El obispado de Astorga silencia la investigación sobre pederastia en el Seminario de La Bañeza

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El caso de abusos sexuales del Seminario Menor de La Bañeza está a punto de cumplir un año tras salir a la luz pública, uno de los primeros en España reconocidos por la Iglesia. Diez meses después de que el Obispado de Astorga inciara una supuesta investigación los afectados claman contra el silencio de sus responsables.

El próximo mes de enero se cumplirá un año desde que se hiciera público el primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica que ha trascendido en España. Y a punto de cumplirse doce meses, nada se sabe de la investigación que abrió el Obispado de Astorga contra José Manuel Ramos Gordón, el sacerdote castigado por cometer abusos sexuales contra dos hermanos gemelos durante el curso 1988-1989, siendo profesor en el Seminario Menor de La Bañeza. La investigación anunciada en el mes de febrero en rueda de prensa por el obispo Juan Antonio Menéndez afectaba a los hechos ocurridos tanto en el Seminario de La Bañeza como el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria.

Los excompañeros de F.L. -el exalumno del seminario bañezano que dirigió la carta al Papa en noviembre de 2014 para denunciar el caso y la inacción de la iglesia local- aseguran no haber tenido ningún tipo de comunicación por parte del Obispado desde el pasado 28 de febrero, cuando se reunieron con el prelado Juan Antonio Menéndez para solicitar una condena mayor al abusador, declarado culpable del delito de “tocamientos a menores con fin libidinoso” por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, un delito por el que el Tribunal Eclesiástico del Obispado de Astorga le impuso la pena de un año retirado de sus obligaciones pastorales en la Casa Sacerdotal de Astorga, con obligación de realizar ejercicios espirituales. En la actualidad José Manuel Ramos Gordón sigue apartado del oficio de párroco y vive en la Casa Sacerdotal astorgana dedicado a la atención de los sacerdotes ancianos y enfermos, según señalan desde el Obispado de Astorga.

Los exseminaristas que han dado la cara públicamente por las víctimas califican de “totalmente opaca” la actitud que mantiene el Obispado de Astorga sobre la investigación que anunció Juan Antonio Menéndez. “No nos han comunicado ni a nosotros ni a los abogados del despacho de Valladolid que nos representan”, han indicado a Astorgaredacción. La última carta enviada por los excompañeros es del mes de marzo (aunque no se hizo pública hasta el mes de mayo) y en ella se ofrecían 20 exalumnos a colaborar con sus testimonios en las pesquisas anunciadas por el obispo sobre las personas, sacerdotes y encubridores, entre ellos Francisco Javier Redondo de Paz, hoy vicario de la zona de El Bierzo. Pero esta misiva tampoco ha tenido respuesta.

El ofrecimiento de la veintena de exseminaristas a testificar se producía después de que el obispo manifestara su disposición a recibir a todas las posibles víctimas. El mensaje estaba dirigido a los exalumnos que el pasado 18 de febrero se manifestaron en las calles de Astorga en una protesta sin precedentes, en la que anunciaban que no se van a quedarían quietos hasta que se reabrieran los casos, “nuestro deseo y el de todas las personas de bien es que como delito no prescriba, que sus autores sean denunciados por las víctimas y perseguidos y juzgados por la justicia”, aseguraban en el manifiesto leído durante la movilización.

astorgaredaccion.com

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, anunciando la investigación sobre abusos sexuales en el mes de febrero. Nada se sabe desde entonces. Astorgaredaccion.com

Reparación de daños y perjuicios

El silencio del Obispado también afecta a la reparación del daño provocado por Ramos Gordón en sus víctimas. Según La Opinión de Zamora, el periódico que desveló el caso, el 13 de julio de 2015 el vicario judicial, Julio Alonso, explicó a F. L que la instrucción abierta contra el abusador tenía una doble vía: un procedimiento para castigar el delito y otro para reparar el daño. El periódico zamorano indica que el Obispado ofreció a la víctima 50.000 euros, una indemnización por daños y perjuicios que en un segundo escrito enviado en junio de este año al Tribunal Eclesiástico de Astorga, fue elevada 300.000 euros. La cantidad fue fijada “atendiendo a la duración de los abusos, su intensidad, la ausencia de medida alguna para evitar su continuidad y las secuelas psicológicas, a día de hoy no superadas en su totalidad”, según señala el rotativo de Zamora.

Ninguna de las peticiones ha sido concedida por el obispo que mantiene su postura de que este caso está cerrado y que “no se va a reabrir bajo ningún concepto”, tal y como manifestó en el comunicado enviado a los medios de comunicación el pasado 27 de febrero tras finalizar la reunión con los exseminaristas, en el que también calificaba la condena como “justa y acorde con la ley canónica”, concluyendo el prelado que “se ha llegado hasta donde se ha podido llegar”. El obispo consideró que el expárroco de Tábara “a sus 63 años ya ha sido suficientemente castigado, cuando le ha tocado aceptar la jubilación”.

José Manuel Ramos.

José Manuel Ramos Gordón.

Procedimiento administrativo penal

El caso de los abusos cometidos por Ramos Gordón fue instruido por el Tribunal Eclesiástico de Astorga a través de un procedimiento administrativo penal durante el año 2015. El Obispado de Astorga tomó cartas en el asunto después de la denuncia realizada por F. L., exseminarista, en una carta dirigida al papa Francisco en noviembre de 2014. José Manuel Ramos Gordón habría cometido abusos sexuales contra algunos alumnos más del Seminario Menor de La Bañeza durante el curso 1988-89, cuando estudiaban 8º de EGB.

El sacerdote apartado manifestó sentirse “arrepentido” y el obispo, a través de una carta, pidió “humildemente perdón” a la víctima en nombre de la Iglesia, a la vez que expresaba su “profundo dolor” por hechos “tan deplorables y que han causado tanto sufrimiento a usted y a otros alumnos de nuestro Seminario Menor”.

José Manuel Ramos Gordón, responsable de Patrimonio de la diócesis, y sacerdote de Tábara en el momento de ser apartado de sus funciones, se convirtió en el primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica que trasciende en Castilla y León. Con fecha 6 de mayo de 2016 se ordenó la ejecución de las medidas que el obispo había establecido el 10 de febrero de 2016 y que fueron ratificadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras tanto, los afectados siguen esperando a que la Iglesia culmine la supuesta investigación sobre lo ocurrido en La Bañeza y se haga justicia.

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