Los empresarios que financiaron al PP de Camps exigen a la fiscal garantías de una rebaja de la pena.

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El juicio sobre la pieza separada del caso Gürtel dedicada a la supuesta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional con la fase de cuestiones previas y con dos bandos claramente diferenciados, aunque no por ello enfrentados. Por un lado están los acusados que no han alcanzado un acuerdo con la fiscalía y que rebaten la tesis de que empresarios beneficiarios de contratos públicos pagaron conjuntamente 2,2 millones de euros a la mercantil Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, por actos y trabajos para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Todos ellos, capitaneados por Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, han reclamado la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en la investigación, y han planteado que los delitos electorales y de falsedad documental que se dirimen en la sala han prescrito.

En esta idea de la extinción de la responsabilidad penal por el paso del tiempo han sido especialmente insistentes –hasta impacientar al juez José María Vázquez Honrubia- los abogados de Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano, y Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat. Ambos fueron los escuderos en el partido y en el Gobierno regional del expresidente valenciano Francisco Camps y se enfrentan a penas de prisión de siete años y nueve meses y de seis años y medio respectivamente.

El segundo bloque en el banquillo de los acusados lo conforman el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los nueve empresarios que han reconocido que pagaron a Orange Market las cantidades que debió haber abonado el partido conservador en Valencia por los gastos electorales. Correa, trasladado a la Audiencia desde prisión, al igual que Crespo y El Bigotes, ha declinado plantear cuestiones previas pese a enfrentarse a una pena de 24 años y medio de cárcel. La semana pasada, su abogado, Juan Carlos Navarro, presentó un escrito en el que el empresario confesaba que el PP valenciano pagó alrededor de 2,2 millones en dinero negro a sus empresas de organización de eventos. Con ello pretende obtener una rebaja de pena en una eventual condena.

Los empresarios, que el pasado febrero confirmaron la supuesta financiación ilegal del PP de Camps, sí presentaron cuestiones previas. Todos ellos pretenden que la fiscal Myriam Segura confirme antes del trámite de conclusiones definitivas que acepta cambiar por multas –que ya han sido abonadas- las penas de entre cuatro y seis años de prisión que solicitaba inicialmente para ellos por delitos electorales y de falsedad documental. El acuerdo de reconocimiento de los hechos llevará a los acusados a renunciar a los testigos que habían propuesto para el juicio, lo que previsiblemente agilizará el juicio, en el que se han previsto 22 sesiones que terminarán el 6 de abril.

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 20 personas acusadas de delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y contra la Hacienda Pública. El resto de acusados son empresarios sospechosos de financiar de forma irregular a la formación política, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Precisamente todos los empresarios salvo Blanco Balín, considerado cerebro financiero de la red corrupta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción tras reconocer que han realizado distintos abonos al Partido Popular de la Comunidad Valenciana con ocasión de las citadas campañas electorales.

Apoyo en sus contactos políticos

Este juicio de la trama Gürtel es el segundo que celebra la Audiencia Nacional. El primero de ellos fue el relacionado con la primera época de actividades de la red liderada por Correa (1999-2005), y todavía está pendiente de conocerse la sentencia.

El magistrado José María Vázquez Honrubia juzgará los hechos investigados en las piezas 1,2 y 6 de la rama valenciana de la causa. El fiscal recoge en su escrito de acusación que Correa controló un grupo de empresas que “aprovechó” el acceso a “determinadas personas” que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

La Fiscalía pide para Correa y Crespo 24 años y medio de prisión; mientras que para El Bigotes solicita 27 años de prisión. Estos tres se encuentran ya en prisión cumpliendo la condena de hasta 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Para los exaltos cargos del PP valenciano solicita siete años y nueve meses de cárcel, menos para la extesorera del PPCV Yolanda García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión. En cuanto a los empresarios arrepentidos han aceptado las penas que oscilan entre 15 y 21 meses.

Correa busca la rebaja de su pena

El líder de la Gürtel también busca una rebaja de su pena. Unos días antes del comienzo de la vista oral remitió un escrito al juez en el que reconoció que los servicios que Orange Market prestaron a los populares valencianos fueron abonados “mediante facturas correctas; mediante pagos en b y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas”.

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