El Gobierno trasladó al Constitucional la gravedad del intento de Puigdemont

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El Gobierno se arriesgó, sin garantías de ganar, en su intento de parar la investidura de Carles Puigdemont. A pesar del varapalo del Consejo de Estado, que no vio base jurídica para actuar preventivamente, el Ejecutivo decidió acudir al Tribunal Constitucional. Se valoró que debía forzar todas las posibilidades, aunque fracasara, antes que asistir pasivamente a que Puigdemont resultara investido a distancia o por persona interpuesta. El Gobierno trasladó su preocupación a varios miembros del tribunal por el quebranto que sufriría el Estado si eso ocurría.

La sesión plenaria del Tribunal Constitucional consiguió llegar a la unanimidad a última hora de la tarde del sábado, aunque la jornada había comenzado con una fuerte división entre sus miembros. Ante las primeras noticias de las diferencias entre los magistrados y, sobre todo, del criterio en contra de admitir el recurso, el Gobierno entró en pánico. Fuentes gubernamentales admiten que el miedo y el vértigo no abandonaron al Ejecutivo desde la tarde del miércoles, cuando el Consejo de Estado rechazó el recurso preventivo “al no haberse producido aún ningún hecho ilegal”.

Con todos los temores a flor de piel, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, animado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió seguir adelante, y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la investidura de Carles Puigdemont. Antes de que los magistrados se reunieran hubo contactos entre miembros del Gobierno y del Tribunal Constitucional. Los ministros, y el propio Rajoy, en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes tenían que tomar la decisión, la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la Cámara catalana. “No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”, señalan fuentes conocedoras de las intenciones de Rajoy y otros miembros del Gobierno al ponerse en contacto con magistrados del Constitucional. “Se apeló a razones de Estado”, continúan estas fuentes.

Independencia de criterio

Por parte del tribunal, se compartió la extrema gravedad del conflicto pero se defendió la independencia de criterio de cada uno de sus miembros. “En ese órgano, no hay jerarquías como en otros, sino que se actúa con criterios individuales”, afirman quienes conocen el funcionamiento del mismo y de las características de sus miembros actuales. Además, las deliberaciones y decisiones de los magistrados han tenido en cuenta la probabilidad de que del lado independentista se recurra ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violación de derechos fundamentales, aplicables a Puigdemont.

Este temor también lo expresa el Gobierno. Aun así, ha estado dispuesto a arrostrar esas consecuencias a medio plazo antes que permitir que Puigdemont sea votado. De ahí que el presidente del Gobierno atendiera los argumentos de su vicepresidenta para dirigirse el jueves al Consejo de Estado, como paso previo al recurso ante el Constitucional. El contacto previo entre el Gobierno y el órgano consultivo existió pero solo con su presidente, José Manuel Romay, que no vislumbró la respuesta negativa de los demás miembros y, singularmente, del ponente, Landelino Lavilla.

Lo mismo podía ocurrir en el Tribunal Constitucional por lo que el Gobierno decidió no hablar solo con uno de sus miembros sino compartir con varios de ellos las graves consecuencias de que no admitieran a trámite el recurso.

“No vamos a hacer seguidismo del Gobierno”. Esta fue una respuesta de un magistrado, según fuentes gubernamentales, que sabían de antemano que así iba a ser. El final fue, sin embargo, mucho mejor de lo que pensaban. No se admitió el recurso y, por tanto, no hubo un sí o un no a paralizar la investidura concreta y singular de Puigdemont, pero los objetivos del Gobierno se vieron cumplidos con creces. No solo que no habrá investidura sin presencia física, sino que se pone a Puigdemont en la tesitura de presentarse ante la justicia para pedir autorización para acudir al Parlament. El Gobierno, además, ha concedido extraordinaria importancia a la advertencia del Constitucional a todos los miembros de la Mesa de que si colaboran con el expresident para que sea investido, sin los requisitos citados, incurrirán en responsabilidad penal. “El Gobierno no quiere que nadie más vaya a la cárcel, sino que propongan a alguien que no esté fugado, ni preso”, señalan fuentes gubernamentales.

Una cena con inquietud

Mariano Rajoy y los miembros del consejo de dirección del PP se reunieron la noche del miércoles para despedir al hasta ahora jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, quien se hará cargo de la Embajada de España ante Naciones Unidas. La secretaria general popular, María Dolores de Cospedal; el coordinador, Fernando Martínez-Maillo; el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, y toda la cúpula popular le agasajaron. Todos los comensales hicieron lo posible para que la velada resultara agradable, pero la preocupación resultaba más que evidente.

Rajoy no se mostró muy explícito en sus comentarios, pero sí lo suficiente como para que todos los reunidos diesen por supuesto que la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional estaba tomada. El paso anterior era pedir el informe preceptivo al Consejo de Estado. Todo ocurriría al día siguiente, el jueves. Algunos de los comensales fueron conscientes de que el presidente “no tenía seguridad de que fuera a salir bien”.

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