La PAH de Guadalajara vuelve a encerrarse en una sucursal bancaria para evitar un desahucio

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La acción intenta ganar tiempo y un aplazamiento temporal del juicio que podría dejar en la calle a una mujer y sus dos hijos que ocuparon una vivienda hace tres años

Caixabank continuará adelante con el proceso “por cuestión de seguridad jurídica” al no existir relación contractual con la familia demandada

El Ayuntamiento de Cabanillas ha mediado, sin éxito, en el caso y pide a la entidad que ofrezca alternativa habitacional 

Activistas de la PAH de Guadalajara

Activistas de la PAH de Guadalajara

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara han vuelto este jueves a entrar en una sucursal bancaria para reclamar la retirada de la demanda judicial contra Paola, una vecina de Cabanillas del Campo que ocupó una vivienda hace tres años, en la que vive con sus dos hijos pequeños, y que se enfrentará a juicio el próximo 19 de diciembre. 

La familia de Paola fue una de las 15 que ocuparon viviendas en esta localidad del Corredor del Henares que llevaban más de diez años vacías y que, según la PAH, han mantenido y rehabilitado tras ser abandonadas por una constructora en quiebra. Las viviendas pasaron después a ser propiedad de Caixabank, entidad con la que estas familias no tienen ninguna relación contractual, según confirma el alcalde de Cabanillas, José García Salinas.

“No hablamos de un desahucio hipotecario sino de una ocupación de vivienda sin título de propiedad”. El alcalde explica que determinadas personas se dedicaron a cambiar las cerraduras, ocupar las casas y venderlas a terceros “por 1.000 euros”.  Según García Salinas, “fue el caso de Paola. Y La Caixa, en su legítimo derecho, ha ejercido el procedimiento judicial para que abandonen la vivienda”.

La portavoz de la PAH Guadalajara, Julia Sánchez,  ha vuelto a pedir hoy que se retire la demanda y que se negocie un alquiler social para la familia de Paola. Varios miembros de la PAH Guadalajara han permanecido en el interior de la sucursal de la céntrica plaza del Jardinillo de esta ciudad hasta el cierre de la oficina al mediodía y no descartan repetir la acción en próximos días.  

El pasado 6 de diciembre, ocho activistas fueron detenidos cuando protagonizaron una acción similar en otra sucursal de Cabanillas del Campo, en la que permanecieron encerrados después de la hora del cierre, fueron desalojados y detenidos durante unas horas en el cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara. 

La mediación del Ayuntamiento, sin resultado

El alcalde de Cabanillas del Campo explica que el Ayuntamiento ha intentado mediar con la filial inmobiliaria de la entidad “para que esta familia no se quedase en la calle y tuviese alternativa habitacional con un alquiler social o similar”. Hasta la fecha no ha sido posible. 

Fuentes de Caixabank consultadas por  eldiarioclm.es aseguran no poder dar marcha atrás en el proceso “por una cuestión de seguridad jurídica. Si algo les pasa a los okupas en estos inmuebles, sin estar denunciados, la responsabilidad sería nuestra”. 

En este aspecto, comenta el alcalde, “yo entiendo que se tenga que desocupar la vivienda para no hablar de usurpación. Deben renunciar de facto. Es correcto lo que plantea Caixabank pero no lo es tener una vivienda vacía. Ofrece un alquiler para que no se queden en la calle”, espeta el alcalde. Es la posición municipal que, dice, se ha trasladado a la entidad.

Según ha podido saber eldiarioclm.es, esta entidad y la Junta de Castilla-La Mancha llevan meses negociando la posibilidad de que Caixabank, al igual que otras entidades bancarias, pongan a disposición de la Administración regional viviendas vacías que puedan ser gestionadas por el Ejecutivo castellano-manchego y destinadas a aquellas familias que puedan necesitarlo. De hecho, esta entidad bancaria promociona desde 2005 sus más de 30.000 viviendas en toda España, en algunos casos con un precio de alquiler de 85 euros al mes.

En caso de producirse el lanzamiento de esta familia, el alcalde confía en la intervención de la Consejería de Bienestar Social. “Si se llega a producir un hecho, que genera indefensión social, entiendo que debe atender las necesidades básicas inminentes de esta familia. Espero que la Junta no les deje en la calle. Y si tenemos que pagar unas noches de hotel mientras se resuelve, lo haremos”. 

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