No es de extrañar que la Administración de Justicia sea la que peor valoración obtiene en todas las encuestas sociológicas. Su imagen difícilmente puede ser más negativa y desde luego no es por casualidad.
La percepción de la gente, ratificada en cuanto aparece la menor oportunidad, es que la justicia actúa de muy diferentes maneras en función de quiénes son los juzgados. Esta percepción no sólo corresponde a la gente del común, sino que diversos funcionarios de la Administración de Justicia que se esfuerzan para que ésta sea simplemente «justa y eficaz» comparten tal punto de vista, cuestión que ha condicionado la paralización de sus carreras profesionales o en algunos casos la expulsión de la judicatura.
Prevaricar: “Dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta (…) La prevaricación consiste en el abuso de la posición que el derecho otorga al juez o al funcionario (…) En suma, la no aplicación de la ley o la aplicación torcida por la propia convicción del propio juez o Magistrado”.
Diferentes miembros de las instituciones legítimas de Cataluña y de asociaciones civiles, entre ellos el President de la Generalitat, fueron inicialmente procesados entre otros cargos por sedición y rebelión por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Se dio la circunstancia de que cinco de los procesados -el President Puigdemont y cuatro Consellers- se exiliaron en Bruselas.
La juez Carmen Lamela activó el pasado 5 de noviembre las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega siguiendo una lógica obvia desde el punto de vista jurídico: utilizar todos los mecanismos al alcance de la administración de la Justicia española para poder sustanciar las medidas que corresponden con unos presuntos delincuentes (según la visión del Estado español) a los que se les encausa por delitos que pueden aparejar en la práctica una cadena perpetua, desde el punto de vista funcional: hasta 30 años de cárcel.
Todos los partidos del Régimen del 78, así como el conjunto de su entramado institucional y mediático, aplaudieron la medida y además se frotaron las manos con la fantasía de ver a Puigdemont y al resto de miembros del Govern siendo entregados por las autoridades belgas a la Guardia Civil.
Pero resulta que no, la cosa se torció y la Administración de Justicia belga tenía una percepción distinta, digamos más civilizada, sobre los teóricos delitos que los cinco exiliados en Bélgica habían cometido; de tal manera que si el proceso de extradición continuaba, la resolución de la Justicia belga afectaría no sólo a los/as imputados/as que allí residen forzosamente, sino de una forma indirecta al conjunto de los imputados actuales y futuros, que según informaciones aparecidas en algunos medios, aumentarán a más de cuarenta después de las elecciones del 21-D.
Conclusión: La operación de castigo sobre el movimiento soberanista-republicano catalán quedaría seriamente afectada.
Es en esta situación en la que el juez del Tribunal Supremo, el Sr. Llarena, en cuyo juzgado se ha concentrado la instrucción de la causa contra el movimiento republicano-soberanista catalán, decide actuar y retira las órdenes europeas de detención y entrega con el aplauso de todos los que antes habían jaleado a la jueza Carmen Lamela.
La pregunta que nos hacemos es: Si realmente tienen la consideración de delincuentes, ¿cómo desde la Administración de Justicia española se puede renunciar al único instrumento legal para conseguir sentarlos en el banquillo de los acusados? ¿No es esta actitud una forma de instrumentalización de la Justicia y por tanto de prevaricación?
No podemos dejar de reseñar algunos de los muchos casos en que se ha hecho una clara instrumentalización política de la Justicia para preservar el Régimen del 78. Nos estamos refiriendo al caso Gürtel y sus numerosísimas irregularidades, desde el procesamiento, condena y expulsión de la carrera judicial del juez Garzón, hasta los últimos cambios de jueces para favorecer la mejor solución del caso para el Partido Popular; o el caso del juicio a Urdangarín y a la Infanta del que ya nadie parece acordarse.
En un Estado de Derecho la Justicia tienen que ser por lo menos creíble. Ese desde luego no es el caso del Estado español.
Izquierda Castellana
Castilla, a 15 de diciembre de 2017