El Ayuntamiento pide 15 años de cárcel para el ex jefe de mantenimiento que monopolizó con sus empresas las obras municipales

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El Ayuntamiento de Valladolid pide una pena global de 15 años de prisión, 39 de inhabilitación y multas por valor de 537.849 euros, para Luis Alberto Samaniego, el ex funcionario del Ayuntamiento de Valladolid, ocupó el puesto de Jefe del Centro de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones, integrado en el Departamento de Patrimonio del Área de Hacienda y Función Pública, desde el 3 de abril de 2000 hasta el 16 de junio de 2014. Durante todo ese tiempo realizó cientos de adjudicaciones en contratos menores a favor de empresas propias o de familiares suyos, “a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por el cargo que ostentaba, sin poner en conocimiento del Ayuntamiento esta circunstancia y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar”.

Así consta en el escrito de calificación presentado por los servicios jurídicos municipales contra su ex funcionario y todo su clan: su hijo Luis Javier Samaniego Miguélez, Miguel Ángel Rodríguez Patín (socio y administrador de sus sociedades) y Antonio Bernardo Samaniego Fernández (primo del principal imputado y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción). Según entiende el Ayuntamiento, ellos “participaban junto a Samaniego en la adjudicación de esas obras al presentar sus empresas, por orden de aquel, a la licitación de esos contratos menores, con el consiguiente beneficio privilegiado para ellos, sabiendo todos que Luis Alberto tenía incompatibilidad en cuanto a esa actividad”.

El conjunto de penas solicitadas para los cuatro integrantes del clan suma 45 años de prisión por la supuesta comisión de delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa.

Según consta en el escrito de calificación presentada por el Ayuntamiento, para el periodo comprendido entre los años 2008- 2012, el sobrecoste derivado de la propia ejecución material de las obras resulta ser de 355.797,70 € (IVA incluido). “Con los datos obtenidos de los informes anteriores, el perjuicio por sobrecoste de facturación analizada es de: 671.877,08 €”, se apunta además de destacar que “el informe destaca especialmente la facturación por trabajos completos que no se han sido llevado a cabo y que quedan reflejados en la siguiente relación elevándose a 88.269,58 €”.

La conclusión es que “el perjuicio económico derivado de la ausencia de baja se eleva a: 893.268,59 € (IVA Incluido)”, “que el detrimento patrimonial producido al generarse un beneficio ilícito se cifra en: 537.849,00 € (IVA Incluido)” y que “por ello, el detrimento patrimonial producido se cifra: 2.464.647,95 € (IVA Incluido)”, cantidad que se exige a los acusados como indemnización.


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