Denuncias e irregularidades: así gestiona Cifuentes los centros de mayores

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Cristina Cifuentes llevaba tan solo unas semanas sentada en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con sede en la antigua casa de Correos. Fue entonces cuando estalló la primera polémica sobre residencias de ancianos en la región: el grupo parlamentario de Podemos denunció en la Asamblea que el centro de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela de la capital, llevaba años funcionando sin licencia. Así lo denunciaba el diputado autonómico Pablo Padilla en las páginas de este periódico. En su tribuna, Padilla recordaba que la gestión de la residencia fue concedida en 2015 a una empresa propiedad de José Luis Ulibarri, procesado entonces en la trama Gürtel.

Más de dos años después, los problemas sobre estos centros se suceden una y otra vez en municipios de Madrid. Ancianos fallecidos y olvidados en las residencias de Alcorcón o Arganda del Rey, denuncias de malos tratos en complejos como el de Ciempozuelos, incendios en las instalaciones de Aravaca, y otras tantas irregularidades. La causa fundamental: el ratio de empleados es deficiente y no está actualizado a las necesidades actuales de los usuarios.

Así lo señalan los grupos de la oposición, los propios trabajadores y las asociaciones de familiares. Denuncian además cómo el Gobierno regional ignora sus quejas. El consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad, Carlos Izquierdo, achaca todo a “fatídicos accidentes” e incluso llegó a menospreciar una protesta de profesionales en la Asamblea de Madrid parafraseando erróneamente al Quijote de Cervantes, con un “ladran, luego cabalgamos” que fue aplaudido sólo por la bancada del Partido Popular.

Las irregularidades, los accidentes e incluso los fallecimientos en las residencias de ancianos se vienen dando desde el inicio de la legislatura de Cristina Cifuentes

El tema se ha tratado de forma recurrente en la Asamblea de Madrid, a través de iniciativas de los grupos de la oposición. Y se volverá a tratar. El diputado de Podemos Raúl Camargo adelanta a Público que en las próximas semanas tendrán lista una Proposición de Ley para actualizar las ratios de profesionales en residencias. Las mismas ratios que el PP defiende que cumple y da como válidas.

Fallecimientos, golpes y deshidratación

Sin embargo las irregularidades, los accidentes e incluso los fallecimientos en las residencias de ancianos se vienen dando desde el inicio de la legislatura de Cristina Cifuentes. El caso más mediático fue la muerte de una mujer, Cecilia, en un residencia de Arganda del Rey al caerse de la cama mientras dormía. Testigo de todo lo ocurrido fue el enfermero Jesús Navarro que, según denunció, aquella fatídica noche estaba trabajando solo. Un enfermero para 343 residentes.

Desde hace año y medio los problemas se vienen sucediendo de manera escalonada en las residencias de titularidad pública pero cuya gestión pasa por manos privadas.

La de Moscatelares es una de ellas. Situada en San Sebastian de los Reyes, en agosto de 2016 el hijo de una interna denunció ante la Policía Nacional las condiciones a las que estaba sometida su madre por “malos tratos”, según recogió la Cadena Ser. La paciente recibió un golpe y tuvieron que darle 13 puntos de sutura.

A principios de abril de 2017, un hombre de 80 años fue hayado muerto en un banco del jardín de una residencia de Alcorcón sin que nadie se percatase. Desde el Gobierno regional se excusaron en que este usuario era autónomo y a veces se marchaba con su familia o no se presentaba a la hora de la cena para explicar que nadie rindiera cuenta de su ausencia. Meses más tarde, la Justicia archivó la causa porque “la aplicación de los protocolos de actuación no tuvieron una relación causal directa con la muerte del anciano”.

