Los financiadores del PP ‘pactan’ 1,5 millones en multas cuando recibieron 800 en adjudicaciones

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Más de 800 millones de euros. Es la cifra que facturaron con la Administración cinco de los nueve empresarios acusados en la Gürtel valenciana mientras financiaron en B al Partido Popular para desarrollar los actos de las campañas electorales de los años 2007 y 2008.

La Policía Nacional identificó en varias tablas adjudicaciones de diversas Consellerias y organismos autónomos de la Generalitat Valenciana y se incluyeron en un informe entregado durante la fase inicial de la instrucción.

El apartado que relacionaba las adjudicaciones con las donaciones al PP no tuvo ningún recorrido judicial ni se practicaron más diligencias en este sentido. El resto del informe describía cómo se financiaba el PP en Valencia y el sistema por el que los contratistas pagaban las facturas.

El dossier policial, al que ha tenido acceso EL MUNDO, incluía una primera estimación del volumen de facturación del conglomerado empresarial de Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Antonio Pons y Luis Batalla en el periodo investigado (2006-2009).

El informe figura como prueba en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, pero ninguna parte ha hecho referencia a las adjudicaciones, salvo la representación del PSPV-PSOE, tras el acuerdo de conformidad al que llegaron los empresarios con la Fiscalía.

Todos han reconocido los hechos para sustituir la prisión por una multa porque así lo permitía el Código Penal antes de ser reformado. Según diversas fuentes judiciales, la cantidad que ha abonado cada empresario varía en función de los delitos por los que fue acusado -el que menos ha sido sancionado con 109.500 euros– y la cantidad global se sitúa en torno al millón y medio de euros.

Los empresarios que aparecen como acusados en la pieza de la financiación tenían una posición predominante en el mercado, son grandes contratistas, y no todas las adjudicaciones fueron a cambio de algo. Pero la Policía sí relaciona la financiación con los contratos obtenidos entre los años 2006-2009.

Según la Policía Nacional, el grupo empresarial que más facturó entre las elecciones de 2007 y 2008 fue Sedesa, de Vicente Cotino, sobrino del ex presidente de las Cortes Juan Cotino, para quien la Fiscalía pide una pena de 11 años de cárcel por la pieza separada de Gürtel que juzgará la visita del Papa.

El informe policial recoge adjudicaciones al grupo Sedesa por valor de 539 millones de euros y destaca que Cotino «habría entrado en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra» de una de las sociedades del grupo Correa.

En la operación «también participaría, en cierta medida, Pedro García», ex director de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) procesado junto a Juan Cotino por el supuesto cobro de hasta 500.000 euros en comisiones por el contrato del Papa. Tanto Ricardo Costa como Álvaro Pérez han declarado en el juicio que Juan Cotino fue uno de los dirigentes que habría buscado a los empresarios para pedirles dinero.

Mientras, la empresa de Enrique Gimeno, grupo Facsa, resultó «adjudicataria de numerosos contratos públicos, en la Comunidad Valenciana, principalmente en la zona de Castellón, sobre todo a través de la sociedad de Facsa».

En concreto, la tabla elaborada por los agentes recoge adjudicaciones públicas en periodo electoral por valor de 13,8 millones de euros, la mayoría relacionadas con la entidad pública que gestiona la depuración de aguas (Epsar).

Por lo que respecta a Luis Batalla, del grupo Lubasa, el informe policial elevaba a 77,3 millones los contratos que recibió en fechas próximas a las campañas de 2007 y 2008. Además, alertaba al instructor que la Sindicatura de Comptes consideraba «injustificado» la contratación de un centro de tecnificación en Vila-Real (Castellón) porque el Consell lo adjudicó sin concurso pese a que la obra ascendía a 8 millones de euros.

Sobre Antonio Pons, del grupo Piaf, el informe destacaba que había sido administrador de Patrimonial Millars hasta el año 2009. A partir de ese año, según descubrieron los investigadores, el cargo pasa a ser ocupado por Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat. Ricardo Costa también atribuyó ayer a Campos, condenado por el asunto de los trajes, el papel de recaudador y afirmó que fue a su despacho a recoger dinero de los empresarios.

Al grupo empresarial de Enrique Ortiz, presunto cerebro del caso Brugal, la Policía le atribuyó adjudicaciones en periodo electoral por un valor de 205 millones de euros. Ha pagado en Gürtel una multa de poco más de 100.000 euros a cambio de no entrar en la cárcel.

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