La UCO insiste en investigar a Zaplana por maniobrar en adjudicaciones a favor de la trama Púnica

Zaplana
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  • También señala al ex presidente madrileño Ignacio González por adjudicar irregularmente desde el Canal de Isabel II a favor de la organización

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil insiste al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, debe ser investigado en el ‘caso Púnica’ por haber mediado entre cargos del PP para que favorecieran a la trama, principalmente a los empresarios investigados David Marjaliza y Alejandro de Pedro.

En un informe fechado el pasado 18 de diciembre, y al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes encargados de los investigación señalan a Zaplana, ministro en la época de José María Aznar y ex presidente de la Generalitat valenciana, por haber realizado movimientos a favor de trama.

 

 

En un informe de noviembre, la UCO ya señalaba que podría haber cometido un delito de tráfico de influencias por contactar a la trama con la ex alcaldesa de Madrid y mujer de Aznar, Ana Botella. En el nuevo documento entregado en la Audiencia Nacional, los investigadores explican que a cambio de que le pusiera en contacto con políticos, De Pedro -dueño de una empresa encargada de hacer trabajos de reputación ‘on line’- le habría ofrecido alguna participación en un proyecto empresarial que tenía en marcha en Sudamérica.

Provecho de los contactos políticos

La Guardia Civil se basa para sus sospechas en conversaciones mantenidas entre De Pedro y el propio Zaplana, a quien le daba cuenta de los pasos que iba a seguir en sus contactos con autoridades en países como Panamá, Brasil o Guatemala. En este negocio tenía previsto invertir otro de los investigados en la causa, Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir.

”De Pedro y su socio José Antonio Alonso formaban parte de un grupo de personas, vinculadas entre sí por relaciones personales y empresariales, que sacaban provecho de los vasos comunicantes entre el mundo empresarial y la vida política, siendo la puerta de entrada la reputación ‘online’, dimensión de la vida pública actual de una importancia

creciente, muy en especial para personas o instituciones que dependen de la percepción social que se tenga de ellos, como es el caso de los cargos públicos electos”, recoge el informe.

Zaplana, expresión del tráfico de influencias

Asimismo, la UCO destaca que “una de las expresiones del uso del tráfico de influencias del que hacían uso De Pedro y Alonso han sido los repetidos contactos con Eduardo Zaplana de quién perseguían que les beneficiase en procesos de licitación”. En concreto, señalan la construcción de colegios a favor de David Marjaliza -amigo y socio durante años del ex número 3 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y principal investigado en la causa- así como en una obra a una empresa vinculada al hermano de De Pedro.

En las conversaciones relativas a estos contactos existen “alusiones veladas” al pago de comisiones. “La proximidad al poder político la habría labrado gracias a las labores de reputación personal de cargos ‘públicos y la contribución a las campañas electorales a través de los servicios web en lo que se conocía como ‘campañas 2.0’ y a través de los contactos en la vida política de su socio, José Antonio Alonso Conesa”, ex alcalde de Cartagena (Murcia).

“Participación encubierta”

En este ámbito, la Guardia Civil sostiene que Zaplana les facilitó los contactos con personas vinculadas con el Ayuntamiento de Elche (Alicante) para la contratación de una campaña de desprestigio en Internet en el marco de una situación de crisis política del gobierno municipal que había perdido la mayoría, que se pretendía financiar como la contratación de banners publicitarios.

”Ha quedado evidenciado el proyecto para dar participación a Zaplana en alguno de las iniciativas empresariales que tenía previsto poner en marcha Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso. En este punto, llama la atención que la participación de Eduardo Zaplana fuera de naturaleza encubierta, desconociendo el trasfondo del conflicto de intereses que pudiera existir en este aspecto”, concluye el informe.

Ignacio González, señalado

 

 

En otro informe, la UCO señala al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por presunta responsabilidad penal por haber favorecido a la trama con dinero del Canal de Isabel II a cambio de trabajos de reputación ‘online’ para su persona. Según el documento, De Pedro habría realizado trabajos de reputación ‘online’ tanto para González como para su antecesora, Esperanza Aguirre.

A cambio, desde la Comunidad de Madrid se habría adjudicado a las empresa de De Pedro de manera irregular para beneficiarle. Según la UCO, “el uso instrumental de empresas públicas como Canal de Isabel II e ICM, , donde varios de los implicados, como González, y los ex consejeros Borja Sarasola y Salvador Victoria, ocupaban cargos de responsabilidad, fue la estrategia nuclear empleada para encontrar vías alternativas de pago de la deuda por servicios reputacionales prestados a altos cargos de la Comunidad”.

González está encausado por otro asunto conocido como ‘caso Lezo’ por el que fue enviado a prisión el pasado 21 de abril y donde permaneció durante siete meses hasta que consiguió su libertad provisional durante la fase de instrucción.

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