Por qué el caso de Marta del Castillo es violencia de género

Un grupo de ciudadanos pide justicia para Marta en una concentración en febrero de 2009. ESTHER LOBATO
Un grupo de ciudadanos pide justicia para Marta en una concentración en febrero de 2009. ESTHER LOBATO
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El asesinato de Marta del Castillo sería hoy considerado, e investigado, como un crimen machista

El Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Género revisará en febrero declararlo oficialmente

Los 2.767 días que separan a Marta del Castillo y Diana Quer

Este miércoles se cumplen nueve años del asesinato de una joven a manos de su ex pareja. Habían mantenido una relación, corta es cierto, pero lo suficiente como para ser considerada como tal. Todo apunta a que él, el asesino, ejerció un papel dominante sobre ella y en ese contexto, y es posible que incluso para encubrir una violación, la joven terminó siendo asesinada de un golpe en la cabeza propinado por su antiguo novio. Sucedió en la casa de éste, un piso bajo en la calle León XIII de Sevilla, en el barrio de la Macarena.

Parece, y es, un caso de violencia de género. Pero sucedió en enero de 2009 y ni la concienciación social, policial y judicial ni la jurisprudencia eran los que son ahora. La víctima se llamaba Marta del Castillo. Su asesino, Miguel Carcaño.

Marta del Castillo no está en los registros oficiales de las víctimas de la violencia de género, pero la joven de 17 años fue una víctima de la violencia machista. Murió a manos de un hombre con el que había mantenido una relación de afectividad en la que él fue el dominante. Por si fuera poco, en alguna de sus innumerables confesiones, el asesino dijo que había sido violada y que por eso la mataron. Y si aún no fuera bastante, su muerte se puede también interpretar como un asesinato con desprecio al género femenino.

Los argumentos, y la conclusión, son de la presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia de Género, que, a los nueve años del crimen, tiene más que claro que Marta es tan víctima de la violencia machista como Jennifer, la mujer asesinada en Tenerife el pasado 19 de enero y que es considerada, oficialmente, la última en incorporarse a esa lista negra de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o ex parejas.

Hasta el extremo de que la presidenta del organismo del Consejo General del Poder Judicial para luchar contra la violencia de género va a proponer al grupo de expertos que se va a reunir el próximo 1 de febrero revisar los asesinatos de mujeres de la última década que no fueron considerados como violencia machista pero que deberían haberlo sido. El de Marta del Castillo será uno de ellos.

Ángeles Carmona tiene claro que el caso de Marta del Castillo es un caso de violencia de género «de libro». No sólo a la luz del recién firmado Pacto de Estado, que lo sería sin ninguna duda. Sino por el mero hecho de que se trate de «un asesinato perpetrado por un hombre sobre una mujer» entre los cuales hubo una relación afectiva.

Es la definición que hace la Ley 1/2004, la famosa Ley Integral contra la Violencia de Género que impulsó el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué entonces no se trató el caso de Marta como violencia de género y se, en consecuencia, se investigó como tal?

En primera persona

«Nadie lo pidió. Ninguna de las acusaciones, ni la acusación particular ni el fiscal pidieron que el juzgado de instrucción se inhibiera en favor del juzgado de Violencia», relata Carmona. Y sabe lo que dice, porque aquel día, el de la desaparición de Marta, ella estaba trabajando -era secretaria judicial, hoy letrada de la Administración de Justicia- en el juzgado de Violencia 3 de Sevilla, que estaba de guardia. Es decir, que si alguien lo hubiese solicitado, su juzgado es el que se habría hecho cargo del asunto.

Bajo el paraguas de la Ley contra la Violencia de Género, argumenta, posiblemente no habría cambiado el resultado de la investigación e incluso el del juicio. Pero, enfatiza, algunas cosas se podrían haber hecho de otro modo.

Para empezar, el caso lo habrían asumido profesionales muy especializados, tanto en los juzgados como en la Policía -la investigación la llevó a cabo el Grupo de Menores de la Policía sevillana- y en un marco de mayor coordinación entre todos los actores implicados, «con una red de protección más tupida», en palabras de Ángeles Carmona.

La condena al asesino -21 años que Miguel Carcaño cumple en la prisión de Herrera de la Mancha- seguramente no había sido mayor porque la reforma el Código Penal que introdujo la agravante de género en los asesinatos data de julio de 2015. Si el asesinato de Marta se hubiese producido a partir de ese momento, es seguro que a Carcaño le esperarían unos cuantos años más en prisión, de tres a cuatro según los cálculos de la presidenta del Observatorio del Poder Judicial para la Violencia de Género.

Marta sería la víctima 827 desde que entró en vigor la ley integral de Zapatero.

La revisión del caso Marta del Castillo podría no tener efectos prácticos transcurrida casi una década, pero Carmona está convencida de que su reconocimiento oficial como violencia de género serviría para visibilizar aún más esta lacra y para hacer justicia, cierta justicia, a la joven cuyo cadáver sigue sin aparecer infinitas búsquedas después.

Marta se uniría así a otra joven de trágico final, Diana Quer, cuyo cuerpo sí pudo ser hallado a finales del pasado diciembre y tras algo más de un año de búsqueda y que, tras la aprobación y entrada en vigor del Pacto de Estado es ya, a todos los efectos, víctima de la violencia de género.

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