Un alcalde confiesa que empadronó a parientes y amigos para seguir en el cargo.

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Elude la cárcel con una multa mientras la oposición estudia reclamar la nulidad de las elecciones municipales, algo que la junta electoral rechazó en 2015 alegando que las inscripciones de votantes son asunto del Censo.

Algo no va bien cuando es el alcalde el que elige a los vecinos. Tanto chirría una situación de ese tipo, que el edil puede acabar condenado por un delito electoral, como le ha ocurrido este lunes a Francisco Pardillos Marín, del Par, que ha confesado cómo unos meses antes de las municipales de mayo de 2015, en las que revalidó la alcaldía a la que había accedido tras ser inhabilitado por prevaricación su primo Jesús, aprobó el empadronamiento de once parientes, amigos y empleados en Manchones (Zaragoza) “con el fin de que constasen como electores” y “a sabiendas de que no residían” allí.

Pardillos eludirá la prisión pese a la condena. La confesión forma parte de un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones que reduce su pena a seis meses de cárcel (sustituidos por una multa de 1.080 euros) y una multa de 540, con una pena accesoria de medio año de inhabilitación para el sufragio pasivo que conllevará su cese.

Al tratarse de un concejo abierto de cinco concejales Pardillos será relevado por el sexto candidato más votado en 2015, en este caso el candidato de IU Ángel Vicente, que será el segundo edil de la oposición junto con la socialista Natividad Badules aunque el Par mantendrá una mayoría suficiente de tres para elegir al nuevo alcalde.

¿Revisar las municipales de 2015?

La duración de la condena no impedirá que pueda volver a presentarse en las municipales de 2019. Sin embargo, esa sentencia, firme desde el momento en que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza la dictó de viva voz este lunes, abre una vía inédita a la eventual repetición de unas elecciones por la manipulación del censo, algo que ocurre con relativa frecuencia en el mundo rural.

En mayo de 2015, las dos formaciones que se consideran perjudicadas por la manipulación del censo, PSOE e IU, denunciaron ante la Junta Electoral de Daroca que en las municipales habían votado más de una decena de personas que no residían de manera habitual en el pueblo. Los once empadronamientos irregulares confesados por el alcalde suponen casi la décima parte del censo, formado por 128 votantes y en el que solo se abstuvieron catorce, cuatro más que en 2011.

Según explicaron fuentes de ambas formaciones, la junta rechazó la impugnación alegando que ese asunto es competencia de la Oficina del Censo. Ahora se plantean reabrir esa reclamación a partir de la sentencia, que confirma que una parte de los votantes inscritos no debían haber emitido su sufragio.

Más demandas por el padrón

Donde sí va a ir la sentencia es a los juzgados de lo Contencioso. El propio magistrado anunció que la remitirá al que tramita el pleito en el que ocho personas críticas con la gestión del alcalde y que residen en el pueblo con frecuencia han demandado al ayuntamiento por denegarles la inscripción en el padrón, precisamente en las mismas fechas en las que Pardillos tramitó las altas cuya ilegalidad ha confesado ahora.

Ese tipo de procesos administrativos contemplan la posibilidad de inhabilitar a cargos y empleados públicos cuando sus decisiones afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos.

El relato de hechos admitido por el alcalde recoge cómo este, entre noviembre y diciembre de 2014, “como quiera que tenía la intención de presentarse a su reelección”, aprobó la incorporación al padrón de su hermana, dos primos de Valencia, seis amigos y primos de su padre y dos empleados suyos, en este caso con su propio domicilio como dirección. Varios de ellos figuran como residentes en señas que no existen o que corresponden a casas deshabitadas.

Francisco Pardillos se enfrentaba inicialmente a peticiones de condena de hasta dos años de cárcel y quince de inhabilitación, más multas de hasta 7.200 euros, por un delito electoral de alteración del censo y otro de prevaricación. Sin embargo, el acuerdo, formalizado tras una breve vista a puerta cerrada, considera que la prevaricación se encuentra subsumida en la infracción electoral.

Segundo alcalde condenado en cuatro años

La sentencia, en cualquier caso, no zanja la tensión que se vive en este pequeño municipio zaragozano, cuyos dos últimos alcaldes han sido condenados en menos de cuatro años por asuntos relacionados con la gestión municipal.

La Audiencia de Zaragoza inhabilitó durante nueve años a Jesús Pardillos, antecesor de Francisco, por las trabas ilegales que puso durante meses para impedir que una familia pudiera ampliar la granja de pollos con la que se gana la vida.

La resolución, que condenaba al anterior alcalde a indemnizar con 137.614 euros a las víctimas, fue emitida en mayo de 2014 y confirmada en abril del año siguiente por el Supremo, que describió la conducta de aquel como “lo que en lenguaje coloquial se conoce como una ‘alcaldada'”, por su “abuso de autoridad” y su “intención de perjudicar en todo momento” a los afectados.

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