La responsable de liquidar Banco Popular ironiza con que la decisión es un “festín” para los abogados

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La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera. König fue la responsable de liquidar Banco Popular y llegaba al Parlamento rodeada por la polémica que supuso una filtración sobre unas declaraciones suyas sobre la difícil situación del Banco. Las palabras de König, difundidas por Reuters, precipitaron la huida de capitales que terminó con la venta por un euro a Banco Santander.

“La resolución es intrusiva e, inevitablemente, genera acciones legales”, ha apuntado König, que ha lamentado el “festín” en que se ha convertido la resolución de Popular para los abogados que recurren las acciones legales de la Unión Europea y de las autoridades nacionales involucradas en la decisión. Según ha explicado, corresponde a los tribunales europeos y españoles resolver sobre estas acciones legales.

En este sentido, König ha recordado que el organismo publicará a principios de 2018 un tercer informe sobre la resolución de Popular, realizado a posteriori, que determinará si es necesario compensar a los accionistas afectados.

Si este informe determina que los accionistas y acreedores del banco –que vieron reducidos a cero sus títulos en la entidad resuelta– quedaron en peor situación tras la resolución de la que hubieran quedado en el caso de que Popular hubiera entrado en concurso –”pero no creo que sea así”, ha dicho–, la JUR estaría obligada a compensarles la diferencia.

Por otra parte, König se ha referido al informe de valoración de Popular que realizó Deloitte, cuyo acceso la JUR ha negado en dos ocasiones a esta comisión, si bien fuentes de la misma informaron a Europa Press que se ha optado por recurrir ante el Panel de Recurso de la Junta Única de Resolución (JUR). Este organismo falló hace unos días facilitar el acceso a parte del informe a inversores afectados, como la familia Luksica través de Aeris Invest, la Mutualidad de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades.

La presidenta de la JUR ha reiterado que el organismo está valorando las decisiones del Panel de Recurso y tiene la intención de publicar este primer informe, sin las partes confidenciales, antes de final de este año en su página web, así como algunos aspectos adicionales.

König ha explicado que la demora en la publicación de este informe se debe a que, antes de hacerlo, es necesario consultar a los demás intermediarios, entre los que se incluye el Banco Santander, que adquirió la entidad el pasado 7 de junio por el precio simbólico de un euro.

En todo caso, la responsable de la JUR ha aclarado que la valoración de la entidad es diferente al precio de compra, que se establece por parte del comprador con arreglo a un proceso de venta competitivo.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos han insistido a König en que explicase la filtración que protagonizó y en que aclarara si hubo otras opciones sobre la mesa diferentes a la venta a Banco Santander.

La alemana no respondió prácticamente a ninguna de las preguntas, punto que le afeó Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria que preside la Comisión. Oramas le recordó que no podía poner al mismo nivel a un Parlamento que a otros agentes políticos y sociales y le notificó que los diputados le volverían a mandar sus preguntas por escrito al tiempo que le solicitó de nuevo el informe de Deloitte.

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