La Administración de Justicia guarda silencio pese a las “presiones brutales” que denuncia un juez anticorrupción

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Tanto la Consejería de Presidencia y Justicia como el TSJC se niegan a valorar las dificultades para instruir los casos que denunció el magistrado Luis Acayro

Cs considera “imprescindible romper los tentáculos de la ‘partitocracia’ sobre el poder judicial” y ve como una “vergüenza” que un juez sufra presiones

Podemos recuerda que ha llevado al Parlamento en tres ocasiones “la necesaria despolitización de la justicia” y cree que “es urgente tomar medidas”

La Administración de Justicia de Cantabria guarda silencio respecto a las “brutales presiones” que denunció un juez que instruyó más de 20 causas de corrupción en Castro Urdiales, tal y como avanzó este medio, el cual ha cuestionado tanto al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJC) como a la Consejería de Presidencia y Justicia sobre este asunto. Por su parte, los partidos de la oposición sí se han mostrado críticos ante el panorama que le tocó vivir al magistrado Luis Acayro Sánchez. 

“Es una vergüenza que un juez se sienta presionado por realizar su trabajo”, señalan desde Ciudadanos. “Desde las instituciones debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la imparcialidad de la justicia, de manera que no se repitan situaciones como las descritas por el juez Acayro”, apuntan.

“Desde Cs consideramos que es imprescindible separar poder político y poder económico, así como romper los tentáculos de la ‘partitocracia’ sobre el poder judicial”, afirman. Asimismo, también creen necesario “acabar con los vínculos de los poderes económicos y políticos con los organismos reguladores y supervisores”, ya que de esta forma será posible que tanto ellos como el poder judicial “puedan actuar de acuerdo con la finalidad para la que fueron creados, es decir, como garantes del equilibrio entre poderes que una sociedad democráticamente sana necesita para su adecuado funcionamiento”. 

Por su parte, Podemos hace hincapié en que “ha llevado hasta en tres ocasiones al Parlamento la necesaria despolitización de la justicia” y aseguran que cuando han pedido explicaciones al TSJ y al Gobierno sobre los casos de corrupción en Castro Urdiales se les “tacha de locos”.

El partido morado subraya que en Cantabria “hemos presenciado el reconocimiento de lo que se ha dado en llamar la politización de la Justicia por el propio Partido Popular” cuando, según recuerdan, “un exconsejero (Miguel Ángel Serna), un exdirector general (Joaquín Solanas) y un exdiputado (Carlos Bedia) señalaron a la magistrada del TSJC, Paz Hidalgo, y a su presidente, José Luis López del Moral, como parciales por la vinculación que estos tienen con su propio partido”. “Curioso es que la autoría de esta recusación venga firmada por los mismos que auparon a Hidalgo a su actual puesto”, apostillan desde Podemos.

Además, desde esta formación consideran que “de la independencia judicial depende el futuro de la democracia en España y por ello, tras las últimas muestras de manipulación vemos urgente tomar medidas para garantizar la independencia de la Justicia en Cantabria”.

“Politización de la justicia”

El juez Acayro Sánchez denunció en una mesa-debate en la Universidad Complutense de Madrid que “la politización de la justicia está legalizada” y que eso influye en la investigación de las causas de corrupción “porque no te dan medios y se permiten presiones”. “Llegué a sentir que mi independencia judicial no estaba garantizada”, reconoció. Aseguró también que “solo se ha visto la punta del iceberg” y que “hay mucha más corrupción de la que los ciudadanos se imaginan”.

Narró su experiencia desde la perspectiva de juez instructor de causas de corrupción política en el ámbito local, concretamente en el municipio de Castro Urdiales, conocido como “la Marbella del Norte” por los numerosos casos de especulación urbanística ligados a delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, entre otros, que se dieron en los años de la burbuja inmobiliaria.

Relató que pese a los informes que revelaban la necesidad de reforzar el juzgado que llevaba los casos de corrupción en Castro Urdiales, “el TSJC se negó”. “El presidente del TSJC que tenía que tomar esa decisión había sido previamente cargo de un partido político”, resaltó. 

Por otro lado, puso de manifiesto la “instrumentalización de la prensa” para ejercer presiones dando difusión a “denuncias falsas y descalificaciones” para evitar investigaciones. Explicó que en Cantabria hay un medio de comunicación “dominante” presidido por un abogado, que “es el abogado de los investigados por corrupción en Castro Urdiales”, por lo que “se da un conflicto de intereses”.

Finalmente, afirmó que la impunidad se combate por tres vías: “La vigilancia social, la vigilancia legal y la vigilancia judicial”, porque “hay un porcentaje de personas que si tienen sensación de impunidad van a delinquir”.

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