El juez acumula la investigación de financiación ilegal de González y Granados en una misma causa.

Ignacio González
Ignacio González
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El juez de la Audiencia Nacional Diego De Egea ha acordado unificar las piezas dentro de las causas en las que se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid, principalmente en los años 2007 y 2011 con Esperanza Aguirre como candidata. Hasta ahora, se estaba investigando en dos sumarios distintos, Lezo y Púnica, que afecta a la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid.

En un auto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor considera que para no duplicar investigaciones, la parte que afecta a la financiación ilegal del PP de Madrid debe seguirse a partir de ahora en el ‘caso Púnica’ -que también investiga su Juzgado- inhibiéndose de la pieza 4 del ‘asunto Lezo’. Explica que la única diferencia en ambas investigaciones es que en una campaña era Ignacio González el secretario general del partido en la Comunidad cuando en la otra era Francisco Granados.

 

 

González fue encarcelado por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado mes de abril por diversos delitos de corrupción, dos años y medio después de que el mismo juez acordara el encarcelamiento de Granados. Ambos fueron personas de máxima confianza de Aguirre cuando ésta fue presidenta de la Comunidad de Madrid.

La operación por la que se detuvo a Granados, conocida como ‘caso Púnica’ estalló en octubre de 2014. De la instrucción se desprendió que en varias campañas electorales, el PP de Madrid habría pagado gastos de campaña con dinero negro o a través de facturación falsa para no superar el límite electoral controlado por el Tribunal de Cuentas.

Analizar la llamada Aguirre-González

Principalmente, las campañas que están puestas en entredicho en el ‘caso Púnica’ son las de 2003, 2007, 2008 (elecciones generales), las dos primeras con Aguirre como candidata, y con Beltrán Gutiérrez como gerente del partido, y por lo que se encuentra investigado en esta causa. Es más, entre la documentación que el juez ordena que se investigue es la conversación mantenida entre González y Aguirre, en la que ésta última reconoce que “puede” que el partido se saltara el límite de dinero electoral para la campaña.

Por otro lado, en la causa conocida como “Lezo” y por la que fue detenido Ignacio González por orden de la Fiscalía Anticorrupción y tras una investigación de la UCO de la Guardia Civil, también se destapó la financiación ilegal del mismo partido pero principalmente con datos de 2011, aunque también aparecen indicios de la campaña de 2007.

 

 

El juez analiza un informe policial aportado en abril en el ‘caso Lezo’ relativo a la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid a través del ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad -ICM-, en el que se especifica que el objeto de su investigación es la campaña electoral del año 2011.

”Analizando el contenido de este informe se observa que estos mismos hechos, con anterioridad a la incoación de estas diligencias previas, estaban ya siendo investigados en otro procedimiento judicial -caso Púnica-, lo que se pone de manifiesto en el propio informe policial incorporado a este procedimiento”, recoge el auto del magistrado.

Sobrepasar el techo de gasto electoral

”Por tanto, examinando el contenido del informe policial incorporado a este procedimiento se observa que, su objeto se centra en analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del año 2011, detallando que, tal y como ocurrió en las elecciones del año 2007, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral”, sostiene la resolución.

Según recuerda, recurrieron a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores para, “eludiendo la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid, abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, sirviéndose del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales”. Estos pagos se canalizaban a través de distintas empresas instrumentales vinculadas a empresarios investigados como Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez.

 

 

Solapamiento de casos

A juicio el magistrado, y tal y como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción, se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones, siendo el informe presentado en el ‘caso Lezo’ por la Guardia Civil “una continuación y complemento del incorporado en aquellas diligencias que, al haber sido incoadas con anterioridad e incluir en su objeto de investigación los hechos relativos a la campaña electoral del año 2011, son las que tienen que conocer de la totalidad de los mismos”.

Así, destaca que la identidad de los intervinientes en las campañas electorales investigadas, entre los que se encuentran Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de la CAM durante los hechos investigados; José Martínez Nicolás, consejero delegado entonces de ICM; Borja Sarasola, ex diputado de la Asamblea de Madrid; Oscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echeverría y José Miguel Alonso Gómez, administradores de hecho o de derecho de las empresas instrumentales utilizadas para canalizar los referidos pagos a favor bien de empresas de su grupo bien de terceras empresas o Santiago Roura Lama y Jesús Gil Ortega, empleados de la sociedad Indra.

”Siendo, en definitiva, la diferencia existente entre ambas campañas electorales la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la CAM que, en la campaña del 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González, circunstancia esta que, en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos”, añade el auto.

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