El pasado mes de julio, la fiscalía de Madrid realizó una denuncia en los juzgados de Colmenar Viejo por un presunto delito de prevaricación urbanística que implicaba a 13 personas. Lo destacado de esta denuncia es que la firmó el fiscal jefe de Madrid en lugar de César Estirado, que era el fiscal encargado del caso y que se negó a hacerlo. El motivo: Estirado incluía entre los investigados al alto cargo de Catalá.
Según ha confirmado el propio fiscal jefe a Europa Press, ha sido el propio Estirado el que ha pedido ser relevado al verse incapaz de continuar en la instrucción y calificación de la causa en unos términos «contrarios a su parecer jurídico». A partir de ahora, la fiscal decana de Alcobendas se hará cargo de la investigación.
Entre las personas denunciadas se encuentran el alcalde y presidente del Partido Popular en Hoyo de Manzanares, Ramón Regueiras; seis concejales del Gobierno Local; y otras siete personas, entre ellas a la edil de Ciudadanos Elena Talavera y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.
La investigación versa sobre el intento de segregar una parcela para unir la A6 con un nuevo desarrollo urbanístico que proyectaba construir la universidad. Más concretamente, la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija.
El PSOE denuncia la decisión de Polo
El PSOE ha denunciado este jueves la decisión de la Fiscalía de Madrid. «Ese tipo de actuaciones hacen que cada día la gente pierda más la confianza en una justicia que se está viendo claramente influida por la visión del Gobierno de Mariano Rajoy y de su ministro reprobado, Rafael Catalá», ha advertido el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló.
«Si ante indicios iguales, se decide a quién se investiga y a quién no sólo porque algunos tengan cargos públicos en la actualidad, estamos evidenciando que la justicia no es igual para todos«, ha alertado en un comunicado.
Este hecho ha llevado al dirigente socialista a considerar que la justicia española está «en crisis», pues el ministro del ramo, que está reprobado, actúa de forma «arbitraria» y mantiene a la justicia «en una absoluta parálisis, sometida a criterios de amiguismo e intereses políticos».
Perelló ha citado el caso concreto de la plaza de secretario de gobierno de la Comunidad Valenciana, que está vacante desde el mes de septiembre y que «el Gobierno no convoca porque no está seguro de a quién le va a tocar».
«Del mismo modo que -denuncia- hay otras plazas sin cubrir por caprichos del Gobierno que distribuye órganos jurisdiccionales y convocatorias a su libre albedrío, basándose en conceptos como el amiguismo y la política, en vez de tener en cuenta tres principios básicos de la Justicia y de la administración pública como son el mérito, la capacidad y la independencia».
«Catalá se está cargando la independencia judicial, la capacidad y el mérito en la selección y nosotros no vamos a dejar de denunciarlo», ha concluido el miembro de la dirección del PSOE de Pedro Sánchez.