El inusitado anuncio del Gobierno de que no atenderá el informe del Consejo de Estado y recurrirá la candidatura de Puigdemont presenta varios riesgos. El primero, que el Tribunal Constitucional coincida con el órgano consultivo y tampoco considere recurrible el acto de designación de Puigdemont como candidato. El segundo es que admita a trámite el recurso, pero que lo haga dividido y con votos particulares. Eso acabaría con la valiosa unanimidad con la que el Constitucional ha ido resolviendo los asuntos esenciales relacionados con el proceso independentista.
- ¿Qué sucede si el Constitucional rechaza estudiar el recurso?
- Más allá del bochorno político que supondría un segundo revés -tras el del Consejo de Estado-, el Gobierno seguiría teniendo en su mano recurrir decisiones posteriores de la Mesa. Eso sí, todo indica que ya no tendría la capacidad de impedir una votación que invistiera a Puigdemont. Los recursos posteriores podrían concluir con la anulación de la votación, pero ésta ya se habría producido. Precisamente lo que el anunciado recurso pretendía evitar.
- ¿Qué sucede si el Tribunal admite a trámite el recurso?
- La impugnación anunciada por el Ejecutivo incluirá la petición de suspender la vigencia del acuerdo del presidente del Parlament de proponer a Puigdemont. La ley establece que, si se admite a trámite el recurso y se ha pedido la suspensión, esta se acuerda de forma automática durante un periodo de cinco meses. Es decir, la propuesta perdería su vigencia y la votación de investidura, teóricamente, no se podría celebrar.
- ¿Qué sucedería si hay una investidura pese a la suspensión ?
- Podría considerarse como un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales y concluir con la apertura de una causa penal a los miembros de la Mesa del Parlament que hubieran permitido celebrar la sesión de investidura. Este delito se castiga con inhabilitación. Sin embargo -y más aún si hay decisiones posteriores en la misma línea-, la Fiscalía podría considerar lo sucedido como una etapa más en el delito de rebelión, lo que podría llevar a sus responsables ante el Supremo con la amenaza de ir a prisión.