El Tribunal Supremo ordena investigar a los CDR y al ‘Comité Estratégico’ del proceso catalán

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de Catalunya.

La criminalización del movimiento independentista catalán se va profundizando, al compás de la aplicación del 155 y de la escalada represiva. El Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil y a un juzgado de Barcelona informes sobre las direcciones del PDeCAT, ERC, AMI, Òmnium y ANC y los CDR por si se pusieron de acuerdo para hacer movilizaciones y declarar la independencia. La escalada represiva contra el proceso de autodeterminación de Catalunya -multas, detenciones, encarcelamientos, prohibiciones, acciones ultras…- sigue su curso, espoleada por el frenazo que la dirección le impuso al movimiento y por contraofensiva reaccionaria del 155.

 


 

El juez del Supremo amplía la investigación por rebelión a las direcciones de ERC y PDeCAT

Llarena pide a la Guardia Civil que informe sobre los llamados Comités de Defensa del Referéndum, posteriormente rebautizados de la República, y del supuesto Comité Estratégico para la independencia de Catalunya

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acaba de requerir a la Guardia Civil que realice un informe amplío para conocer quiénes son los responsables de ERC y PDeCAT que han organizado la estrategia para conseguir la independencia de Catalunya fuera de las vías legales. En una providencia el magistrado reclama al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las actuaciones practicadas en sobre la organización del referéndum.

Reclama que se deduzca testimonio sobre el llamado Libro Blanco para la independencia de Catalunya, del documento Enfocats y del resto de documentación incautada que se entienda directamente relacionada con un eventual ‘concierto’ para declarar la independencia de Catalunya o que muestre la realización de actos de ejecución en tal sentido.

En concreto, solicita al grupo de policía judicial que practique diligencias sobre si hubo un eventual ‘concierto’ inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones ANC y Omnium, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Catalunya. Del mismo modo, el magistrado pregunta si algunas de estas entidades han sufragado algunas de las actuaciones acordadas por algunos de estos partidos políticos.

El magistrado pretende que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.

Persigue las agresiones

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento sufridos en Catalunya con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.

Además, pide a la Guardia Civil un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comité de Defensa del Referéndum” y “Comité de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento Enfocats.

 

En busca de fondos públicos

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

Por último, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el conseller de Interior en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.

El magistrado reclama también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los miembros de la mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.

 

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El Supremo ordena de investigar los CDR y las personas del ‘comité estratégico’ del proceso

Llarena solicita informes a la Guardia Civil para saber si PDeCAT, ERC, AMI, Òmnium y ANC se pusieron de acuerdo para hacer movilizaciones y declarar la independencia

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado una providencia donde ordena a la Guardia Civil que investigue el papel de CDC, PDECat, ERC, ANC, Òmnium Cultural, la AMI y las personas que aparecen como miembros del supuesto ‘comité estratégico’ descrito en el documento ‘Enfocats’, presuntamente encontrado por la Guardia Civil en casa del secretario general de Economía, Josep Maria Jové, durante la actuación policial del 20 de septiembre.

Además, sitúa en el punto de mira a los Comités de Defensa de la República, de los que quiere saber tanto sus actuaciones concretas cómo quienes son las personas responsables. También pide investigar si CDC, PDECat, ERC, ANC, Òmnium Cultural y la AMI impulsaron ‘movilizaciones sociales como un instrumento para conseguir o facilitar la declaración de independencia de Cataluña’.

Sobre estas movilizaciones, el juez Llarena se fija en los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, de los cuales pide describir los ‘episodios violentos’. Llarena pide explícitamente a la Guardia Civil que se incluya en la descripción de estos hechos el posicionamiento, a favor o en contra, de las personas que aparecen en el llamado ‘comité estratégico’ del documento ‘Enfocats’.

La Guardia Civil también tendrá que investigar si se han destinado fondos públicos, o comprometido en firme, para pagar la campaña del referéndum, la impresión de papeletas, la compra de urnas, el registro de catalanes al extranjero u otros.

Por último, Llanera pide investigar las órdenes, o la ausencia de ellas, del consejero de Interior en relación a los hechos que investiga.

 

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