Zoido cifra en 87 millones el gasto de la ‘operación Copérnico’ en Cataluña y responsabiliza a Puigdemont.

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  • El ministro del Interior denuncia que la actitud de los Mossos fue de ‘absoluta pasividad’.
  • Asegura que el 1-0 se realizaron “acciones organizadas, premeditadas y con reparto de roles entre los más radicales”.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvelado en el Senado uno de los datos más reclamados: el gasto que le ha supuesto al Estado el despliegue policial para frenar los intentos rupturistas del anterior gobierno catalán. Así, el ministro cifra en 87 millones de euros el coste de la operación Copérnico, en la que fueron desplazados a Cataluña hasta 6.000 efectivos policiales.

El ministro ha situado la responsabilidad de este desembolso en la “arrogancia e irresponsabilidad” del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su Gobierno. Zoido ha dado una prolija explicación sobre las actuaciones policiales ante la votación ilegal del 1 de octubre. Cuestiona el papel de los Mossos d’Esquadra en aquel momento. Asegura que su actitud fue de “absoluta pasividad” y subraya la “nula colaboración” ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil, y se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas “una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías”.

Zoido explica que el 1 de octubre, el ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sacó a la calle 7.850 mossos. El día de las elecciones, el 21 de diciembre, participaron en la seguridad de la jornada 11.565 agentes de la policía autonómica. Recordó la tensión que la jornada del 1-O había en las calles catalanas.

“La recepción de información desde primeras horas de la mañana del día 1 de octubre, que apuntaban a la limitada eficacia de la actuación de los Mossos d’Esquadra en orden a impedir la ocupación y apertura de los locales de votación, hizo necesario, dentro del marco legal, y en los términos del citado auto, activar las primeras actuaciones de unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, explicó el ministro. “Se da la circunstancia significativa de que en la mayoría de los casos en los que Mossos afirman haber evitado la actividad de votación en el centro, existiendo un único punto de votación designado en esa localidad (o dos puntos ambos desactivados), el Gobierno catalán ofreció resultados de la votación en esas localidades”, denuncia el ministro.

El ministro ha sido muy crítico con los Mossos: “En la mayoría de los locales de votación en los que se vieron obligadas a intervenir las Fuerzas de Seguridad del Estado había presencia de una patrulla de los Mossos, pero con carácter general, su actitud fue de absoluta pasividad y nula colaboración ante la actuación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil”.

“No me corresponde a mí juzgar si todos cumplieron de la misma forma sus obligaciones. Ya la Justicia se está encargando de analizar el comportamiento de los Mossos ese día, y principalmente de sus mandos, de hecho su máxima autoridad en aquellos momentos, como ustedes bien saben, está siendo investigada en la Audiencia Nacional por delitos tan graves como el de sedición, pero quizá si todos hubiesen cumplido con su obligación, algunos de los hechos que tanto se han criticado no hubieran tenido lugar”, ha añadido.

Sobre las actuaciones policiales durante el 1-O, el ministro explica: “Aunque ustedes pudieron verlo en su día en los diferentes medios de comunicación, las Fuerzas de Seguridad encontraron concentraciones organizadas y preparadas, en algunos caso de cientos de personas, en otras de en torno a 1.500 que, o bien mediante una resistencia pasiva, o bien, ejerciendo directamente la fuerza, trataban de impedir el acceso de los agentes policiales a los locales”. “Las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado tuvieron que apartar uno a uno a cuantos se colocaban como parapeto para impedir su acceso a los locales, intentando con ello obstruir la acción de la Justicia”. “Y no digo que todos los que estuvieran allí fueran radicales, pero sí que había radicales organizados infiltrados entre ellos”, aclara. “Algunos colectivos independentistas impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales”, añade el ministro.

“Tengo que resaltar, porque fue muy relevante, la actuación de los denominados Comités de Defensa del Referéndum (CDR) que, especialmente en la ciudad de Barcelona, operando como elementos de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios de la oposición a las Fuerzas de Seguridad del Estado, habrían protagonizado las acciones de parapeto en los puntos de votación para tratar de impedir las actuaciones policiales”, ha explicado.

“Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero sin duda los responsables de ellos fueron quienes, con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal, generaron un clima de crispación y desobediencia, y no las fuerzas y cuerpos de seguridad”, aseguró el ministro, que defendió a capa y espada la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la jornada del 1-O.

El titular de Interior destacó que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales “que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron”.

Aseguró que se utilizó a niños para tratar de impedir la actuación policial y que “encapuchados”, siguieron “instrucciones internas” difundidas en redes sociales, vigilaron “movimientos policiales” de unidades antidisturbios “para avisar a los colegios de su inminente llegada y organizar los parapetos” e “impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas que impedían el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Nacionalistas catalanes: “No es Justicia, es venganza”

El representante del PDeCAT, el senador Josep Lluís Cleríes, volvió a repetir sus argumentos utilizados cada vez que comparece en el Senado un representante del Gobierno. De nuevo denuncio que durante el 1-O se produjeron 1.006 heridos y que fueron fruto de una actuación policial violenta provocada por el Estado. El dirigente nacionalista aseguró que mientras unos iban con papeletas a votar, el Estado mandó violencia policial para frenar un ejercicio democrático. Cleries, de nuevo, volvió a denunciar lo que considera que son presos políticos y exiliados, para referirse a los representantes encarcelados y a los huidos y reclamados por la Justica, con Puigdemont a la cabeza.

El senador de ERCXavier Castellana denunció que, según el relato del ministro, “la unidad de España está por encima de los derechos humanos, de la soberanía popular y justifica la violencia”. Denunció que el ministro ha manipulado imágenes sobre el uso de menores en la jornada de huelga general, “eso si que es un fake news“. “Su gobierno y el búnker que le acompaña sigue empeñado en responder con violencia y cercenar los derechos que reclaman millones de personas en Cataluña, que fueron miles los que guardaron en sus casas las urnas, custodiaban la democracia pese a sus amenazas y asumiendo riesgos”. “Y como no han podido vengarse, mantienen en prisión a cuatro personas honorables. No es Justicia, es venganza”. “Su gobierno ha construido una realidad paralela, con su circo mediático. La violencia la ha visto el mundo entero”, sentenció.

El representante del PSOEFrancisco Gonzalez Cabaña criticó con dureza la actuación policial del 1 de octubre y centró sus denuncias en los que “dieron las órdenes”. Resumió en tres pilares su intervención: faltó previsión en las actuaciones policiales y de la inteligencia para frenar el ilegal referéndum. Cuestionó que el Estado no fuera capaz de detectar las urnas, lo que provocó que -segundo pilar- se tuviera que improvisar, al encontrarse el Estado colegios abiertos y con urnas dentro. Según su interpretación, si se hubieran incautado las urnas se hubieran evitado las cargas policiales del 1 de octubre. Y a la falta de previsión que llevó a la improvisación, el senador socialista sumó la ingenuidad al creer que el comportamiento del entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, iba a responder a las exigencias judiciales para frenar el 1-O. El representante socialista responsabiliza a los mandos políticos de Interior y la descarga de las fuerzas de seguridad del Estado que entiende que cumplían órdenes.

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