El caso más reciente de denuncias en una residencia se dio el 9 de enero. Las dos hijas de una residente acusan al centro del municipio de Ciempozuelos de tener a su madre en estado de deshidratación y malnutrición, lo que la llevó a interponer un escrito ante la Guardia Civil. Además, aportaron varias fotografías en las que podían verse numerosos golpes por todo su cuerpo. Tan sólo unos días más tarde se produjo un nuevo susto. Un incendio en una residencia de Aravaca obligaba a desalojar el edificio. Los equipos de emergencias tuvieron que atender a 20 personas, ingresando a 8 en varios hospitales de la zona.

Los achaques no son los mismos que hace unos años, y por lo general, el residente es más dependiente que hace tan solo una década.

De un rápido vistazo, se pueden contar una media docena de polémicas relacionadas con las residencias de la Comunidad de Madrid desde que comenzó la legislatura. La mayoría de ellas se han achacado a los problemas con el número de trabajadores por residentes, con el que el Ejecutivo regional asegura cumplir “sobradamente”. Así lo defendió Izquierdo a mediados del año pasado, cuando recordó que dichas ratios las estipuló en 2008 “un gobierno socialista” a través del Consejo Territorial. “Esa ratio nunca se ha cuestionado”, planteó, al tiempo que remachaba cómo la Comunidad además se mantiene “muy por encima” de los indicadores estipulados en la legislación.

Pero lo cierto es que esta ratio viene siendo muy cuestionada desde hace años. María Ángeles Bueno, presidenta de la Asociación Plataforma por la Dignidad de los Mayores en Residencias, explica que con el aumento de la esperanza de vida, el perfil de usuario de estas residencias es bien distinto. Los achaques no son los mismos que hace unos años, y por lo general, el residente es más dependiente que hace tan solo una década.

En los mismos términos se pronuncia Jesús Navarro, el enfermero que denunció el pasado verano las circunstancias en las que murió Cecilia en la residencia de Arganda. “La vejez de nuestra sociedad es más longeva, más dependiente y, como tal, demanda el derecho a percibir cuidados profesionales y servicios sociales de calidad”. Para Navarro, la falta de previsión y visión políticas ha conllevado que en estos centros se sufra “una falta de personal importante por culpa de los ratios vigentes, inadecuados para ofrecer más disponibilidad, confianza y una mayor accesibilidad”.

Los diputados en la Asamblea de Madrid del PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en este análisis. La socialista Josefa Navarro asume que dichas ratios “necesitan ser revisadas”. El parlamentario de Ciudadanos Alberto Reyero recuerda por su parte que siempre se habla de ratio de forma general, pero no se concreta, y lamenta la “falta de transparencia” del Gobierno de Cifuentes en este sentido.

Raúl Camargo, de Podemos, comparte la idea de las ratios desfasadas y desactualizadas, y también abre otro melón: la Comunidad tiene 211 residencias para mayores dependientes, 13 para mayores autónomos y 32 centros de días. Muchas de estas instalaciones son o bien de gestión pública o de gestión indirecta a través de concesiones administrativas. Entre estas últimas, hay empresas “que además buscan el mayor beneficio posible: reducen salarios, personal y procuran ajustar al máximo las condiciones que figuran en los pliegos técnicos” y que en ocasiones obvian lo delicado del sector sociosanitario.

La Comunidad, por su parte, explica a Público que Madrid es la región “que más ha reforzado la inspección en las residencias”, y que en tanto los centros de gestión directa como en los de gestión indirecta “se cumple con la normativa vigente en relación al número de trabajadores, auxiliares y médicos que tiene que haber por número de internos”. Al mismo tiempo, la Consejería de Políticas Sociales y Familia apunta que este año ha incrementado un 5% el presupuesto de dependencia.

Ya en el Plan de Residencias 2017-2020, aprobado durante la presente legislatura se contempló que la Comunidad destinaría un montante de más de 30 millones de euros para aumentar el personal en los centros que gestiona la Agencia Madrileña de la Atención Social (AMAS). Para Reyero, sin embargo, esto es un síntoma de que el Gobierno del PP admite que hay deficiencias en estas instalaciones.

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