de I+D de reforestación aérea, y evitar de este modo que Avialsa pagara directamente el coste de este acto promocional.

El convenio de colaboración se firmó entre la Generalitat, la Fundación Huerta y Avialsa. Camps promocionaba la política de reforestación de su primera legislatura (accedió a la Presidencia en 2003) y el contratista asumía la demostración, organización y logística del evento y personal investigador del proyecto, además del producto utilizado en la reforestación.

Por otra parte, Avialsa aportaba tres aviones Air Tractor de extinción de incendios, pilotos o mecánicos; mientras era la adjudicataria del servicio de aviones de extinción de incendios forestales contratado por la Generalitat. En total Avialsa ha facturado más de 70 millones de euros por prestar este servicio a la Administración valenciana, según concluyó la Generalitat en un informe elaborado en 2016.

Cinco meses después de aquel acto, en febrero de 2007, el Consell de Francisco Camps dio luz verde al expediente relativo a la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable del aeródromo de Viver (Castellón) de Vicente Huerta.

Hoy en día el paraje de La Pea se ha recuperado pero, según técnicos medioambientales consultados, es imposible evaluar el impacto del proyecto de Vilamarxant por el propio carácter regenerador de los montes del Mediterráneo. Según matizan fuentes conocedoras del proyecto, era habitual la firma de convenios entre fundaciones y la Generalitat, pero no es frecuente que un contratista con el nivel de facturación de Avialsa financie actos institucionales.

A continuación, el empresario también firmó otro convenio con Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón condenado por fraude fiscal, por el que Avialsa cedía gratuitamente las instalaciones del aeródromo como helisuperficie sanitaria para la provincia de Castellón.

El banquete de Justicia

El ex conseller de Justicia e Interior, Miguel Peralta, y Carlos Fabra colocaron la primera piedra de esas instalaciones.

Peralta era el responsable de la Conselleria cuando Avialsa manipuló las facturas para pagar la comida de Navidad del 18 de diciembre de 2006. Los correos a los que ha tenido acceso esta redacción muestran cómo Huerta da indicaciones a sus empleados para que se facture «a la misma a la que facturamos los aviones».

El 29 de marzo de 2007, Luis Ibáñez, ex número dos de Justicia e Interior, emitió una certificación de conformidad de una factura presentada por Huerta a la misma Conselleria.

Según esta documentación, el jefe del cártel del fuego usó una de sus empresas, Airhuerk SL, para camuflar el pago del banquete. Entre los asistentes también estuvo el ex director general Pedro Hidalgo, imputado en el caso.

Los extras consistieron en postres, licores, copas de alcohol y puros, según fuentes presentes en la celebración. Esta factura ascendía a 1.122 euros y se falseó el número de comensales a casi la mitad.

La financiación del PP

Las fechas en las que Avialsa pagó este acto institucional de Camps coinciden con la presunta financiación irregular del PP. Según afirmó el ex secretario general Ricardo Costa en el juicio de Gürtel, por esas fechas los vicepresidentes recaudaban dinero negro de grandes empresarios para sostener en el poder a Camps.

El procedimiento del cártel del fuego que instruye la Audiencia Nacional ha constatado la estrecha relación entre Huerta y diversos dirigentes del PP valenciano. Mientras Huerta financiaba actos oficiales de la Generalitat, los correos aportados a la causa recogen cómo envió ordenadores de segunda mano a la antigua sede central del PP, en la calle Quart de Valencia, para equiparla tras su inauguración.

El cártel del fuego ha acumulado más de 100 millones de euros pactando precios. La trama que desmanteló la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de Valencia tras las revelaciones de un ex ejecutivo del grupo Avialsa, Francisco Alandí, estaba integrada por un grupo de empresas que se repartía todos los concursos públicos de España, Italia o Portugal consensuando los precios de las ofertas.

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