El Gobierno central se desentiende de lo que pase en la Plaza del Grano, triplemente protegida.

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El Gobierno de España no está ni se le espera en la protección de la patrimonial Plaza del Grano de León. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no adoptará “ninguna medida de intervención” porque considera que el controvertido y muy contestado proyecto de reforma de esta plaza tradicional, de los pocos ejemplos que en Europa quedan con este tipo de cantos rodados, es un proyecto “adecuado” en sus “criterios de intervención”.

Se trata de un nuevo espaldarazo al equipo de Gobierno del PP, a la postura que ha mantenido la concejala de Urbanismo, Ana Franco, y Patrimonio de la Junta de Castilla y León, y un jarro de agua fría que se antoja definitivo para los defensores de este espacio, entre otros motivos por la triple protección patrimonial que la propia Junta sí ha concedido.

La respuesta categórica del Gobierno ha sido entregada al senador valenciano de Compromís Carles Mulet, que se había interesado por conocer si el Ministerio intervendría para detener los daños que a su juicio se causaban a la Plaza del Grano también en la actual tercera y última fase de ejecución.

El senador valenciano, defensor de la Plaza del Grano.

La respuesta por escrito a la que ha tenido acceso iLeon.com es de ayer martes 16 de enero y es de lo más categórica. Incluso al asumir como propio el argumento aireado en su día por el PP en el Consistorio de que el empedrado de la plaza tiene tan poco valor como que data en concreto del año 1989. “La Plaza fue remodelada íntegramente en 1989, según la intervención promovida por la Junta de Castilla y León que contemplaba la remodelación integral del pavimento de cantos rodados, que fue levantado por completo”, remarca la respuesta gubernamental, obviando que no sólo la Plaza del Grano sino gran parte de las más conocidas plazas públicas de la ciudad disfrutaron de este tipo de tradicional y artesanal pavimento antes de que se fuera decidiendo ponerle fin hasta dejar el único reducto del Grano.

Además, el Ministerio asume también el argumento del Consistorio de que la desidia municipal y de la propia Junta durante casi tres décadas, que por ejemplo dejó atravesar e incluso aparcar tráfico con absoluta impunidad y contraviniendo sus propias normas, justifica ahora que “la plaza actual se encuentra afectada de patología y lesiones que impiden el correcto funcionamiento de la evacuación de aguas”, al tiempo que incide también en la “accesibilidad” que justificó casi 300 metros cuadrados de aceras perimetrales o, lo que es lo mismo, 300 metros menos de empedrado.

La respuesta estatal da por bueno que “el proyecto recoge una serie de actuaciones que son acordes a las técnicas tradicionales de construcción y no afectan a los valores morfológicos esenciales del entorno del Camino de Santiago”, admitiendo con ello indirectamente que la cercanía de la figura de Patrimonio de la Humanidad a su paso por la ciudad podría afectar a este espacio.

Nuevamente, el “itinerario perimetral accesible a personas con movilidad reducida” es, como mantenía el PP municipal, otro argumento para ponerse de lado. Eso por no recordar el Gobierno, que lo hace nuevamente, que la competencia corresponde al Ayuntamiento leonés y la Junta, que a su juicio están en pleno “cumplimiento de las autorizaciones otorgadas”.

Sin embargo, el senador Mulet está disgustado con la respuesta gubernamental. No porque contravenga su opinión, sustentada en la de decenas de expertos, colectivos, plataformas, asociaciones y vecinos anónimos de la ciudad, sino porque “claramente el Gobierno no responde a ninguna de las cuestiones que le planteábamos”.

Vista de la típica estampa de la Plaza del Grano vista desde las nuevas aceras de La Piconera, que superan los tres metros de anchura.

Cabe recordar que el senador, correa de transmisión de numerosos colectivos leoneses y leonesistas, reclamaba al Gobierno saber si había revisado el proyecto de la Fase III, la que afecta más ampliamente al empedrado, y revisado detalles como la ocultación en tiempo récord de algunos hallazgos arqueológicos, a la hora de valorar si, como han solicitado dos asociaciones a nivel judicial, se le retira al Ayuntamiento y la Junta la competencia en materia de Patrimonio por un presunto “expolio” patrimonial.

En este sentido, el Gobierno admite por escrito que “el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, se interesó por el asunto, efectuando los contactos pertinentes a fin de aclarar los aspectos jurídicos y técnicos problemáticos en torno al proyecto que se está ejecutando”. Tras la “solicitud de intervención” elevada por la la Asociación Mocedá En Pie, “e ha contactado con la Administración autonómica competente -la Junta- para conocer los antecedentes y reclamar el proyecto recientemente aprobado, correspondiente a la tercera fase de las obras, a fin de poder evaluar la citada intervención. Una vez se reciba el proyecto se procederá inmediatamente a su estudio y evaluación, con el objeto de adoptar, en su caso, las medidas que sean oportunas”. O sea, nada concreto porque no se ha revisado la documentación.

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