Investigan si el Govern financió el 1-O a través de la ANC y Òmnium

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La Guardia Civil ha entrado en las sedes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural en Barcelona, además de requerir también información en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, el CTTI.

A petición del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, los agentes habrían entrado acompañados del secretario judicial para buscar documentación administrativa sobre los líderes de las organizaciones, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que están desde hace 100 días en prisión acusados de sedición.

La diligencia ordenada hoy por el juez Llarena respondería al obejtivo de verificar mediante documentación e información de correos electrónicos intercambiados entre los ex dirigentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, con miembros del gobierno de Carles Puigdemont un presunto desvío de fondos públicos para financiar la organización y el operativo del referéndum del 1 de octubre. Fuentes consultadas concretan que los agentes de la unidad operativa de delitos económicos de la Guardia Civil estarían revisando la correspondencia entre los meses de abril de 2016 y octubre de 2017 para comprobar si las entidades soberanistas recibieron dinero público de la Generalitat que podrían haber usado para financiar el referéndum del 1-O.

Fuentes policiales han indicado que los agentes del Instituto Armado han llegado a las sedes con orden judicial y que, al menos en el caso de la ANC, han esperado a que llegara el abogado de Sánchez, Jordi Pina. En el registro en Òmnium Cultural también está presente la abogada de su presidente, Jordi Cuixart.

A las puertas de la sede de la ANC, Pina ha explicado que los agentes están clonando el ordenador de Sánchez y que la diligencia la pidió el Supremo dentro de una causa secreta que abrió la semana pasada.

En concreto, el Tribunal podría estar investigando dentro de este procedimiento la financiación de estas entidades para determinar si recibían fondos públicos que permitieron organizar el 1-O. De esta forma se determinaría la existencia de un delito de malversación del que podrían ser acusados los ex miembros del Govern.

Hasta el momento la Guardia Civil sólo ha determinado que hubo un gasto directo de la Generalitat de 500.000 euros en publicidad para informar sobre las votaciones del referéndum, aunque la Intervención de la Generalitat, ya con la aplicación del artículo 155, entregó un informe al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que se indicó que no se ha efectuado o que no tienen conocimiento de gasto público alguno en el 1-O. Por eso, los investigadores buscan si hubo una forma de camuflar el dinero público para este referéndum.

Tras la entrada policial, Òmnium ha difundido por las redes sociales que la situación es “de absoluta tranquilidad” por lo que piden “que nadie se desplace” a la sede de esta entidad. En el mismo sentido, la ANC indica por twitter que la Guardia Civil está “registrando” el despacho de Jordi Sànchez y añaden que “serenos y convencidos que somos gente de paz”.

En concreto buscan cualquier tipo de documentación relacionada con los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Antes de acceder a su petición, los responsables de cada entidad han pedido la presencia de sus abogados para examinar la orden judicial.

Registro en el Centre de Telecomunicacions

También la Guardia Civil ha entrado en la sede del Centre de Telecomunicacions de Catalunya CTTI para buscar documentación sobre los preparativos para la votación. Efectivos de la Guardia Civil vestidos de paisano se han personado en un coche sin logotipar en las instalaciones que el Govern tiene en el distrito económico de L’Hospitalet de Llobregat. Han llegado poco antes de las diez de la mañana por orden del juez del Supremo Pablo Llarena, según informa Héctor Marín.

Trabajadores del CTTI han explicado a los periodistas que los cinco guardias civiles están reunidos con la dirección del centro tras haber aparcado su vehículo en el interior de las instalaciones. Durante el registro, se ha unido a la reunión el secretario de telecomunicaciones de la Generalitat, Jordi Puigneró, según las mismas fuentes.

“Las diligencias son secretas”, han afirmado los empleados, que han asegurado ignorar qué busca exactamente la Guardia Civil en las instalaciones.

Se trata de una diligencia enmarcada en la investigación a los principales dirigentes políticos catalanes por delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos por el proceso que derivó en una declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre.

Dos furgones de los Mossos d’Esquadra se han apostado en las inmediaciones del CTTI con el propósito de evitar que posibles simpatizantes del movimiento independentista se concentren frente a la puerta de entrada.

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